La lógica del mercado: invertir poco y ganar mucho

Autor del volumen ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural en México?, el doctor en Ciencias Políticas Iván Franco establece una diferencia entre “creadores populares” y “creadores prehispánicos”, pues si bien ambos tienen las mismas raíces, los primeros se conformaron como “actores sociales” con el aprendizaje de oficios a lo largo de la etapa colonial “con base en la pedagogía y necesidades de los europeos, siendo formados en esencia por los frailes evangelizadores y después bajo condiciones de la sociedad occidental”.

En la actualidad los dos grupos están desprotegidos. Los de origen prehispánico porque sus insumos originales están cada vez más acaparados por particulares –como por grandes empresas transnacionales–. Incluso la propia tierra, pues su situación es de despojo total, resultado de la construcción de los derechos individuales contra los colectivos, establecidos en la Constitución de Cádiz “y que se ha perpetuado (y quizá perpetrado) en las Constituciones de 1824, 1857, 1917, más lo que se acumule”. 

Dice, sin embargo, que el derecho mexicano sí protege los derechos colectivos comunitarios, como en la ley agraria que permitió la creación de los ejidos luego de la Revolución. Y ha sido la falta de reconocimiento y de una política de Estado lo que ha puesto “y expuesto a las expresiones tangibles e intangibles de las culturas prehispánicas (con la salvedad de algunos aspectos de la Ley Federal de 1972)” en la marginalidad y hasta en el camino de extinción que padecen en la actualidad.

Vía correo electrónico, el antropólogo e historiador, investigador del Instituto nacional de Antropología e Historia (INAH)-Yucatán, añade que la legislación que reconoce los derechos de los pueblos indios y comunidades originarias choca con quienes se encargan de la justicia en el país: “mafias y oligarquías cada vez más integradas a los intereses transnacionales”. Y la duda es si el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) prolongará la situación.

Recuerda que, en 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la reforma el artículo 27º constitucional, se anularon las formas en las que los pueblos originarios podían preservar sus tradiciones, usos y costumbres culturales:

“Por eso marcas como Pineda Covalin se encuentran sobre todo en sitios de alto consumo como aeropuertos y plazas comerciales ‘gobernadas’ por franquicias.”

A la pregunta de si falta reconocimiento por parte de la sociedad al arte popular, cuando regatea al artesano pero paga caro a Zara o Nike, el investigador considera que se trata más bien de “un claro abuso mediante la apropiación y el despojo de la esencia cultural”.

Relata que ha estado en fiestas de pueblos donde la gente viste trajes típicos elaborados con manos locales de origen prehispánico o “populares”, y pese a la finura y detalle, de por ejemplo un terno (traje típico de fiesta en la región maya), los precios “no llegan ni a la mitad” de lo que se paga a un intermediario.

Y hace ver que los intermediarios “operan con su lógica”: Mientras los productores trabajan mucho y ganan poco, los intermediarios “compran mucho y barato” e invierten poco y ganan mucho. Además, se apropian del “valor social implícito en la artesanía, vestido, platillo de comida, etcétera”. Y no pocos “se dan el lujo de publicitar que están al servicio de las tradiciones. ¡Y ¿cómo no?! ¡Vaya que obtienen altos dividendos!

“Hay una dimensión del despojo del que poco hablamos o entendemos y que, sin duda, es la continuación de la conquista espiritual mediante la apropiación, pero también la perversión de los saberes y, sabores ancestrales.”

Y el hecho es que no se devuelve un mínimo de lo que se apropian injustamente a los artesanos, creadores populares y comunidades originarias, dueños históricos de los diseños:

“Es aquí donde el Estado debería incidir poniendo un alto impuesto a todas esas empresas, devolviendo gran parte de esos recursos a las comunidades para educación, vivienda (de ser posible tradicional), salud, etcétera, todo mediante una legislación de Estado, no con la parafernalia de las a veces insulsas ‘políticas culturales’ que sólo sirven para que ciertos estudiosos se paren el cuello.”

Advierte que “si no se construye una política de Estado, favorable a los saberes, técnicas, arte, sabores y prácticas ancestrales, seguiremos documentando la perversión e injusticia sobre esa dimensión cultural, o más bien multicultural, y reportando que élites y grupos de poder o conocimiento son los beneficiarios mediante apropiación arbitraria e injusta de todo ese legado”.

Cuenta que desde 2016 se realiza en Mérida el “Desayuno del Terno” (en Chetumal desde 2007), para recaudar fondos para causas sociales. En realidad, se trata de un evento “elitista, de relativa exclusividad para empresarias, mujeres de familias de altos ingreso y clase política”, y aunque obviamente encargan los trajes a los artesanos, se ha convertido en una pasarela política, donde los descendientes de la cultura maya –“la inmensa mayoría en precariedad económica”– están presentes sólo como “evocación nostálgica sobre su grandeza intangible”.

Acerca de la posibilidad de regresar el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) al sector cultural, considera que es una visión demagógica y reducida, y que el centro de una política de Estado debe más bien fundarse en la diversidad cultural y hacerla visible en la Constitución Política e impulsar reformas que impliquen la devolución de territorios a los pueblos originarios.