Ortega está cazando a la oposición: ONU

GINEBRA.- La crisis de derechos humanos en Nicaragua “exige acción y rendición de cuentas”, señala un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pide al Consejo de Derechos Humanos (CDH) crear una comisión internacional de investigación para identificar a los responsables de las graves violaciones cometidas en el contexto de las protestas, como el uso letal de la fuerza, prácticas de tortura, desapariciones, así como una ola de “persecución y represión sistemática” contra la disidencia.

En dicho informe –dado conocer en Ginebra el 28 de agosto–, el organismo internacional también urgió al gobierno del presidente Daniel Ortega a otorgar a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (OACNUDH) acceso directo e irrestricto a todo el país, incluyendo a los sitios de detención. 

Le pide, además, que admita los Procedimientos Especiales de la ONU y que coopere de manera efectiva con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos organismos, establecidos en la nación centroamericana a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos días después –el 30 de agosto—el gobierno de Ortega expulsó de Nicaragua a la representación de la OACNUDH. Una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua señala que el gobierno de este país invitó a este organismo para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad “con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques (bloqueos de calles y carreteras)”.   

A su decir, dichos “tranques” ya no existen y, por tanto, “han cesado las razones, causas y condiciones” que dieron origen a la invitación que le hicieron las autoridades de este país. 

Tajante, añade: Este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finaliza la visita a partir de hoy, 30 de agosto de 2018”.

El informe de la OACNUDH documenta los hechos del 18 de abril al 18 de agosto de 2018. Contabiliza al menos 300 muertos, más de 2 mil heridos y observa que desde los primeros días de la crisis “surgió un patrón caracterizado por la implicación de elementos armados progubernamentales”.

En el reporte se describe que después del estallido de las protestas por el incendio de la reserva biológica Indio Maíz y la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en abril último, individuos vinculados con el partido sandinista fueron movilizados para oponerse a las manifestaciones y para acosar e intimidar a los manifestantes. Estos grupos, conocidos como “fuerzas de choque”, “turbas” o “motorizados” estuvieron en la primera línea de las agresiones físicas contra los manifestantes pacíficos.

Desde el comienzo del conflicto, la ONU observó que el número de manifestantes muertos “era una clara indicación de que se utilizó la fuerza de manera excesiva en contravención a los principios de necesidad y proporcionalidad, como es ordenado por el derecho internacional y los estándares para hacer legal el uso de la fuerza”.

Según la OACNUDH, los elementos armados progubernamentales también habrían tenido un rol activo en los ataques armados del Día de las Madres (30 de mayo), en Managua, cuando francotiradores ubicados en el Estadio Nacional Dennis Martínez habrían disparado contra civiles.

Además, revela que “estos elementos estarían bien entrenados y dotados con ve­hículos, equipo y armamento militar, incluyendo rifles de asalto como el AK-47 y el fusil de francotirador Dragunov”.

Existen testimonios que afirman que estos grupos de choque están integrados y entrenados, al menos parcialmente, por policías y militares retirados, y agrega que también han sido reclutados algunos jóvenes pandilleros para tal fin.  

El reporte de Naciones Unidas destaca que, si bien el gobierno negó al principio la participación de grupos armados para reprimir las protestas y en tareas policiales, en una entrevista transmitida el 20 de julio el presidente Daniel Ortega afirmó que estos grupos eran “policías voluntarios” en “misiones especiales” y justificó su actuar encubierto por “razones de seguridad”.

La información obtenida por la OACNUDH indica que esos elementos armados actuaron con el beneplácito de las autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional –a menudo– de manera conjunta. 

Persecución sistemática 

Tras la represión de las protestas y la “operación limpieza”, la tercera fase de la crisis –todavía en curso– ha consistido en la “represión y persecución sistemática” de la disidencia, dejando una ola de arrestos colectivos y detenciones arbitrarias de opositores, individuos que habrían participado en las protestas o que brindaron apoyo humanitario, como asistencia médica, alimentos o refugio a los manifestantes.

La organización internacional critica que el gobierno de Ortega, en vez de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos durante la crisis, culpa a los dirigentes sociales y de la oposición de lo que denomina “violencia golpista”.

El 9 de agosto, la ONU describió la situación como una “caza de brujas”, refiriéndose a la existencia de “patrones de represión (contra) la disidencia (que son) indicativos de una política oficial con miras a erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas”.

Aunado a ello, el informe denuncia que “las autoridades gubernamentales, incluyendo al presidente Ortega y a su vicepresidenta Murillo, así como a los medios de comunicación controlados por el gobierno, han incrementado la estigmatización y el descrédito de los manifestantes y defensores de derechos humanos, describiéndolos como ‘terroristas’, ‘golpistas’ o ‘plagas’”.

“En su discurso del 19 de julio, el presidente Ortega acusó a los obispos católicos –mediadores en el Diálogo Nacional– de ser parte de un golpe de Estado. Las monjas y sacerdotes que brindaron refugio a las personas heridas han sido también objeto de amenazas’’, destaca la OACNUDH.

Juicios viciados

Además de violaciones al derecho a la vida y al derecho a la salud, se documentan casos de tortura perpetrados en los centros de detención, principalmente en El Chipote, así como desapariciones forzadas. Al 18 de agosto del presente año, al menos 300 personas habían sido imputadas con cargos de terrorismo y delincuencia organizada por participar en las protestas o por apoyarlas. 

“Estos juicios presentan graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales’’, denuncia.

Respecto del marco legal internacional, la OACNUDH se basó en las obligaciones legales “de carácter vinculante” y en los compromisos que el país ha asumido como miembro de la ONU y como Estado Parte de ocho de los nueve principales tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura.

“De conformidad con el derecho internacional, el Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en normas obligatorias y de tomar todas las medidas necesarias para prevenir y remediar las violaciones de esos derechos.

“La obligación de proteger requiere que los Estados también ejerzan la debida diligencia contra los abusos ocurridos en su territorio por actores no estatales, incluyendo grupos armados y empresas privadas”, agrega.