A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños

Damnificados del sismo del 19 de septiembre y funcionarios del próximo gobierno local coinciden: no hay un censo de inmuebles dañados ni de vecinos afectados por el terremoto, lo que significa un alto riesgo en caso de otro siniestro. Tampoco existe ninguna claridad en cuanto al ejercicio de los recursos económicos para la reconstrucción: nadie sabe qué pasó con los miles de millones de pesos que se destinaron en 2017 y 2018 a la reparación de daños.

A un año del sismo del 19 de septiembre aún se carece de un diagnóstico de las afectaciones y no hay certeza sobre el número de damnificados, la cantidad de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan. A ello se suma la falta de claridad en el ejercicio de los recursos económicos y sus reglas de operación. En concreto, no hay un programa real de reconstrucción.

Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”.

Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción: “El verdadero problema es que no hubo una priorización en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. El presupuesto para 2018 no establece ningún rubro para esto; sólo hubo uno para que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) construyera 11 edificios. Tardíamente, el 7 de junio se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción, que intentará reha­bilitar y construir multifamiliares; pero el problema es que no se garantiza el derecho a vivienda digna y decorosa para todos los damnificados”.

A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de 100 que no aparecen”.

Explica: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad, porque mientras no se conozca el riesgo no se puede mitigar sus efectos. Un edificio que está en riesgo alto de colapso y que no se ha demolido es un edificio que representa un alto riesgo tanto para los propietarios como para la comunidad.

“Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la Ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió.

“Por otro lado, hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”

–¿Esto está impactando en ustedes?

–Por su puesto, porque hay personas que viven en inmuebles que no están dictaminados, de los que no se sabe cuál es el riesgo. En algunos la verificación la hicimos nosotros y encontramos que en 25% de los inmuebles que revisamos y que estaban en riesgo alto de colapsar, sus habitantes siguen viviendo en ellos. Por supuesto que no concluir los censos, no demoler lo que se tiene que demoler, representa un problema importante para las personas, que pueden perder sus vidas en cualquier momento, y para la comunidad que los rodea.

Falta un censo

Por su parte, la asambleísta Dunia Ludlow, quien será directora del Centro Histórico en el equipo de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, coincide con Salgado en que se desconoce el estado de los inmuebles dañados en la Ciudad de México y no se sabe el tipo de atención que se le tiene que dar a cada uno.

“Va a llegar otro sismo de la misma magnitud o peor, y evidentemente no estamos preparados. Y los miles de edificios que quedaron tocados están en riesgo, como los catalogados en amarillo y rojo”, afirma, en referencia a la catalogación hecha por Plataforma CDMX, la página en internet para consulta y ubicación de los inmuebles dañados por el sismo del año pasado.

“Además –prosigue Ludlow– no tenemos la certeza de que efectivamente sean rojos –a punto de colapsarse– o que efectivamente sean amarillos. También hay dobles clasificaciones. Por eso los vecinos hablan de la falta de certeza que brinda la Plataforma CDMX, cuando ésta debería ser el instrumento de comunicación y transparencia de la reconstrucción.”

Otro de los puntos que han obstaculizado la reconstrucción es precisamente la falta de claridad que brinda la Plataforma CDMX sobre los recursos económicos ejercidos.

“Con base en el recuento realizado en el desglose de los recursos de 2017, 182 millones de pesos fueron desviados o mal aplicados; esto incluye el reintegro al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la ayuda a damnificados falsos y el destino al gasto operativo de las delegaciones.

“La Plataforma CDMX no ha aclarado el destino de más de mil 810 millones de pesos que teníamos disponibles en 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso de 2018, se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaba establecido que iban a irse específicamente a la reconstrucción y que no sabemos dónde están. 

“También falta aclarar el destino de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que es la diferencia entre lo asignado en el artículo­ 14 de la Ley de Reconstrucción, lo que dice la Plataforma CDMX y lo que dice el Fideicomiso (para la Reconstrucción) sobre la manera en que se va a asignar. En total, entre los recursos de 2017 y los de 2018, podemos decir que se han desviado o están en opacidad mil 80 millones de pesos y no sabemos qué pasó con ellos.

“Para arreglar esta situación se presentó una iniciativa con el propósito de que el recurso se vaya a donde se tiene que ir, a reconstrucción y reparación de viviendas y a reparación del patrimonio de las personas que lo perdieron todo, y también para establecer criterios con el fin de que la entrega de estos recursos se haga de manera transparente desde el momento en que se discuta la asignación del presupuesto”, explica Ludlow. 

“Como hoy no tenemos un censo, no tenemos un diagnóstico que nos permita saber cuál es el universo de las afectaciones que resultaron del sismo; la respuesta de las autoridades ha sido en reacción a la capacidad de movilización de los damnificados. Para ser escuchados, ante la falta de respuesta de la autoridad, se empezaron a unir en colectivos. Uno es Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan, y otro, Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.”

A partir de este par de colectivos, los damnificados han logrado distintos apoyos de las autoridades, unos a fondo perdido, otros bajo un esquema que les permite acceder a 35% de recursos del Fideicomiso, otros a partir de esquemas mixtos, “pero no es la misma atención para todos, esa es la gran injusticia que ha generado este gobierno.

“No toma en cuenta que quizá haya gente que por necesidad está impedida de dar seguimiento a su daño; es decir que la gente de Iztapalapa, Xochimilco, que vive al día, no puede estar yendo a las asambleas, enterándose por redes sociales, porque vive al día, y esa gente no está siendo atendida”, señala.

–¿Dónde se va a reconstruir con el 35% adicional? ¿Los damnificados ya no van a pagar?

–A partir de ese 35% la desarrolladora les construye y con ese 35% paga la construcción y tiene un poco más de ganancia. En teoría no tendría que pagar nada, pero hay algunos estudios en los que la corrida financiera no sale para los desarrolladores, y entonces hacen esquemas mixtos, y los damnificados tienen que acceder a los créditos de sociedad hipotecaria federal o a los créditos que se van a abrir en la ciudad bajo esquema del Invi para poder pagar.

La reconstrucción

Cesar Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien el próximo 5 de diciembre será el nuevo comisionado para la Reconstrucción, habla sobre los problemas de los damnificados:

“En el proceso de reconstrucción hemos encontrado áreas de oportunidad donde podemos mejorar la atención a los damnificados; agilizar los procedimientos; hacerlos más sencillos; estar más cerca de las zonas donde hay afectaciones; convocar a más instituciones, organizaciones y fundaciones; organizar mejor a las empresas que están participando en la reconstrucción; mejorar la Ley de Reconstrucción; mejorar los procesos administrativos para eliminar los escollos que impiden a los damnificados acceder a los apoyos económicos”, asegura.

“Vamos a hacer que los programas gubernamentales sean más sencillos, todo un cambio de procedimiento en atención a los damnificados para que la reconstrucción sea más rápida y eficiente.”

–Ya pasó un año y no se ha reconstruido un solo inmueble. ¿Cuáles son los problemas?

–Primero hubo mucha irresponsabilidad de Miguel Ángel Mancera, a quien le urgía renunciar al gobierno para ser candidato a senador; luego se empecinaron en sacar una ley que no generó certidumbre de cómo se iba a atender a los damnificados. Después vino el asunto de que tres dipu­tados de la ALDF quisieron controlar los recursos de la reconstrucción y eso ocasionó que la primera comisión renunciara, y tuvo que entrar una segunda comisión; eso, a cinco meses del sismo, generó aún más incertidumbre.

“Hay muchas dependencias de gobierno a las que los damnificados tienen que acudir. Nosotros vamos a simplificar todo y sólo tendrán que tratar con la Comisión de Reconstrucción, y vamos a organizar a las sedes de gobierno que tienen que ver con la reconstrucción, para que el ciudadano no tenga que tocar muchas puertas.”

También afirma que se van a instalar módulos en las colonias más afectadas, para que la gente no tenga que ir al Zócalo a entregar la copia de un documento o a preguntar cómo va la reconstrucción.

Y toca el tema de que no hay transparencia en la reconstrucción: “No sabemos cuánto (dinero) se ha comprometido, cuánto está por ejercerse. No hay un censo que nos dé confianza, hay mucha información disgregada, dispersa. Vamos a empezar un censo este mes y lo vamos a terminar antes de que acabe este gobierno, para tener información fidedigna de cuántas viviendas hay que levantar, cuántas familias están afectadas, para poder planear y presupuestar el costo de la reconstrucción de la ciudad.

“La información con la que se cuenta está fragmentada; el gobierno de la ciudad tiene unas cifras, las dependencias otras y las delegaciones otras, por eso vamos a trabajar el censo.”

–Usted es parte de la Asamblea que está por concluir y que no dictaminó las iniciativas para modificar la Ley de Reconstrucción que enviaron, por separado, Miguel Ángel Mancera y las organizaciones Ciudadanos S19 y Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, en la que plantean vías para el mejor manejo y trasparencia de los recursos.

–Ya lo dialogué con Ernestina Godoy Ramos, quien fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena para el primer Congreso de la Ciudad de México, y en cuanto tome posesión la Legislatura se van a aprobar. Este 19 de septiembre anunciaremos estas acciones –asegura.