Procesos amañados en el régimen de Daniel Ortega

Daniel Ortega empezó a usar el Poder Judicial para deshacerse de quienes lo incomodan. Según la CIDH, el régimen nicaragüense activó la persecución y la criminalización contra los opositores al régimen. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos afirma que hay ahora alrededor de 380 personas detenidas arbitrariamente por su participación en las recientes protestas sociales. Uno de los casos más emblemáticos es el del dirigente campesino Medardo Mairena, al que han torturado, le han violado todas las garantías constitucionales y le han negado un juicio justo.

Managua.- El juicio contra Medardo Mairena, líder campesino del Movimiento Anticanal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), empezará el próximo 1 de octubre, 80 días después de su arresto; el régimen de Daniel Ortega le imputa siete delitos graves: terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños en perjuicio de 23 víctimas, entre éstas el Estado de Nicaragua.

“Tenemos lo que denominamos un coctel de delitos. A todos y cada uno de esos delitos corresponden penas que pasan fácilmente los 15 años de prisión. Aparentemente se le quiere implicar como autor intelectual, quien dirigía, coordinaba los tranques (bloqueos) en el país e incluso en algunas partes se le señala participación directa en algunos hechos”, refiere Julio Montenegro, abogado de la nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y defensor de Mairena.

Mairena, uno de los rostros más visibles de la ACJD y quien dirige la lucha cívica en el país desde el pasado 18 de abril, fue arrestado junto con Pedro Mena, su compañero de lucha.

Con el boletín de prensa 83-2018, la Policía Nacional informó sobre la detención de ambos líderes, a quienes calificó de “terroristas” y “criminales”; violó así la Constitución de Nicaragua, que en su artículo 34 establece que todo procesado tiene derecho a “que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

“Entre otros muchos actos criminales que ha cometido este sujeto, organizó y ordenó el ataque a la Delegación de Policía y oficinas de la Alcaldía en Municipio Morrito, Departamento de Río San Juan, perpetrado el día jueves 12 de julio, a las 2:40 de la tarde. Es el responsable directo de la masacre y asesinatos de cuatro compañeros policías y un maestro de primaria, como resultado de ese cobarde acto terrorista, en el que además fueron lesionados cinco trabajadores de la municipalidad y secuestrados nueve compañeros policías”, dice el texto oficial de la Policía Nacional.

“El terrorista Medardo Mairena Sequeira será investigado y luego remitido a la orden de las autoridades competentes para que responda por todos los crímenes cometidos”, agrega.

El 17 de julio, 96 horas después de ser arrestados, Mairena y Mena fueron conducidos ante un juez para celebrar la audiencia preliminar; de acuerdo con las leyes de Nicaragua, esa audiencia debe realizarse como máximo 48 horas después de la detención;­ de lo contrario los detenidos deberían quedar libres.

En un país donde los juicios son orales y públicos, dicha audiencia preliminar se celebró a puerta cerrada, además de que los detenidos no fueron asistidos por sus defensores y prohibieron el ingreso a sus familiares y a los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El juez admitió la acusación de la fiscalía, determinó prisión preventiva para Mairena y Mena y estableció que la audiencia inicial se celebraría el 15 de agosto.

No fue sino hasta el 15 agosto –34 días después del arresto– cuando las autoridades finalmente autorizaron a Mairena a conversar con Montenegro, su defensor. 

Según éste, Mairena siempre está rodeado de custodios armados y les permitieron hablar apenas 20 minutos. El líder campesino le aseguró que el día de la detención lo trasladaron, con los ojos vendados, desde el aeropuerto hasta las celdas de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote.

“Me comentó que fueron golpeados (Mairena y Mena), los pusieron de rodillas y los patearon en diferentes partes del cuerpo”, dice Montenegro a este semanario. 

Luego Mairena fue trasladado a la cárcel La Modelo y le indicó a su abogado que lo mantienen en una celda de máxima seguridad, donde no hay ventilación ni electricidad pero sí garrapatas y cucarachas.

De acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua, “toda persona tiene el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Montenegro afirma que han solicitado a las autoridades judiciales que Mairena y Mena sean trasladados al Instituto de Medicina Legal para que se les evalúe y se confirme si han sido objeto de maltratos o torturas, pero la gestión no ha prosperado.

“Se solicitó además que sus familiares tuvieran acceso a visitarlo, pero sólo ha podido verlo su hermano por un lapso de 10 minutos, separados por un vidrio polarizado y hablando por un teléfono”, dice.

La principal preocupación de Mairena, según Montenegro, es la suerte de sus familiares quienes, se asegura, tuvieron que salir del país para estar a salvo.

Mairena y Mena son líderes del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, que se ha opuesto durante años a la concesión canalera, la Ley 840. La acusación en su contra contiene 65 páginas de intercambio y pruebas, 60 testigos –la gran mayoría son policías o simpatizantes del gobierno– y 4.5 gigabytes­ de videos.

Nueva etapa represiva

La captura y detención de Mairena y Mena fue denunciada por la CIDH y el Meseni con la nota de prensa 156/18, con fecha del 19 de julio, en la que establecen además que Nicaragua ha entrado en una nueva etapa de represión. 

“El Meseni nota la existencia de un patrón de represión caracterizado por las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización contra las personas opositoras al régimen del gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos”, señaló el organismo regional.

La CIDH y el Meseni expresaron su profunda preocupación por las circunstancias de la detención de Mairena y Mena, pues ellos no tuvieron acceso a un abogado ni contacto con sus familiares. También lamentaron los calificativos que se usaron contra ellos –“terroristas” y “delincuentes”–, pues no sólo están destinados a deslegitimar la labor de los líderes sociales, sino que además constituyen la antesala del inicio de acciones penales y procesos judiciales en su contra.

En un nuevo comunicado, del 2 de agosto, la CIDH refiere que entre el 19 y el 30 de julio recibió información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra los opositores al régimen, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de los derechos humanos.

Además de los casos de Mairena y Mena, el organismo regional denuncia el caso de Irlanda Jerez, líder del Movimiento de Comerciantes Autoconvocados del Mercado Oriental, detenida el 18 de julio tras participar en una conferencia de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco, para planificar y anunciar las jornadas de protesta, al cumplirse tres meses del levantamiento cívico.

Según una nota de prensa del Poder Judicial, del 19 de julio –día feriado–, a Jerez le resucitaron un juicio por fraude y estelionato celebrado en 2016, en el que la declararon culpable. La pena impuesta –según la nota oficial– deberá quedar cumplida el 16 de noviembre de 2021. No obstante la ACJD y los organismos de derechos humanos consideran que Jerez es una prisionera política.

La CIDH, en la misma nota, denunció la detención, el 23 de julio, de Christian Fajardo y de su esposa, María Peralta, líderes del Movimiento 19 de Abril en Masaya, a quienes acusaron de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos.

A la familia de Fajardo parapolicías armados le quemaron el hotel Masaya, una empresa familiar, el 20 de junio, y agredieron e hirieron a su tío, René Caballero, de 69 años. Sin embargo, por ese crimen no ha sido detenido, procesado ni acusado ningún paramilitar. 

“Hemos tomado conocimiento con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales de todas las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia. El Estado debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados”, manifestó el comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, en la nota de la CIDH.

Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, asegura a Proceso que ese organismo contabiliza alrededor de 380 personas detenidas arbitrariamente, tanto en las cárceles de El Chipote como en La Modelo, ambas en la capital nicaragüense, y en otras prisiones del país.

“De esos 380 detenidos arbitrariamente, al menos 185 están siendo procesados en juzgados de Managua, León, Carazo, Jinotega y Matagalpa. La gran mayoría de los detenidos –alrededor de 60%– son jóvenes, y cerca de 26 son mujeres”, afirmó Abarca.

“No les permiten las visitas de sus familiares, les dicen que están en proceso de investigación y se los niegan, a pesar de que las leyes establecen el derecho a recibir visitas cada 15 días. A la madre de Christian Fajardo la hicieron esperar hasta 10 horas”, agrega Abarca.

Faltas al debido proceso

En su última nota relacionada con la crisis en Nicaragua –la 187/18, del 24 de agosto–, la CIDH y el Meseni señalan que se ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las semanas recientes, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país.

“Los testimonios de las víctimas y sus familiares son consistentes en cuanto a señalar la forma en que se realizan estas detenciones arbitrarias, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de orden judicial, la falta de comunicación sobre los motivos de la detención, la falta de información a los familiares de las personas detenidas sobre el lugar en que serán recluidos y la falta de cumplimiento con los plazos legales para ponerlos a disposición de un juez”, afirmó la CIDH.

Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dice a Proceso que esta nueva etapa de persecución selectiva en Nicaragua se ha enfocado en capturar y penalizar a los líderes de los tranques y de las diversas articulaciones sociales que han conducido la lucha cívica desde el 18 de abril.

“Nos preocupa la criminalización (…) contra personas que han tenido un rol importante­ y destacado en la lucha cívica, por el efecto intimidatorio que generan estas acciones, por el temor que genera en el movimiento, en las articulaciones, que sus líderes estén detenidos sin el debido proceso”, agrega.

Añade que esta etapa de la represión gubernamental es resultado de un mapeo previo, de una labor de inteligencia, con el propósito de castigar y ejemplarizar. “El objetivo es intimidar al resto del movimiento, desarticular la protesta social, castigando a personas clave”.

Explica que la criminalización de los defensores de derechos humanos y líderes sociales es un fenómeno que tiene lugar en países como México, Guatemala u Honduras, pero la diferencia es que en éstos existe la apariencia del debido proceso, el acceso a un abogado defensor y garantías mínimas. Sin embargo, señala, en Nicaragua el Poder Judicial no es imparcial, está controlado por Ortega.

“En Nicaragua no hay garantías de que un juez vaya a atreverse a juzgar a esas personas de manera imparcial”, concluye.