Uso de facturas falsas, el juego sucio de los dirigentes deportivos

Al menos cuatro federativos del deporte en el país están en capilla por no haber comprobado que el dinero federal que recibieron fue utilizado en favor de la disciplina que representan: tiro con arco, atletismo, beisbol y levantamiento de pesas. El caso más reciente es el de Effy Sánchez, expresidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, quien –según la Conade– utilizó 31 facturas falsas para justificar el gasto de 4.1 millones de pesos. Actualmente la federativa se encuentra recluida en manos de un defensor de oficio.

El juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Juan José Chávez Montes, declinó la competencia de la causa penal contra Effy Sánchez, expresidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, a su homólogo de Yucatán con sede en Mérida, pues fue en esa ciudad donde la exfederativa cometió el presunto delito de peculado por 4.1 millones de pesos y por el cual se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde el sábado 1.

Si el juez de Distrito del estado de Yucatán le da entrada al caso, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en tanto parte acusadora, insistirá en que como dichos recursos fueron ministrados y comprobados con facturas apócrifas en la Ciudad de México, Sánchez debe ser juzgada en la capital del país. 

El 31 de agosto último, Effy Didier Sánchez Pérez fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión que el juez obsequió el 7 de julio de 2017 con base en la averiguación previa AP/PGR/DF/SPE-XI/0709PP/2006-01.

La Conade denunció en enero de 2016 a la entonces presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco (Femeta) como parte de la estrategia del director del organismo, Alfredo Castillo Cervantes, para que sean sometidos a la justicia los presidentes de distintas federaciones deportivas señalados por los propios atletas de cometer abusos, entre ellos la comprobación indebida de los recursos públicos que el gobierno federal les otorga para el desarrollo del deporte de alto rendimiento. 

Derivado de esos señalamientos y de la revisión de las facturas –que ya habían sido aprobadas por la Conade– la presente administración encontró que Effy Sánchez utilizó 31 documentos falsos para comprobar el uso de 4.1 millones de pesos de un total de 7.5 millones que el gobierno federal le entregó en 2013 para realizar, principalmente, el Primer Torneo Internacional Ek Balam y el Congreso Nacional Técnico de la Federación en Chichen Itzá, Yucatán. 

De acuerdo con el expediente de la causa penal 25/2017-I, nueve testigos confirmaron que las facturas con las que Sánchez comprobó sus gastos no fueron emitidas por los negocios que representan. En el caso de siete facturas los comercios que supuestamente ofrecieron los servicios no existen.

La expresidenta de la Femeta presentó cuatro facturas (números 2061, 2062, 2063 y 2064) de la empresa Operadora Okaan, SA de CV, para justificar 1 millón 75 mil pesos por concepto de hospedaje, alimentación y la renta de un campo. 

Okaan es un hotel ubicado en la carretera Mérida-Cancún, en la zona arqueológica de Chinche Itzá. La Conade encontró que sí se llevaron a cabo ambos eventos. Sin embargo, cuando el representante legal de dicha empresa compareció ante el Ministerio Público exhibió las cuatro facturas originales que estaban canceladas. Las siete facturas arriba mencionadas suman 2.9 millones de pesos. 

Algunas de las empresas que supuestamente emitieron estos documentos a nombre de la Femeta son: Administradora Regional de Servicios Administrativos y Mercadotecnia, SA de CV (por 1 millón 157 mil pesos por mobiliario para una cena, carpas, escenario, pantalla, pódium de premiación, edecanes, iluminación y audio, logística, transporte y montaje de una planta eléctrica); Operadora Turística Icicil, SA de CV (por 584 mil pesos por alimentos para 124 personas durante siete días), y Convierte Construcciones y Proyectos Arquitectónicos, SA de CV (por 1 millón 58 mil pesos por el servicio de adaptación, reparación y adecuación del campo de tiro).

Uno de los testigos aseguró que no hay registro de que una empresa externa contratada por la Femeta haya entrado a las instalaciones del hotel Okaan para hacer algún tipo de adecuación o remodelación. 

El resto del dinero se comprobó con facturas de dos tlapalerías, una arrendadora de baños portátiles y otra empresa que prestó el servicio de cafetería, alimentos, la renta de un local, equipo de sonido y un proyector.

Las otras 20 facturas falsas corresponden a comprobación de 111 mil 986 pesos: cuatro son de la cocina económica Lucys, tres de Distribuidora de Papelería y Novedades DIPASUR, dos de Leonady Huchim (compra y venta de equipos de oficina), seis del Hotel París y un número igual de Casa Nobel Hotel.

Los propietarios de estos establecimientos comparecieron ante el Ministerio Público y aseguraron que nunca han emitido una factura a nombre de la Femeta y exhibieron las facturas originales. La mayoría de ellas estaban canceladas. En el caso de DIPASUR, el dueño declaró que vende regalos y no “anaqueles y tóner”, como está descrito en una de las facturas. 

En el expediente de la causa penal también quedó asentado que la Femeta no fue localizada en el domicilio fiscal Calle 35 número 505 en el centro de la ciudad de Mérida, que está registrado a nombre de la razón social Federación Mexicana de Tiro con Arco, Asociación Civil, y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) FMT850416-F20.

En algunas de las facturas aparece esta dirección pero en otras está la del Comité Olímpico Mexicano: avenida del Conscripto y Anillo Periférico s/n colonia Lomas de Sotelo en la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Evasión fiscal

A las 00:15 horas del sábado 1, Effy Sánchez ingresó al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y declinó  hablar en su declaración preparatoria. A la exfederativa se le asignó el defensor de oficio José Olivos Martínez. 

En la diligencia que se realizó ese mismo día el juez fijó el monto de 4.1 millones de pesos como reparación del daño, más una multa de 18 mil 428 pesos y una garantía por 10 mil pesos. El viernes 7 el juez dictó auto de formal prisión a Effy Sánchez. Hasta el cierre de esta edición, no había cubierto esas cantidades para llevar su proceso en libertad. 

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) también tiene abierto un expediente contra Sánchez en su calidad de expresidenta de la Femeta por el probable delito de evasión fiscal, pues no pagó los impuestos correspondientes por los cerca de 40 millones de pesos que ingresaron a la cuenta bancaria de Scotiabank Inverlat número 17001380761, registrada a nombre de la federación. 

Sánchez Pérez se convirtió en presidenta de la Femeta el 10 de marzo de 2010, fecha en la que fue elegido el Consejo Directivo que fungiría hasta 2014. En una asamblea realizada el 26 de marzo de 2014, Sánchez fue reelegida por otro periodo de cuatro años que concluyó fuera de funciones, puesto que desde finales de 2016 estaba desaparecida. 

En 2017 el regiomontano Santiago Avitia asumió la presidencia interina de la Femeta. En febrero último, por unanimidad, fue elegido presidente hasta 2022. 

Desvío de fondos

Effy Sánchez es la segunda federativa que enfrenta un juicio por peculado. El primero que fue denunciado por la Conade es Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), quien en diciembre de 2016 fue detenido y consignado ante el juez Séptimo de Procesos Penales Federales, Julio Veredín Sena Velázquez, para dar cumplimiento a una orden de aprehensión.

Según el expediente de la causa penal 56/2016, Lozano comprobó con tres facturas falsas la cantidad de 4 millones 831 mil pesos que la Conade le entregó entre marzo de 2011 y marzo de 2012 para la adquisición de insumos médicos y complementos y suplementos alimenticios.

Lozano comprobó 2.3 millones de pesos con la factura 821 de Hecgue Comercializadora, SA de CV; otros 1.9 millones con un documento expedido por Comercializadora Empresarial y Abastecedora Cadena, SA de CV, y 568 mil pesos con una factura que supuestamente le entregó Grupo Comercial Maxprise, SA de CV. El primer comercio tiene domicilio en Monterrey y los otros dos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Uno de los socios de Grupo Comercial Maxprise declaró como testigo que la empresa desapareció en 2010 y que jamás vendió nada a alguna federación deportiva. Por lo tanto, el Ministerio Público concluyó que la factura 1097 de fecha 22 de marzo de 2011 es falsa y, por lo tanto, que no se llevó a cabo la compra de medicamentos ni de suplementos alimenticos.

Los atletas Zudikey Rodríguez, Abigail Gómez y Aldo Vega testificaron que nunca han recibido insumos médicos de parte de Antonio Lozano. 

Por si fuera poco, los 568 mil pesos que la Conade entregó (el 24 de marzo de 2011) a la Federación Mexicana de Atletismo AC Lozano los transfirió a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, una nueva asociación civil que él mismo creo para poder sortear la dificultades económicas y tributarias por los que atravesaba la primera. 

“Se acredita con el informe del director general adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que es desde este momento que Antonio Lozano distrae el recurso que se destinó a la Federación Mexicana de Atletismo y lo envía a otra, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (…) Lozano exhibió la factura de la empresa Grupo Comercial Maxprise en favor de la Federación Mexicana de Atletismo. Sin embargo, se ha acreditado que dicha federación nunca realizó pago alguno y por consecuencia nunca realizó la compra de insumos médicos ni complementos alimenticios”, indica el expediente. 

El apoderado legal de Comercializadora Empresarial y Abastecedora Cadena enseñó ante la autoridad ministerial la factura original número 2509. El documento está cancelado, lo cual comprueba –concluye el Ministerio Público– que es apócrifo el utilizado por Lozano para justificar el uso de recursos federales. Además, el testigo declaró que jamás ha tenido un trato comercial con la FMAA. 

En dicho caso declararon los atletas Juan Luis Barrios, Yanelli Caballero, Eder Sánchez y Giovanni Torres, quienes señalaron que tampoco recibieron los productos que se supone fueron comprados para ellos. 

Los domicilios que aparecen en la factura de Hecgue Comercializadora también son falsos. Según las investigaciones del Ministerio Público, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Nuevo León sí aparece la empresa. Sin embargo, se dedica a la compra, venta y distribución de productos de acero y metales, madera, PVC, tubos y materiales eléctricos, entre otros. Los deportistas Rodríguez, Gómez y Vega volvieron a declarar que tampoco recibieron estos productos. 

Antonio Lozano fue aprehendido el 19 de diciembre de 2016 y tres días después se le dictó auto de formal prisión. El 10 de enero de 2017 quedó en libertad bajo caución. Actualmente continúa el periodo de pruebas que se desahogan en el Reclusorio Sur. 

El pasado 4 de septiembre, Antonio Lozano promovió un juicio de amparo y solicitó la protección de la justicia federal contra los posibles actos de 69 jueces penales y de las siguientes autoridades: PGR, Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial, PGJCDMX y Jefatura General de la Policía de Investigación, puesto que sospecha que puede librarse una nueva orden de aprehensión en su contra.

Lozano fundamenta su temor en que, sin recordar la fecha en que ocurrió, fue informado de que a las oficinas de la FMAA, ubicadas en la avenida Río Churubusco, se presentaron unas personas que se identificaron como policías de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dijeron al guardia de seguridad que llevaban una orden de aprehensión contra Lozano y que lo privarían de su libertad en cuanto dieran con su paradero. 

Falta de comprobantes

En su afán por sancionar a los presidentes de las federaciones deportivas mexicanas que cometieron abusos en el ejercicio del dinero púbico, la Conade presentó otra denuncia con la cual se inició la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XXVI/0906/2015 contra el ya fallecido expresidente de la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) Alonso Pérez González, quien no comprobó el gasto por 12.8 millones de pesos que el gobierno federal le entregó para operar este deporte. 

El 9 de septiembre de 2016, Pérez falleció en la ciudad de Monterrey pero los recursos federales los adeuda la Femebe como asociación deportiva y no el finado expresidente. El juez ante quien fue consignado el expediente determinará si la presente administración, que encabeza Enrique Mayorga, deberá o no reintegrar esos recursos. 

El 20 de enero de 2016 también se inició la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XI/0722/2016 contra el presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado, por el ejercicio indebido de recursos que le entregó la Conade. 

Pese a que el federativo fue llamado a declarar y que una retahíla de testigos también fue citada, este proceso está estancado. El estado de Sonora, que contaba con las pruebas documentales para demostrar las presuntas irregularidades del federativo, se desistió de aportarlas.