La paz con las FARC, en terreno minado

Los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC naufragan: la reforma agraria está congelada en el Congreso, la reinserción de los miembros de esta organización es lenta y tortuosa, y, para colmo, la DEA busca detener y extraditar a varios dirigentes exguerrilleros acusándolos de narcotráfico. Eso provocó que dos de ellos, Hernán Darío Velásquez e Iván Márquez –el número dos de la guerrilla y jefe de la delegación que negoció la paz– optaran por volver al monte en medio de rumores de que se alzarían otra vez en armas.

BOGOTÁ.- Nunca como ahora la paz con la exguerrilla de las FARC había estado sometida a una crisis tan desafiante. Y no sólo por factores internos, sino por la aparición de Estados Unidos como un inesperado policía decidido a investigar a los antiguos rebeldes.

Por medio de su agencia antidrogas, la DEA, Estados Unidos vigila el buen comportamiento de los antiguos comandantes de la exguerrilla. Para ello utiliza informantes encubiertos a quienes premia con una nueva vida en ese país si logran aportar elementos para pedir en extradición a los exjefes rebeldes por cargos de narcotráfico.

Iván Márquez, el emblemático número dos de la antigua organización insurgente y quien fue el jefe de la delegación guerrillera que negoció la paz con el gobierno colombiano, optó por volver al monte en medio de rumores de que se alzaría otra vez en armas. Le hizo saber al senador izquierdista Iván Cepeda que teme ser extraditado a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas que, según aseguró al legislador, nunca cometió.

“Tenemos que impedir, de manera responsable, que la amenaza de la extradición se convierta en el detonante del fin del proceso de paz”, dijo Cepeda.

Desde la llegada al poder de Donald Trump, en enero de 2017, el discurso de la guerra contra las drogas volvió a tomar relevancia y la DEA –la agencia antinarcóticos estadunidense– cobró un renovado protagonismo en Colombia.

A muchos dirigentes políticos y sociales les cuesta trabajo distinguir si el enemigo es el narcotráfico o el proceso de paz. Para el senador de la opositora Alianza Verde, Antonio Sanguino, Estados Unidos ha sido “una variable negativa” en la consolidación de la paz con las FARC.

Pero los vientos que agitan el posconflicto en Colombia no sólo provienen de fuera. También gravitan las fisuras que emergen en el partido fundado por la exguerrilla: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene las mismas siglas que enarboló la desaparecida organización insurgente: FARC. 

Adicionalmente, el proceso de reinserción a la vida productiva de 13 mil exguerrilleros que entregaron las armas marcha con extrema lentitud, por el tradicional burocratismo estatal y la falta de financiamiento. 

La reforma agraria prometida en los acuerdos de paz está congelada en el Congreso. Y la matanza de líderes sociales involucrados en la implementación de los acuerdos con las FARC ya está catalogada por las mismas autoridades como un “exterminio”. Desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, hasta agosto pasado han sido asesinados 193, uno cada tres días en promedio.

En ese mismo lapso se han registrado 50 homicidios de exguerrilleros que entregaron las armas.

Además, el presidente Iván Duque, quien apenas lleva seis semanas en el cargo, prometió como candidato modificar los acuerdos de paz para impedir que los excomandantes rebeldes participen en política y para que paguen con cárcel –y no con penas alternativas, como lo pactaron con el Estado colombiano– los crímenes atroces que hayan cometido en la guerra.

El partido de Duque, el Centro Democrático, que acaudilla el expresidente Álvaro Uribe, está pendiente de que cumpla su promesa de campaña. El sector más ultraderechista de esa organización política ha hablado incluso de “hacer trizas” los acuerdos con las FARC.

También en el partido de la ­exguerrilla, las FARC, surgió una facción anclada en la ortodoxia marxista, que acusa al director nacional, Rodrigo Londoño, Timochenko, de “ausencia de liderazgo”, ser “­rencoroso y revanchista”, y de “defender el orden ­burgués con un inesperado y sorprendente celo”.

Todos estos factores de perturbación que acosan al proceso de paz que puso fin a 52 años de guerra interna tienen un efecto desmoralizante en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde están ubicados la mayoría de exguerrilleros que dejaron las armas. 

De hecho, unos mil 300 antiguos combatientes ya desistieron del proceso para reincorporarse a la vida civil y pasaron a formar parte de las llamadas “disidencias”, que no son más que nuevos grupos armados ilegales dedicados al negocio de la cocaína en diversas regiones de Colombia. 

“Nos estamos acercando a un escenario de tremenda inestabilidad en el que podemos tener un nuevo ciclo de violencia”, dice el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso.

El factor gringo

Hoy se sabe que la captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich, el pasado abril y por cargos de narcotráfico, fue producto de una trampa que le tendió la DEA con un infiltrado que le propuso traficar cocaína en una supuesta alianza con el capo mexicano Rafael Caro Quintero.

Santrich, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de conspirar para introducir cocaína a ese país y cuya popularidad dentro de las FARC es alta, no sería el único exrebelde investigado en la operación que montó la agencia antidrogas. 

Según dirigentes de las FARC, el gobierno de Trump pedirá la captura –por el mismo delito– de “al menos” dos excomandantes guerrilleros: Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, El Paisa. 

Ambos huyeron del Espacio Territorial de Miravalle, en el sur del país, luego de que entre el 6 y el 8 de julio pasados detectaron movimientos militares que tendrían como propósito su captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Victoria Sandino, senadora de las FARC y excomandante guerrillera, dice a Proceso que el operativo militar existió y que Iván Márquez y El Paisa lograron “salir antes, afortunadamente”, para evitar su captura.

“Pero eso no quiere decir que ellos volvieron a las armas. Nosotros no tenemos evidencia de eso ni ellos se han expresado en ese sentido. Ellos están haciendo frente a una situación de inseguridad jurídica. No tienen seguridad jurídica, y por eso Iván optó por no asumir como senador (tenía una curul en el Congreso que debía ocupar en julio)”, indica Sandino. 

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha negado que haya una orden de captura con fines de extradición contra Iván Márquez, pero Sandino afirma que es difícil creer en un funcionario “que ha dado muchas muestras de que es un aliado incondicional de Estados Unidos y de que está empeñado en obstaculizar la paz”.

La dirigencia de las FARC sabe que la DEA convenció al sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, de infiltrar a un sector de la dirigencia de ese partido político para proponer un negocio de tráfico de cocaína en sociedad con Caro Quintero, lo que en realidad era un señuelo.

Marín le presentó a Santrich –amigo de Iván Márquez– a dos supuestos enviados de Caro Quintero. El infiltrado logró grabar audios y videos que presuntamente incriminan a varios exguerrilleros en el tráfico de drogas.

Hasta ahora el único dirigente de las FARC capturado con fines de extradición es Santrich.

Días después de esa detención, Marín viajó a Estados Unidos con su familia, donde la DEA le consiguió una nueva identidad y lo tiene en calidad de testigo protegido.

El senador Antonio Sanguino afirma que el operativo encubierto de la DEA para tender una trampa a Santrich –y quizá a varios exjefes guerrilleros más– fue “bastante truculento, por decir lo menos, y eso, por supuesto, le hace un daño enorme al proceso de paz”.

De acuerdo con el senador centroizquierdista, Estados Unidos “debería jugar un papel mucho más prudente y de colaboración para que este proceso salga bien y para que en Colombia no regresemos a la guerra”. 

Esto, dice, es un asunto de interés hemisférico: la paz de Colombia tiene un efecto estabilizador en toda la región. 

“Así lo entendió la administración del expresidente Barack Obama, pero las cosas con el presidente han cambiado para mal”, asegura el legislador e integrante de la Comisión de Paz del Senado.

Drogas y política hemisférica

El historiador Medófilo Medina considera que la política intervencionista de Estados Unidos en América Latina revivió en la administración de Trump, quien ha revivido conceptos como la guerra contra las drogas y ha responsabilizado a países productores de estupefacientes, como Colombia y México, de quedarse “atrás” en la lucha contra los cultivos ilícitos de coca y amapola.

Esta política de Estados Unidos frente a América Latina “se retroalimenta en estos tiempos con el tema de las drogas, que tiene particular fuerza por los problemas de salud y delincuencia que les causa a ellos”, dice el profesor emérito de la Universidad Nacional.

Pero el elemento central de la política antidrogas de Washington, agrega, “es perverso, porque sólo busca castigar a los países productores y de tránsito, mientras que ellos hacen poco para controlar su consumo”.

En la práctica, señala el doctor en historia, “hoy la estrategia intervencionista de Estados Unidos en la región pasa por la supuesta lucha contra las drogas, que ha sido altamente ineficiente”.

Según Medina, “los obstáculos que Estados Unidos le está poniendo a la paz colombiana están determinados por el miedo que muchos sectores conservadores de ese país le tienen a una guerrilla de origen marxista que se ha convertido en partido político”.

Desde hace un par de años, las presiones de Estados Unidos a Colombia por el aumento de cultivos de hoja de coca han venido en ascenso. Según el Departamento de Estado estadunidense en 2016 había 188 mil hectáreas de esa planta, mientras que el año pasado la cifra llegó a 224 mil hectáreas, lo que implica un crecimiento de 17%. 

Washington atribuye el alza a los acuerdos de paz con las FARC y al hecho de que uno de los puntos pactados con esa exguerrilla fue la implementación de un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

También a que hace tres años Colombia decidió poner fin a las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, un herbicida considerado por la Organización Mundial de la Salud potencialmente cancerígeno. La Corte Constitucional colombiana había recomendado al gobierno aplicar el “principio de precaución” y suspender su uso.

Aunque el acuerdo de paz con las FARC deja el uso del glifosato para casos extremos –en los que no haya arreglos con las comunidades para hacer erradicación voluntaria y sea imposible realizar esa tarea en forma manual–, el gobierno de Duque ya anunció que volverá a asperjar con ese herbicida.

Para Sandino esa decisión constituye una “violación” de los acuerdos de paz, que generará “zozobra en las comunidades y no resolverá el problema de los cultivos ilícitos, como no lo hizo en el pasado”.

Las “disidencias”

González Posso estima que alrededor de 10% de los 13 mil guerrilleros de las FARC que dejaron las armas han abandonado el proceso de reinserción y se unieron a las “disidencias”. Ya no se trata de guerrillas con motivaciones políticas, sino grupos armados ilegales involucrados en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras rentas criminales. 

Algunas “disidencias”, como el denominado Frente Oliver Sinisterra, que opera en el suroccidental departamento de Nariño al mando del exguerrillero Guacho, manejan aún el discurso de la “revolución”, pero en realidad hay evidencia de que su razón de ser son los negocios ilícitos, en especial la producción y tráfico de cocaína.

González Posso considera que los incumplimientos de los acuerdos de paz, la falta de financiamiento a los proyectos productivos en los Espacios Territoriales donde están los excombatientes y las amenazas del gobernante Centro Democrático de reformar los pactos con las FARC están orillando a decenas de exguerrilleros a volver a las armas.

El experto descarta que haya condiciones para que las “disidencias” lleguen a tener el peso que tuvieron las FARC como guerrilla, con una estructura nacional jerarquizada y 24 mil hombres en armas en su mejor época, “pero sí pueden llegar a tener unos 2 mil 500 hombres y van a tener mucha capacidad de perturbación”.

También considera poco probable que Iván Márquez y El Paisa –quien comandó la Columna Móvil Teófilo Forero, el cuerpo de élite de las FARC– puedan plantear una “refundación” de esa guerrilla, incluso aunque los dos vuelvan a la guerra.

“Una aventura así estaría destinada al fracaso, ese es un proyecto imposible”, sostiene.

González Posso dice que la consolidación de la paz con las FARC está, por lo pronto, en una fase crítica que puede llevar a “nuevas dinámicas de violencia” en Colombia. 

“La negación de varios factores de poder internos y externos a apostar por una solución de fondo al conflicto armado interno es gasolina para la violencia. Ya estamos transitando hacia una violencia caótica, desorganizada, en la que se mezclan la criminalidad común, el narcotráfico, el lavado de activos y las mafias trasnacionales”, asegura.