Historial represivo del “Góber Bala”

El 19 de diciembre de 2014 Rubén Sarabia Sánchez fue detenido en Puebla y acusado de un supuesto despojo de tierras en Tlaxcala. Aunque no había querellante, tierras ni evidencia de que este dirigente social poblano hubiera viajado a aquella entidad, el gobierno de Rafael Moreno Valle lo encarceló.

Conocido como Simitrio, Sarabia es dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), organización que por su apoyo a diferentes causas fue considerada ese año como “columna vertebral del movimiento social poblano” por el Tribunal Permanente de los Pueblos y que ya denunciaba una maquinaria represiva en Puebla.

Su esposa, Rita Amador, asumió el mando de la UPVA y, tres días después de la detención, convocó a marchar a la Ciudad de México para pedir que la Secretaría de Gobernación interviniera. Cuando el contingente poblano se retiraba después de protestar en Bucareli, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia un comando policial poblano rompió los cristales del vehículo en el que viajaba un hijo de Simitrio, Atl, quien fue ingresado en el mismo penal que su padre en Puebla.

Las golpizas a los miembros de la UPVA se sumaron a desalojos de sus puntos de venta; hubo al menos tres detenidos más durante las protestas que pedían la libertad para los Sarabia y el cese de la persecución a su esposa. Turbas de pandilleros allanaban el Mercado Hidalgo o los enclaves comerciales de la UPVA, o contingentes policiacos sin orden judicial arremetían contra los comerciantes (Proceso 2122).

El 9 de diciembre de 2015 la policía detuvo a Xihuel, otro de los hijos de Sarabia. Y el 5 de abril de 2016, en las inmediaciones del Mercado Hidalgo, secuestraron a su hija Meztli; la liberaron horas después, amenazada y golpeada. El 29 de junio de 2017 fue asesinada a tiros en las oficinas de la UPVA. Junto al cuerpo de la joven, un mensaje: “Sigues tú Simitrio”.

La UPVA y Simitrio nunca dejaron de acusar a Moreno Valle de estar detrás de cada acto represivo, incluso en su sexenio extendido en la figura del gobernador Antonio Gali, incondicional del exmandatario, periodo de terror en el que cientos de personas fueron víctimas de agresiones, acoso, amenazas y detenciones por oponerse lo mismo a políticas gubernamentales que a megaproyectos de infraestructura.

Espionaje y asesinatos

El pasado proceso electoral en el que se encumbró Martha Érika Alonso como gobernadora tuvo un saldo trágico: 11 actores políticos fueron asesinados en Puebla, según el Indicador de Violencia Política en México, que integró la agencia privada Etellekt Consultores.

Así, Puebla se convirtió en la tercera entidad con mayor violencia política, sin considerar el historial de homicidios desde el 2 de julio de 2013, cuando fue asesinado Óscar Samuel Malpica Uribe, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y antiguo militante de partidos de izquierda.

La oposición, incluida la priista, sumó 19 asesinatos desde el de Malpica a la estadística de opositores al morenovallismo muertos, según un recuento realizado por La Jornada de Oriente. En cada oportunidad los gobiernos de Moreno Valle y de Gali justificaron los crímenes como asuntos personales o venganzas políticas ajenas a su ámbito de actuación.

La sola negativa del gobierno estatal bastó para dejar la mayoría de los crímenes en la impunidad, como también ocurrió con las acusaciones de espionaje político desde el gobierno de Puebla.

En 2017, la adquisición y operación de Hacking Team por parte del gobierno de Moreno Valle se convirtió en un escándalo momentáneo, luego de que se revelaran los gastos exorbitantes en el servicio de infección a teléfonos inteligentes, y de que Fernando Manzanilla, primer secretario de Gobierno en la administración del recién fallecido poblano, confirmara la adquisición al reportero Álvaro Delgado (Proceso 2122).

La marca del morenovallismo

Como comisariada ejidal en San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, Enedina Rosas Pérez condujo los trabajos de la asamblea en la que los habitantes de la zona del Popocatépetl rechazaron que por su territorio pasara un gasoducto para alimentar una termoeléctrica en Yecapixtla.

A sus 60 años se había convertido en una de las dirigentes más representativas de los pueblos del volcán que en Tlaxcala, Puebla y Morelos se oponían al proyecto de construir dos termoeléctricas, aprovechando el agua del valle de Cuautla, y un enorme gasoducto que bordearía las faldas del Popo.

El 6 de abril de 2014 un equipo policiaco llegó a San José Teruel, donde se sumaban al rechazo al megaproyecto. Amagaron con sus armas a todos los asistentes y detuvieron a Enedina sin orden judicial.

Al día siguiente, Juan Carlos Flores, uno de los organizadores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Tlaxcala, Puebla y Morelos, acudió a las oficinas del ombudsman poblano para poner una queja por la detención de la ejidataria, pero al salir del inmueble ya lo esperaba la policía. Lo detuvieron. Permanecería preso el resto del año, hasta que logró su libertad bajo caución convertido para entonces en uno de los 54 dirigentes sociales presos durante el sexenio de Moreno Valle, según los informes sobre represión que cada año integra el Comité Cerezo México.

El morenovallismo era señalado por dirigentes indígenas por su talante represor. Ante la suma de casos, en marzo de 2014 integraron el Frente Indígena Campesino de México (Ficam) que en la Sierra Norte tuvo su plenaria para sumar oposiciones de todo el país que, por razones ambientales y sociales, exigían consulta indígena previa, libre e informada, así como el cumplimiento de normatividad ambiental.

El 4 de junio de 2014 Antonio Esteban Cruz fue asesinado en El Rincón, un paraje de la ribera del río Apulco donde la Comisión Federal de Electricidad quería construir una de las hidroeléctricas que proyectó para la Sierra Norte.

Cruz había formado parte del grupo de ancianos y dirigentes sociales serranos que fundó el Ficam, cuyos miembros sumaban al menos 14 casos de agresión documentada, además de amenazas y hostigamientos. 

Poco se sabía de los intereses que Rafael Moreno Valle Suárez –padre del gobernador, inversionista de los sectores turístico, financiero y energético– tenía sobre los megaproyectos, particularmente de la hidroeléctrica que Grupo México quería construir en la serranía poblana, excepto por el seguimiento local que había realizado el diario La Jornada de Oriente en enero de 2013.

Para entonces, el gobierno de Moreno Valle se había convertido en uno de los más represores del país, acumulando víctimas de golpizas, detenciones arbitrarias y asesinatos que, para organizaciones de derechos humanos, eran ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el contexto de conflictos sociales; particularmente este año, con Antonio Gali, fueron asesinados otros dos dirigentes de la Sierra Norte de Puebla: El 14 de mayo fue Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular; un par de semanas después, el 2 de junio, con tiro de gracia fue encontrado Adrián Tilihuit, activista de oposición a los mismos megaproyectos.

“Góber Bala”

Una protesta contra una decisión administrativa que implicaba cerrar oficinas del Registro Civil en las juntas auxiliares de Puebla terminó con un niño muerto y dio el apodo con que se conocería a Moreno Valle: El Góber Bala. 

El 9 de julio de 2014 la protesta en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan devino en un acto de represión en el que perdió la vida –por un tiro en la cabeza– el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Moreno Valle se había obstinado en sacar adelante una Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, iniciativa que implicaba el uso de armas letales y, aunque en la redacción final no quedó en esos términos, era claro que en consonancia con la tendencia de otras entidades, como la Ciudad de México, se intentaba crear una ley a modo para abatir la protesta social. En Puebla se conoció como “Ley Bala”.

Aunque fue derogada por el propio Moreno Valle, hubo al menos siete agresiones colectivas contra protestas sociales en el resto de su mandato, dejando más de 600 víctimas, según los datos consultados en los informes anuales del Comité Cerezo.

Pero fue el operativo de San Bernardino el que fue considerado como una de las 19 violaciones graves a los derechos humanos que hasta ahora ha integrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las cuales se hicieron 11 recomendaciones.