La publicidad gubernamental dejará de ser instrumento de control político

Herencia del antiguo régimen priista, el actual aparato de comunicación social –diseñado para el control de los medios vía la publicidad y otras coacciones– terminó por convertirse en instrumento de control político, sostiene Jesús Ramírez Cuevas, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para la Coordinación General de Comunicación Social de su gobierno. En entrevista con Proceso, esboza los cambios que se instrumentarán a partir del próximo 1 de diciembre y adelanta que el ejercicio periodístico será más libre y sin censuras. 

Jesús Ramírez Cuevas, quien será el próximo titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de la Presidencia de la República en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, enumera los cambios por venir: la eliminación de las coordinaciones de comunicación en dependencias públicas, el recorte de 50% en gastos publicitarios, la protección a los periodistas.

Y adelante que su área concentrará funciones que, en materia de comunicación, hoy ostenta la Secretaría de Gobernación.

–¿Por qué suponer que una centralización en la Presidencia de la República no significa un robustecimiento de ese control? –se le pregunta.

–Porque no se trata de crear un superpoder, sino de conseguir una mayor eficacia en las tareas y tener control del gasto público.

En entrevista, Ramírez Cuevas insiste: Para garantizar la libertad de expresión, la rendición de cuentas y la eficacia del modelo comunicacional, la apuesta es diseñar reglas claras a partir de una consulta con medios de comunicación, periodistas, expertos y organizaciones ciudadanas antes del 1 de diciembre.

Desde el pasado 12 de julio López Obrador anunció la desaparición de las oficinas de Comunicación Social. El 21 de agosto lo reiteró.

Sin diagnóstico ni cifras oficiales del aparato de comunicación peñanietista (su aproximado es que cuesta mil 250 millones anuales), pues hasta ahora no se ha reunido con Eduardo Sánchez, quien le entregará la CGCS, Ramírez Cuevas delinea su plan:

La CGCS –dice– ampliará sus funciones: llevará la comunicación e imagen del presidente, definirá la política de información de todo el gobierno federal y asumirá las funciones de asignación publicitaria. 

Sobre la estructura burocrática, comenta que las oficinas de comunicación en las dependencias crecieron sin criterios y se convirtieron en instancias para acomodar gente por compromisos políticos.

En consecuencia, dice, hay plazas de confianza ocupadas por personal que no hace nada; en otras, se duplican funciones. De ahí la propuesta de reducirlas y transformarlas en oficinas de enlace para responder a la demanda de información periodística, mantener el flujo informativo y fijar posicionamientos.

“Hay distorsiones muy grandes en la relación entre dependencias y medios, por el dinero y porque se han convertido en oficinas para el lucimiento y proyección política del funcionario en turno. Nosotros creemos en la comunicación como un servicio público para la transparencia, que explique la toma de decisiones y dé contexto a sus posicionamientos”, expone.

Rechaza que los cambios hagan peligrar empleos de trabajadores sindicalizados, algunos de los cuales serán reubicados. El objetivo es la eficiencia y el ahorro.

Por lo que atañe a los medios públicos, como Canal 22, Canal 11, Radio Educación, la red del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y el Sistema de Radio y Televisión Pública, se mantendrán, aunque se “reordenará la participación de políticos que tienen el favor de la Presidencia con espacios informativos” en el Imer, Se trata, insiste de cambiar “hacia las nuevas realidades, con mayor pluralismo”, con transparencia y respeto a la libertad de expresión.

La CGCS absorberá áreas de la Secretaría de Gobernación, como Radio Televisión y Cinematografía o el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, y se analiza la posibilidad de atraer también la Subsecretaría de Normatividad y Medios (SNM). Para ello se reformaría la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La razón para atraer la SNM es que en manos de Gobernación se convirtió en un instrumento de control político. Los panistas mantuvieron ese esquema del viejo régimen priista “de utilizar la compra de publicidad como un instrumento de premio o castigo a los medios”. 

“Poquito porque es bendito”

El 3 de mayo, durante la campaña, López Obrador se reunió con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y anunció su decisión de mantener la publicidad oficial, pero evitando el dispendio actual: “Poquito porque es bendito”, expuso.

Cada año se ha registrado un sobreejercicio del gasto en publicidad –cercano a los 3 mil millones presupuestados– que termina triplicándose, como ocurrió este el último año del gobierno de Peña Nieto.

–Cuando se habla del recorte en publicidad, ¿se habla del monto presupuestado o ejercido? –pregunta el reportero a Ramírez Cuevas.

–El recorte será sobre lo gastado. Finalmente, eso es lo que ha habido. No podemos hacerlo sobre lo presupuestado porque el recorte sería tremendo. Por el momento, será de 50% de lo ejercido.

Además, sostiene, se erradicará el gasto opaco y discrecional por publirreportajes o entrevistas pagadas de funcionarios que no están cuantificadas ni aparecen en la contabilidad.

El entrevistado asegura que su objetivo es tener reglas claras y transparentar los presupuestos y las razones por las cuales se contrata publicidad en los medios, así como igualar condiciones –es decir, no privilegiar ningún medio ni tener favoritismos– y evitar el control de contenidos. 

Aclara: “No todos los medios son iguales, no sólo por su alcance, audiencia y número de lectores, sino también por el papel que juegan en el país, y tendrá que considerarse su aporte e importancia cultural. Eso va a ser más difícil de medir, pero sabemos que necesitamos su contribución a la vida democrática.

“Tenemos que reconocer a los medios que han impulsado un periodismo de investigación, crítico, que han sido castigados por las políticas de los gobiernos anteriores. Se trata de que no sufran esa situación y se reconozca su trabajo. Lo mejor sería que estuviera normado.”

Considera que los vigentes Lineamientos de Publicidad Oficial son una herramienta precaria y que la llamada Ley Chayote –actualmente controvertida en la Suprema Corte– como está, es insuficiente, por lo que, dice, ha tenido reuniones con personal de la Corte, el Poder Legislativo y con organizaciones ciudadanas con el propósito de superar trabas.

Y como no se tiene claridad sobre la entrada en vigor de esa legislación, la prioridad de López Obrador es organizar una consulta con medios, legisladores y especialistas para definir un marco jurídico antes de que inicie su administración.

“Lo ideal”, puntualiza, “es que las reglas del juego estén claras desde el principio; de lo contrario –y más con la crisis que traen los medios– nos van a endilgar los despidos en muchos medios, pese a que eso obedece a razones de mercado y de consumo de información”.

Para irnos acostumbrando

Eco de la promesa de López Obrador sobre la libertad de expresión y sobre no censurar, Ramírez Cuevas afirma que jamás se meterán en las redacciones a pedir cambios, remociones ni a influir en las políticas editoriales. 

Cuenta una anécdota reciente: en una reunión, el director de un diario le preguntó si no le iban a pedir quitar columnistas críticos al próximo gobierno, “tipo Ricardo Alemán”. 

“Mi respuesta es no. Esa es una decisión de ustedes (los medios). Ustedes sabrán si los lectores los siguen o por qué tienen ese tipo de colaboradores: Nosotros no nos vamos a meter a las redacciones a pedir cambios ni remociones.”

Sin embargo, anticipa que si bien el próximo gobierno mantendrá una política abierta, va a aclarar ante imprecisiones, desconocimiento o mala fe.

“Contrario a lo que algunos piensan del poder concentrado, de un pensamiento absolutista o la crítica de Enrique Krauze sobre ‘el Mesías’, Andrés Manuel es un hombre comprometido con la democracia y va a promover la democratización del país.

“Entonces habrá mucha transparencia, debate público… y vamos a cuidar que los señalamientos del presidente y del gobierno respecto a algún tipo de información o enfoque no se tomen como una censura, sino como parte del debate. 

“Para irnos acostumbrando: en información que impacte en la opinión pública, también como derecho de réplica, el presidente tendrá expresiones, pero no por censura, sino para aclarar o promover el debate.”

Periodismo y nuevo gobierno

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Ramírez Cuevas es reportero desde principios de los noventa. Trabajó en las agencias Reuters y AP y en el diario La Jornada. En 2013 comenzó a dirigir el periódico Regeneración, órgano oficial de Morena. 

Es coautor de varios libros de corte narrativo, como Ciudad de México. Historia de sus delegaciones, escrito en 2008 en coautoría con Carlos Monsiváis.

Cuando López Obrador lo propuso, lo calificó como “profesional y confiable”, y recordó que lo conoció por Monsiváis. Desde entonces el presidente electo ha provocado polémicas, como lo hizo el 15 de agosto, cuando declaró que procuraría el regreso a la radio de Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó.

–¿No se colocó en el límite respecto a su injerencia en medios? –se le plantea.

–La lucha por la democracia tiene una vertiente informativa. La expresión por Gutiérrez Vivó y Aristegui tiene que ver con el proceso de democratización del país, porque se ha castigado al periodismo crítico. 

“Es un resarcimiento”, sostiene, sobre el que no pueden tomar ninguna medida excepto para abrirles las puertas del IMER o los medios públicos. Empero, no ha tenido contacto con Gutiérrez Vivó, quien vive en Texas, y sabe que Aristegui no quiere nada que suene a gubernamental”.

Recuerda que el PRI mantuvo control sobre las redacciones y ejemplifica con los columnistas usados para filtrar los mensajes cifrados, como en el caso de Excélsior. 

Y añade: “Esto va a cambiar completamente. El mensaje es que no vamos a censurar y que habrá respeto a la libertad de expresión, pero también que hay pendientes en esa materia”.

Tras la ceremonia de inicio formal de la transición, justo el día que presentó a Ramírez Cuevas, López Obrador felicitó a los reporteros de la fuente: “Se portaron muy bien”, dijo. Y el miércoles 5 rechazó responder a reporteras, llamándolas “corazoncitos”.

El primer caso se trató de un reconocimiento a la forma ordenada y respetuosa, en un contexto distinto a como se acostumbra en su propia interacción “más abierta y espontánea”, frente a una fuente habituada “a la incomunicación real y de privilegio” a ciertos medios, comenta Ramírez Cuevas.

Y, acota, “corazoncitos” fue “una expresión amable y cariñosa con las compañeras reporteras, a las que no les iba a responder y no quería ser grosero. No había mala fe, no es misógino, mucho menos machista. Se entiende el escrutinio, y eso habrá que cuidarlo en el futuro, porque también estamos conscientes del reclamo de las compañeras reporteras en su perspectiva de género”.

Más allá de esos momentos, anuncia que el propósito del presidente electo es que haya una política pública para los periodistas, que incluirá un replanteamiento del Mecanismo de Protección para hacerlo eficaz, conforme a estándares internacionales.

Incluso, dice, ha tenido encuentros con el equipo de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para intercambiar los protocolos, crear santuarios y esquemas de apoyo a periodistas en riesgo.

Lo anterior, advierte, pasa por promover que los propios medios asuman responsabilidad en la protección de sus periodistas, sobre todo en los estados, donde los directivos suelen desentenderse de las circunstancias.

Un tercer objetivo, sostiene, es el impulso al periodismo. “En los últimos años el sector privado se ha metido mucho a financiar periodismo de investigación; está bien. Me parece que hay que impulsar el periodismo de investigación y estamos viendo si es posible crear una bolsa concursable para que proyectos de investigación periodística puedan ser apoyados”.

La intención es que el periodismo ayude a construir una cultura democrática, pues, para él, la expresión del voto el 1 de julio implica no sólo un castigo al PRI, sino la exigencia de modificaciones de fondo, con ciudadanos que cambiaron su manera de formarse opinión, que son más críticos y hoy demandan muchos cambios. 

“Así, el gobierno tiene que demostrar que es un cambio y no va a seguir las inercias del PRI o del PAN. Y esta madurez ciudadana obliga también a cambiar los poderes, los partidos, las organizaciones y los medios que, por otra parte, son necesarios para mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de nuestros compromisos.”­