El caso “cuadernos de las coimas” salpica a Macri

El caso de los “cuadernos de las coimas” –esquema de corrupción en las licitaciones de obra pública– iba dirigido contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios de sus colaboradores y algunos empresarios que le eran cercanos… Pero resultó que compañías de la familia Macri también habrían resultado beneficiadas. Sin mediar explicación, el juez de la causa decidió que la investigación debe limitarse a los hechos ocurridos entre 2008 y 2015, dejando fuera de las pesquisas al presidente argentino. 

Buenos Aires.- Las cámaras de los grandes medios recorrieron con fruición los domicilios de la senadora Cristina Kirchner en Buenos Aires y en la Patagonia. El juez federal Claudio Bonadío, que ordenó los allanamientos realizados entre el 25 y el 27 de agosto, acusa a la expresidenta de haber sido jefa de una asociación dedicada a procurar “la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

En la causa, que implica a grandes empresarios y a funcionarios del anterior gobierno, hay 16 detenidos, 15 “arrepentidos” y dos prófugos. En ninguno de los domicilios de Cristina Kirchner se encontraron bóvedas con dinero, tal como habían asegurado algunos de quienes negocian beneficios procesales con el juez.

Óscar Centeno es uno de los actores principales de esta trama, conocida como los “cuadernos de las coimas”. Entre 2005 y 2015 este personaje fue chofer de Roberto Baratta, entonces número dos del Ministerio de Planificación Federal, hoy detenido en la Unidad Penal de Ezeiza. 

En las páginas de ocho cuadernos, de manera minuciosa, Centeno registró días, horarios y direcciones de las reuniones e interlocutores de su antiguo jefe. También montos de dinero, que consignó como pagos hechos al funcionario por las empresas dedicadas a la obra pública. En enero de este año los cuadernos llegaron a manos de Diego Cabot, periodista del diario La Nación, quien los fotocopió, los devolvió y entregó las fotocopias a la justicia. La investigación quedó a cargo de Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli.

La cartelización (contubernio entre gobierno y empresarios) que signa a la obra pública en Argentina es un hecho conocido desde hace décadas. 

Empresarios del sector y funcionarios de turno determinan las empresas que participan en las licitaciones, fijan los precios de las ofertas, deciden quién se queda con cada una de las contrataciones. Con dinero que proviene de los anticipos erogados por el Estado, la empresa favorecida abona un “retorno” a los funcionarios y un “resarcimiento” a sus competidoras. La operación ha sido descrita por diferentes investigaciones periodísticas. 

En la causa de los “cuadernos de las coimas”, sin embargo, las aristas oscuras no sólo abarcan a los acusados. 

Centeno es un exsuboficial expulsado del ejército por arrojar una granada a un compañero. Con 75 denuncias ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones, Bonadío ostenta el récord absoluto entre los jueces del totalmente desacreditado fuero federal. 

Stornelli, jefe de seguridad de Boca Juniors cuando Mauricio Macri estuvo al frente del club, es considerado un “hombre del presidente”. El juzgado federal encabezado por Bonadío se hizo cargo de la causa sin que se hubiera procedido al sorteo correspondiente. 

Y los ocho “cuadernos de las coimas”, evidencia central de la causa, no fueron sometidos a pruebas periciales ya que nunca aparecieron. En un primer momento Centeno dijo no recordar dónde los había guardado. Luego dijo recordar que los había quemado.

Métodos

La investigación judicial abreva en la llamada Ley del Arrepentido, aprobada en 2016 por el actual gobierno, que prevé la reducción de penas para quienes aporten “información o datos precisos, comprobables o verosímiles”. 

Algunos de los empresarios que confesaron bajo la figura del “arrepentido” –también denominada “imputado colaborador”–, quedaron en libertad. Tal es el caso de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri, y Héctor Sánchez Caballero, ambos de la constructora Iecsa, del Grupo Macri; o de Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux, empresa española asociada al holding de la familia del presidente en varios emprendimientos.

Los empresarios confesaron haber hecho aportes ilegales a funcionarios kirchneristas, pero no en concepto de sobornos, sino para el financiamiento de campañas electorales y por temor a eventuales represalias gubernamentales. 

En el caso de Iecsa, los cuadernos consignan 13 pagos entre 2013 y 2015 por un total de 8 millones 50 mil dólares.

“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”, dijo en su turno Aldo Roggio, de Metrovías, para justificar el pago de “retornos” sobre los subsidios que recibía para sus empresas de transporte. 

Gabriel Romero, de Emepa, a cargo de la explotación de la Hidrovía que conecta los ríos Paraguay y Paraná con el Atlántico, y es la mayor ruta fluvial para el transporte de granos en el mundo, dijo haber pagado sobornos por 600 mil dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión por decreto. 

Por su parte Luis Betnaza, de la multinacional Techint, dijo haber entregado dinero a funcionarios kirchneristas para que intercedieran ante la administración de Hugo Chávez, cuando el gobierno venezolano expropió la siderúrgica Sidor en 2008. 

Y Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, detalló el modo ya descrito en que funcionó la cartelización de obra pública desde 2004. Sostuvo que del reparto participaba Iecsa, por entonces a nombre de Franco Macri y de su primogénito, el actual presidente de Argentina. De hecho, entre 2004 y 2014 la empresa familiar ganó 23 licitaciones otorgadas por el Estado por un monto de 10 mil millones de pesos.

Bonadío ha decidido que la investigación se limite a los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015. Esto deja afuera una eventual investigación contra Mauricio Macri –Iecsa quedó a nombre de su primo Ángelo Calcaterra en 2007– y contra la italo-argentina Techint, la empresa privada más importante del país. El juez no ha dado ninguna explicación que justifique tal medida. En los casos de empresarios de menor envergadura, cercanos a la administración anterior, la detención o la citación a declarar ha sido inmediata. 

En cuanto a las confesiones, están las que sirvieron como canje del beneficio de la libertad condicional, y también las arrancadas mediante la coerción. Tal es el caso de Wagner, quien se autoincriminó luego de pasar algunas noches alojado en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, teniendo como vecino de celda a un vendedor de crack. 

La investigación de los “cuadernos de las coimas” pretende convertirse en la versión local del Mani Pulite italiano o el Lava Jato brasileño. 

“Los tres procesos comparten llamativamente los métodos: prisiones preventivas arbitrarias y selectivas, violaciones de los derechos elementales de defensa, delaciones premiadas y confesiones extraídas y dirigidas mediante la extorsión, intervención de los servicios de inteligencia y una alianza burda y explícita con los medios hegemónicos”, describe Fernando Rosso en la Revista Anfibia.

Por lo pronto, los grandes medios difunden como si fueran ciertas las informaciones aportadas por los “arrepentidos”. Los beneficios a los que varios de ellos han accedido dependen de que la información sea realmente verdadera y útil. No obstante, la investigación judicial debe aportar otras pruebas, ya que la ley prohíbe de manera expresa que una condena se funde sólo en la confesión de un “arrepentido”. 

“Default”

Los “cuadernos de las coimas” irrumpieron en escena en el peor momento del gobierno de Macri. Tras una gestión de apenas 32 meses, habiendo recibido un país con un bajísimo nivel de endeudamiento, la economía argentina se encuentra una vez más en riesgo de cesación de pagos. 

La palabra default, término en inglés que designa esta situación, ya está en boca de los propios funcionarios, aunque sea para desmentir la posibilidad de que esto ocurra. Analistas de calificadoras de riesgo, fondos de inversión y bancos internacionales expresan otra cosa. Los CDS (seguros internacionales contra default) pasaron, en el caso de la deuda argentina, de 350 puntos en diciembre de 2017 a 670 a finales de agosto.

El riesgo país también se duplicó en el mismo lapso, pasando de 356 a 776 puntos. A partir de abril, los bancos y fondos internacionales que se habían saturado de bonos de deuda argentina comenzaron a liquidarlos con su pérdida de valor de 15% respecto al dólar en un solo día, el 30 de agosto, el peso registra una devaluación de 115% en lo que va del año. El nivel de actividad se desplomó 5.2% en mayo y 6.7% en junio. Se verifica una caída del salario real y las jubilaciones y un aumento de la pobreza. La Confederación General del Trabajo convocó a una huelga general el 24 de septiembre.

El 29 de agosto Macri anunció que había obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de los fondos del crédito acordado en junio pasado. 

En consonancia Macri impulsa un plan de ajuste, cuyas políticas de austeridad profundizan el cuadro recesivo. Los “cuadernos de las coimas” ya han mostrado cierta utilidad en este plano. El presidente advirtió a los gobernadores peronistas, supuestamente mencionados por Centeno, sobre el riesgo que enfrentan si no acompañan su programa de ajuste.

El gobierno enfrenta, sin embargo, una restricción total de financiamiento privado y los aportes del FMI no alcanzan a cubrir las necesidades de divisas para lo que resta de este año y mucho menos para 2019. 

En septiembre Macri viajará a Estados Unidos para tramitar en persona un auxilio extraordinario del Tesoro estadunidense y de dos de los mayores fondos de inversión internacionales: Black Rock y Templeton. En Wall Street dudan que el gobierno pueda cumplir con el pago de capital e intereses de la deuda hasta finales de 2019.

“Seguramente todo este proceso de los cuadernos y de salir a la luz tantas cosas genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica”, dijo Macri el 26 de agosto a la prensa. 

Las encuestas hasta ahora indican, sin embargo, que la imagen de Cristina Kirchner se ha visto muy poco afectada por el escándalo.