La égida de la soberanía cultural y el T-MEC

A Julio Scherer García,

impertérrito defensor de la soberanía.

In memoriam

En los albores del presente siglo la compañía canadiense Glamis Gold realizó fuertes inversiones en el sur de California con miras a la prospección de minas de oro como parte del plan conocido como The Imperial Project. Ante ello, los gobiernos federal de los Estados Unidos y estatal de California adoptaron importantes medidas ambientalistas en la región, lo que provocó que la empresa demandara a ambos por considerarlas violatorias de sus derechos como inversionista, conforme al Capítulo XI (Artículo 1105/1) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora Capítulo 14 del T-MEC.

Glamis Gold alegó que esas disposiciones resultaban lesivas para sus intereses económicos (Glamis Gold vs. United States of America. State.gov/s/1/c10986.htm, junio de 2009), toda vez que eran contrarias a un trato justo y equitativo y menoscababan las garantías del inversionista.

El laudo arbitral, sin embargo, favoreció a los estadunidenses, cuyo gobierno ponderó el respeto y protección de los derechos colectivos culturales de comunidades específicas, en este caso los de la tribu Kwatsáan, asentada en Fort Yuma Quechan, que comprende Arizona, California y el estado mexicano de Baja California.

La sentencia fue contundente: Glamis Gold había transgredido el entorno de las tierras ancestrales de esa etnia, por lo que existían bases para legitimar la adopción de medidas conservacionistas. 

Este precedente comporta diferentes aristas –la prevalencia del orden cultural sobre los intereses crematísticos, el respeto a las tierras sagradas de las comunidades y el vínculo de éstas con esos territorios, entre otras–, fortalece el argumento de que los individuos no viven en forma aislada, sino que necesitan de su núcleo comunitario para darle a su vida valor y significado, y, sobre todo, demuestra claramente el tránsito de una soberanía tribal a una soberanía cultural.

La soberanía

En la actualidad existe consenso en que la idea de soberanía se ha fundado en tres vertientes a lo largo de su historia: la social, la cultural y la política. Vinculada primero al poder espiritual, la soberanía transitó al poder temporal; así lo demostraron los monarcas europeos al afanarse en su emancipación del poder papal. 

Fue en el siglo XVI cuando se reconoció la autonomía del poder temporal, lo que dio nacimiento a la concepción del Estado en su versión occidental; este postulado dominaría la teoría política durante mucho tiempo. En este contexto y en el ámbito cultural Francisco I, rey de Francia, a través de la ordenanza de Villers-Cotterêts, sustituyó el latín por el francés en el sistema judicial y en la administración pública.

En el siglo XVII el Tratado de Westfalia le reconoció al Estado nacional el derecho a determinar la religión dentro de sus fronteras y organizó la violencia legítima sobre sus súbditos, lo que marcó sin duda el fin del feudalismo. La consecuencia fue la creación de la monarquía absolutista, teorizada por Jean Bodin (1529-1596) en Francia y Thomas Hobbes (1588-1679) en el Reino Unido. Con base en este nuevo orden, el soberano encarnaba una entidad abstracta de naturaleza colectiva, en nombre de la cual se tomaban todas las decisiones políticas. 

Le corresponde a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en su Contrato social introducir la idea de soberano como una entidad colectiva de donde emana la voluntad general. De acuerdo con esta concepción, el pueblo soberano debe prevalecer sobre los individuos que persiguen sus propios intereses; principio que se sintetiza en la prevalencia del interés general sobre el individual.

La noción del monarca como depositario de la soberanía se transfiguró por la de la soberanía de la nación a través del parlamentarismo británico y de la Francia revolucionaria. En esa forma la declaración francesa de los derechos del hombre de 1789 dispone de manera contundente que la soberanía reside esencialmente en la nación. 

El proceso evolutivo es evidente: del derecho divino se transitó a la soberanía de la nación, para culminar con la del pueblo. En nuestra época se ha impulsado una reconcepción de la idea de soberanía que ha generado torrentes de tinta y una aceptación tan vertiginosa como sorprendente. En el centro del debate está la representación soberana del pueblo que cuestiona el sistema democrático representativo. 

También se ha recurrido a un alegato soberanista para introducir un modelo fluido, menos rígido y centralizado, como una forma de principio de subsidiariedad en la expresión popular. La polémica al respecto no es asunto menor. 

A lo anterior se suman cuestionamientos a torno a la democracia directa que se ejerce mediante expresiones públicas informáticas que no aseguran la representatividad de los grupos sociales organizados. Más aún, las redes sociales son manipuladas a tal punto que pueden ser orientadas, y a ello habría que agregar además la desigualdad técnica, social y cultural en cuanto al acceso a esas mismas redes. 

De manera concomitantemente se inicia el debate sobre la democracia deliberativa propuesta en su inicio por John Rawls y Jürgen Habermas (Jean Gabriel Ganascia, Eric Germain y Claude Kirchner). 

El modelo europeo soberanista no dejó de exhibir insuficiencias. Baste recordar las infaustas Compañías de las Indias, que introdujeron sistemas de legalidad paralelos con los cuales subvirtieron los órdenes jurídicos en donde se asentaban. Si bien ello le dio funcionalidad al colonialismo, albergó al mismo tiempo el germen de su destrucción ulterior.

Es en el siglo XX cuando, como una reacción al sistema colonial, se desarrolla el principio de la libre autodeterminación de los pueblos; postulado que fue reconocido inicialmente en la Carta fundatoria de la Organización de las Naciones Unidas (artículo 1.2) y posteriormente en su primera expresión cultural: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Diario Oficial de la Federación (DOF) del 12 de mayo de 1981). 

En la década de los ochenta se impulsa la teoría antropológica del Estado, en la cual la cultura toma un lugar preponderante. Se inicia con la Declaración de Mexico de 1982, con motivo de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales. La cultura o culturas devendrían en lo sucesivo una noción contingente, híbrida, dinámica y fluida; la consecuencia era fácilmente previsible: una aleación de las culturas con la soberanía.

Esta última dejó de ser una categoría analítica para convertirse en una representación concreta de la política. La soberanía cultural no intenta concentrar el poder en un ambiente específico; tampoco propone instituciones ni persigue objetivos específicos como la justicia o el orden. La soberanía cultural destaca los vínculos del poder político con otras formas de autoridad.

Las tesis antropológicas y etnográficas terminaron por cuestionar la vigencia universal de la representación soberana del modelo de Estado europeo. En efecto, la funcionalidad de Estados no europeos responde a códigos distintos; incluso en Estados que, como el mexicano, adoptaron el modelo europeo, en su espectro social se identifican representaciones legítimas alternativas de poder, como son las minorías.

La soberanía cultural aspira a tener un carácter heurístico; para ello hubo que abandonar el modelo de Estado europeo y su matriz cultural. El fundamento de la identidad cultural colectiva consiste en el postulado de la libre autodeterminación de los pueblos, y su corolario cultural es el principio de la autogeneración de la cultura. 

En este ámbito, las culturas se emplean como un recurso social y político para legitimar las exigencias de minorías en cuanto al reconocimiento de sus derechos, de sus reivindicaciones en favor de la práctica social de tolerancia, así como de su combate en contra de la exclusión y el desdén social. Asimismo, este recurso político logró configurar las manifestaciones culturales como una expresión de los derechos humanos.

De esta manera las minorías se convierten en constelaciones culturales de poder en el espectro social; constelaciones que, a su vez, deberían considerarse como paradigmas armónicos en donde pudieran florecer la interacción y el diálogo cultural. En nuestro medio, sin embargo, estamos muy lejos de ello; prevalecen tensiones sociales propias de este proceso evolutivo, objeto de análisis bajo categorías como hibridación, aculturación y asimilación, que coadyuvan a explicarlo.

El multiculturalismo

A partir de la década de los ochenta el multiculturalismo se convirtió en un ideal político inserto en un programa global El presente ensayo, empero, privilegia el análisis del multiculturalismo en México, que puso de relieve no solamente la diversidad cultural mexicana, sino sobre todo las diferencias culturales y los reclamos de articulación social. 

Pese a los esfuerzos de emancipación social que pueden observarse, no dejan de persistir las asimetrías y las oposiciones binarias.

La experiencia más relevante en la materia es sin duda la reforma al artículo 2° constitucional; la revisión del Diario de los Debates, especialmente el del Senado de la Republica, es indubitable al respecto. 

El Estado mexicano asimiló el multiculturalismo con base en dos ejes: la nación mexicana es única e indivisible y la unicidad del sistema jurídico (DOF, 11 de junio de 2011); aleación que, sin embargo, niega el pluralismo jurídico, de ahí que esa reforma haya sido catalogada como conservadora. Aquí, la tensión entre las nociones de nación y la de etnias es evidente, lo que quedó corroborado con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 28 de diciembre de 2016), aprobada, para decir lo menos, con precipitación, toda vez que ignoró la noción de tierras sagradas y rechazó considerar los itinerarios culturales, como en el caso de los huicholes o wixárikas.

Nuevos acechos se ciernen ahora en esta nueva época digital: en el T-MEC México convino, a diferencia de Canadá, un régimen libérrimo en ese ámbito, lo que significa que los actores dominantes en el espectro denominado GAFAMI (Google, Apple, Facebook. Amazon, Microsoft e IBM), cuyo equivalente chino es BATX (Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi), son los que determinarán en lo sucesivo los contenidos culturales mexicanos. 

Epílogo

La soberanía cultural se ha convertido en un recurso político que legitima aspiraciones en el proceso social. Las culturas se emplean por lo tanto como una vía de legitimación, y su amalgama con la soberanía las convierte en instancias de decisión política y de satisfacción de exigencias tanto individuales como colectivas (Gregor Feindt, Bernhard Gissibl y Johannes Paulmann).

Los actores dominantes en el espectro social han debido adaptarse a la soberanía cultural en tanto que ésta funge como una instancia con capacidad decisoria en la reafirmación de la libre autodeterminación de grupos y comunidades culturales y, con ello, del principio de autogeneración de la cultura. 

La soberanía cultural pudo sustantivar nociones emergentes abstractas en el ámbito universal, como son las de civilización, región, nación, patrimonio cultural y transmisión cultural intergeneracional, y sobre todo la de humanidad como ente colectivo soberano. Uno de los derechos de ésta que suelen ser destacados consiste en que la identidad y el legado culturales, elementos primarios de composición de este tipo de soberanía, han servido para neutralizar decisiones culturales deletéreas de Estados nacionales. Con ello la soberanía cultural ha demostrado ser un mecanismo valioso para la estabilidad social. 

Ahora, en el umbral de la era digital, el país enfrenta desafíos que obligan al diseño de nuevas formas de defensa de la soberanía cultural. Habrá que repetirlo una y otra vez: el derecho soberano del Estado mexicano es el de conservar, adoptar e implementar políticas que estime oportunas para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales en su territorio. La soberanía informática, y con ello la cultural, queda pues en el primer plano de la discusión.

Es más que una candidez imaginar que los servicios dominantes en línea, motivados fundamentalmente por intereses crematísticos, van a fomentar los valores mexicanos y respetar los códigos que se determinen para los medios de comunicación mexicanos. Mélanie Joly, quien fuera ministra del Patrimonio canadiense, hizo hincapié en que, al final de las negociaciones del T-MEC, Canadá había defendido con enjundia sus industrias culturales. En contraste, la política cultural mexicana, si es que la hubo, se extravió en la inmensidad del oscurantismo. 

 

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.