En riesgo, la reconstrucción del patrimonio poblano

A un año de los sismos que afectaron en Puebla 620 edificios históricos –en su mayoría templos de los siglos del XVI al XIX–, empresarios contratados para la reconstrucción señalan su posible retiro por falta de recursos. Ellos y especialistas consultados responsabilizan a la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto por su improvisación como por cambiar los términos de su relación con la aseguradora de los inmuebles.

PUEBLA, Pue.– A prácticamente un año del sismo del 19 de septiembre, el programa de reconstrucción del patrimonio histórico en esta entidad tiene visos de caos y hasta en riesgo de interrumpirse a costa de un mayor deterioro de los propios inmuebles.

De acuerdo a empresarios y especialistas entrevistados, esto se deriva de la forma errática e improvisada con la cual la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a cargo de Diego Prieto Hernández, ha conducido desde un inicio el programa de rescate.

Incluso sospechosa –refieren algunos–, porque durante todo el proceso el INAH ha cedido ante las constantes trabas que le ha impuesto la aseguradora Banorte para liberar los recursos provenientes de la póliza contratada por 3 mil 500 millones de pesos, aun cuando ya había conciliaciones firmadas por sus ajustadores para cubrir el costo.

Empresarios a cargo de la restauración de templos en la entidad denuncian que la mayoría de ellos han tenido que sortear retrasos en los pagos, e incluso muchos de ellos no han recibido ni un peso cuando ya tienen hasta más de cuatro meses de haber iniciado los trabajos. De hecho, hay algunos que ya terminaron obras y no han recibido ni siquiera el adelanto. 

En las últimas semanas, los contratistas se encuentran en la incertidumbre de que el INAH defina si las obras, ya con avances, serán financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), luego de que se asegura el agotamiento de la bolsa para cubrir a la aseguradora.

Los contratistas dicen que esto no sólo implicaría un cambio en el esquema con el cual iniciaron con el seguro, sino retrasaría aún más los pagos y hasta podría dejarlos fuera, pues el contrato se resolvería por licitación pública.

Además de los aprietos económicos en que los ha metido esta situación, advierten del riesgo de la continuidad de las obras de rescate de los inmuebles, que en Puebla suman 620, en su mayoría templos de los siglos del XVI al XIX, cuya fragilidad podría aumentar si las obras permanecen a medias. 

De hecho ya algunas, como ocurre en el templo del Calvario en el municipio de Tochimilco, se encuentran interrumpidas ante la indefinición de los pagos.

A mediados de agosto, representantes de 12 empresas se reunieron con el titular del Centro INAH-Puebla, Víctor Hugo Valencia, para pedirle agilizar los pagos y respetar los acuerdos con los que iniciaron los trabajos.  

Aunque sólo algunos deciden participar en entrevista con Proceso, se asegura que este retraso e indefinición no es privativo de Puebla, sino que iguales condiciones enfrentan contratistas en Morelos, Oaxaca y Chiapas. 

El caos

Apenas la semana pasada, la Secretaria Técnica del INAH, Aída Castilleja, estuvo en el Centro Regional Puebla para sostener una reunión de trabajo con el personal encargado del programa de rescate. Pero ningún mando del instituto hizo acto de presencia para dar a conocer los lineamientos en los que se basaría el programa de obras.

“Sólo tuvimos algunas videoconferencias con los directivos, en las cuales no se nos permitió ni hacer preguntas”, refiere el perito del instituto, Enrique Gámez.

El reto de reconstrucción del patrimonio poblano, el más afectado del país por el movimiento telúrico que tuvo precisamente su epicentro en un punto cercano a Chiautla de Tapia, ha sido enfrentado por el personal regular del Centro INAH de esta entidad, compuesto sólo por 10 arquitectos y tres restauradores. Ese fue el problema desde el principio, a decir de Gámez, pues la Dirección General no pidió recursos extraordinarios para la contratación de más personal, pese a la dimensión de los daños.

Esto ha expuesto al personal del instituto a una sobrecarga de trabajo que, además, se ha disparado por los cambiantes requisitos que les ha impuesto la aseguradora, y que han sido aceptados sin objeción por los directivos del INAH sin que su sindicato de trabajadores haga ningún pronunciamiento.

Gámez cuenta también que desde un principio hubo instrucciones confusas y cambiantes sobre cómo trabajarían. Al inicio se habló de que el costo de la restauración lo cubriría el Fonden, pero luego se decidió recurrir a la póliza del seguro contratada con Banorte para siniestros en bienes muebles e inmuebles de los siglos del XVI al XIX.

“Será recurso que llegue más rápido y se le dará fluidez a los proyectos”, se les aseguró.

Como primer paso, se dividió la región afectada en 10 zonas y se les pidió a los trabajadores visitar en un corto plazo cada edificio, a fin de elaborar un presupuesto de la restauración por unidad.

En los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018, los trabajadores del INAH recorrieron de nueva cuenta las regiones afectadas para conciliar con los ajustadores del seguro un presupuesto final para cada proyecto.  

Casi al mismo tiempo, los directivos del INAH los apresuraron para que contactaran a empresas y las invitaran a participar en las obras en base a los presupuestos conciliados.

“Fueron acuerdos de confianza”, refiere el arquitecto.

Igual, otros trabajadores informan que se les pedía apresurar el inicio de las obras dando prioridad a las de menor daño, para que se pudieran reportar resultados pronto.

Sin embargo, una de las primeras trabas que impuso la aseguradora fue demostrar la historicidad de los edificios en base a su registro en el catálogo, lo cual implicó un trabajo extra, pues muchos de los inmuebles no estaban clasificados.

Luego, ya con avance en las obras, la aseguradora ha condicionado los primeros pagos a que el INAH demuestre que los daños cubiertos en los inmuebles no preexistían al sismo.

Según trabajadores entrevistados, este requisito resultaba absurdo luego de que, por meses, fueron los ajustadores de la propia empresa los que visitaron los templos para acordar los daños que se conciliarían para cada inmueble, y que hay acuerdos firmados en los que se revisó y constató cada una de las afectaciones.

En agosto, el delegado Víctor Hugo Valencia aseguró que el avance de reconstrucción alcanza el 40% al haberse restaurado 67 inmuebles e iniciado el trabajo en otros 241, aunque los trabajadores del instituto advierten que en estas cuentas se refieren a los templos que sólo requerían reparaciones menores y algunos realizados por las comunidades.

En retiro

El restaurador César Escudero, de la empresa Restauro, Compás y Canto, a cargo del rescate del templo y parte del convento de San Agustín de Chiautla de Tapia, en la mixteca poblana, advierte que hace apenas unos días envió al INAH un escrito para anunciar su posible retiro de la obra. 

Luego de tres meses y medio de sostener con recursos propios la restauración del templo, su empresa no está en condiciones económicas para seguir financiando los trabajos presupuestados en 8 millones de pesos.

Aunque como restaurador considera un privilegio intervenir en este conjunto arquitectónico que empezó a construirse en la primera mitad del siglo XVI, señala que el costo de este tipo de obras –que requieren mano de obra calificada y uso casi artesanal de los materiales– es difícil de sostener por períodos tan prolongados, pues en su mayoría las empresas de restauración son pequeñas.

Confirma que desde un principio se les informó del presupuesto ya conciliado con la aseguradora Banorte para cubrir el monto de la obra, por lo que fue requisito entregaran por anticipado sus facturas timbradas del total del costo, con la promesa de que se cubriría un anticipo del 50% en un lapso no mayor a dos a tres meses y el resto como pago final. 

“Hasta donde nosotros sabemos ya se había negociado todo y el seguro había aceptado cuánto iba a aportar por este inmueble, por eso nos piden nuestra factura, por eso se empiezan los trabajos”, aclara al indicar que resulta “bastante irregular” que el INAH no exija a la aseguradora cubrir lo acordado. 

Al no recibir ni un pago, Escudero envió escritos a la delegación del INAH y a la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios del instituto sin obtener respuesta alguna.

Indica que por dos meses pudieron sostener un ritmo fuerte de trabajo, pero al no llegar los recursos redujeron la cantidad de personal de 15 a 5 –mismos que tienen actualmente–, “con el riesgo de parar la obra en los próximos días, que es algo muy delicado y que no le conviene a nadie, ni a nosotros, ni a la comunidad, ni a las instituciones y mucho menos al inmueble”, expresa, pues al quedar sin concluir los trabajos en la restauración de la bóveda, el deterioro podría agravarse, sobre todo en estos días de lluvias.

El párroco de ese templo, Juan Muñoz Rangel, tras lamentar la situación, considera que el reclamo de las consecuencias que esto podría generar tendría que dirigirse al director del INAH, Diego Prieto, quien pese a toda la problemática relacionada con la reconstrucción acaba de ser ratificado en su cargo para el próximo sexenio.

Otro empresario, Raúl Mora, de la empresa Proyectos, Construcciones y Asesoría de Obras, S. A. de C. V. (Procase), con sede en Puebla, también atraviesa problemas similares.

Su compañía aceptó la invitación del INAH para trabajar en el rescate de dos templos en los municipios de Chiautla y de Ixcamilpa de Guerrero, igual bajo el ofrecimiento que el pago estaba garantizado con los recursos del seguro contra siniestros contratado por el gobierno federal. 

A partir de mayo iniciaron ya la obra, pero fue hasta la semana pasada que recibió el primer pago por los trabajos en Ixcamilpa, y en el caso de la iglesia de San Juan Bautista, ubicada en la localidad de Pilcaya, municipio de Chiautla, Procase lleva un avance de casi el 50%, sin haber recibido nada de los 10 millones de pesos que se presupuestaron.

Mora refiere que ha tenido que recurrir a préstamos.

Otro constructor –entrevistado a condición del anonimato–, menciona que al estar ubicadas en municipios enclavados en la sierra, el costo de la restauración se dispara pues hay que pagar hospedaje y viáticos del personal calificado, aparte de la nómina y materiales que se encarecen por las distancias.

Ante las versiones provenientes del propio INAH de que habría proyectos que se pasarán al Fonden, Mora explica que eso generaría un conflicto administrativo en las obras que ya tienen avances, pues son procedimientos y presupuestos totalmente diferentes:

“En principio, los contratos del Fonden se resuelven por licitación, en ese procedimiento habría la posibilidad de que nosotros no quedáramos, no sabríamos cómo se resolvería eso y cómo se nos pagarían los trabajos que ya hicimos.”

Otras empresas que ya tienen obra asignada y conciliada, han evitado iniciar hasta que no se entregue el anticipo, y algunas más están a punto de suspender los trabajos o ya lo hicieron. Lo pagos atrasados han generado problemas a la gran mayoría e incluso en ciertos casos estarían en riesgo de quiebra si la situación no se resuelve a corto plazo.

En tanto, se sabe que el INAH aún continúa en tratos con la aseguradora en el proceso de conciliación de obras, a pesar de que ya se agotó la póliza, pero supuestamente lo hace para definir en los próximos días una lista de las obras que acabarán por pasarse al Fonden. 

Los trabajadores del instituto señalan que aparte del excesivo trabajo que ha implicado la supervisión de las más de 500 obras conciliadas, los retrasos los han expuesto a reacciones agresivas por parte de pobladores e incluso sacerdotes que ya reclaman la reapertura de sus templos.