Un país, dos presidentes… y la gran crisis

La atención mundial está centrada en Venezuela, donde en medio de una grave crisis humanitaria y violencia callejera, los ciudadanos vivieron la semana que concluye con una situación singular: la de tener dos presidentes. Ambos apelan a la Constitución y al apoyo popular para tratar de legitimarse, y mientras las fichas internacionales se alinean de un lado u otro, decenas de personas han muerto en días de crispación política y social…

CARACAS.- Venezuela ha sido noticia durante meses por la crisis económica y humanitaria que vive, la emigración masiva de sus ciudadanos y la conflictividad social y política. Pero esta semana ese panorama llegó a un clímax insospechado: dos presidentes se pelean el poder y el resultado ha sido un escándalo mayúsculo, un pronunciamiento militar fallido y mucha violencia en las calles.

Nicolás Maduro reclama su segundo mandato en la Presidencia de la República amparado en las elecciones de mayo de 2018, mientras Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se acoge al artículo 233 de la Constitución venezolana para asumir como mandatario encargado:

“Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.”

Las elecciones de mayo de 2018, que dieron el triunfo a Maduro, han sido severamente cuestionadas.

La Unión Europea, la OEA, Estados Unidos y 14 países congregados en el Grupo de Lima desconocieron los resultados por considerar que el proceso tenía vicios e irregularidades y, por tanto, no reconocen a Maduro como presidente legítimo. Con el gobierno anterior México se apegó a este desconocimiento, pero la administración de López Obrador ya se separó de dicha instancia.

Con este argumento de ilegitimidad, el presidente del Parlamento decidió ampararse en la Constitución para asumir la Presidencia de la República. En un acto masivo, el miércoles 23, Juan Guaidó juró como “presidente encargado”. Ese mismo día Maduro reiteró su liderazgo ante sus propios seguidores, también en un acto público, y presumió del respaldo militar así como del apoyo de los gobiernos de Turquía y Rusia.

De esta forma, el miércoles 23 fue el día en que Venezuela se empezó a debatir entre dos presidentes. Pero las implicaciones internacionales e internas que esto supone van más allá de la “curiosidad” de un doble mandato.

El artículo que cita Guaidó habla de una “falta absoluta” del presidente electo. Pero la Constitución no prevé el complejo escenario de Venezuela.

“El caso actual es aún peor de lo que contempla el artículo 233 porque no hay un presidente electo que cumpla los supuestos que señala ese artículo (muerte, renuncia o destitución; incapacidad física o mental; abandono del cargo o revocación popular de su mandato), sino que no tenemos presidente electo porque el intento de Maduro en mayo de 2018 fueron unas elecciones ilegítimas, desconocidas dentro y fuera de Venezuela”, explica Luis Alfonso Herrera, abogado constitucionalista y filósofo venezolano.

Dado este vacío constitucional sobre cómo actuar en este caso, el analista internacional venezolano Alejandro Linares coincide con Herrera en que lo que procede es la aplicación del 233.

Herrera aclaró que la juramentación de Guaidó no se puede considerar una “autoproclamación”, como la han calificado Maduro y algunos medios internacionales. “Es muy grave el uso de esa palabra porque apunta a que una persona, sin tener base constitucional, decide asumir un cargo que no le corresponde. Fue una juramentación conforme al artículo 233, que es una condición constitucional necesaria y temporal, ya que se debe convocar a elección presidencial tan pronto estén dadas las condiciones”.

Además aseguró que de no hacerlo, Guaidó hubiese incurrido en incumplimiento de su obligación como presidente de la Asamblea Nacional, según la Constitución.

Los pobres se alzaron

Paralelamente a las acciones políticas de Maduro y Guaidó, habitantes de las colonias populares salieron a protestar en varios estados. Todo comenzó con el alzamiento militar de la madrugada del lunes 21, cuando un grupo de oficiales tomó por asalto un comando de la Guardia Nacional en Cotiza, en el noroeste de Caracas.

Este sector popular alberga a una comunidad de bajos recursos que al enterarse del alzamiento militar salió a manifestar su apoyo a los sublevados y para exigir la salida de Maduro. En el resto del país hubo protestas similares.

Los sectores populares han apoyado a la llamada Revolución Bolivariana desde la época de Hugo Chávez. Sin embargo, esta semana hubo fuertes protestas espontáneas que no respondían a un llamado político de la oposición.

En estas protestas hubo una veintena de muertos hasta el jueves 24, según cifras de Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Por su parte, el Foro Penal reportó el mismo día que hubo 332 detenciones arbitrarias entre el lunes 21 y el miércoles 23, y advirtió que seguía recibiendo y procesando denuncias de más detenciones.

Las fuerzas que apoyan a Maduro cerraron filas y se pronunciaron un día después de la juramentación de Guaidó. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, emitió un comunicado en el que expresa el respaldo del alto mando militar a Maduro. Calificó la juramentación de Guaidó como un “golpe de Estado” dirigido desde Estados Unidos.

Los gobernadores chavistas en 18 de los 23 estados de Venezuela, así como los concejos municipales de mayoría oficialista, también declararon a favor de Maduro y rechazaron al presidente encargado. 

Maduro además contó con el respaldo del Poder Judicial, representado en el Tribunal Supremo de Justicia, así como del Consejo Moral Republicano, integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. 

Asimismo Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), reiteró su lealtad a Maduro. Todos estos organismos están cuestionados en su legitimidad por la oposición interna y la comunidad internacional que apoya a Guaidó.

Reacción internacional

La comunidad internacional se pronunció por uno u otro contendiente. Estados Unidos fue el primero en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Le siguieron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico. También lo respaldaron Albania, Dinamarca, Georgia, Kosovo y el Reino Unido. 

A Maduro le reiteraron su apoyo Rusia, Turquía, Bolivia, Cuba, Nicaragua, China y El Salvador. El gobierno de López Obrador dijo que México se mantendrá apegado a los preceptos constitucionales. “No queremos pleito”, aseguró.

La OEA discutió el caso Venezuela el jueves 24. En la sesión, 16 países ratificaron que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela, mientras Bolivia, El Salvador, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas apoyaron a Maduro. México y Uruguay se abstuvieron en esa sesión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, intervino para exhortar a la organización a reconocer a Guaidó como presidente encargado, al igual que lo hizo Donald Trump. 

El Parlamento venezolano nombró a un representante ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, y el siguiente paso sería nombrar embajadores en los países que reconocen a Guaidó. Este fue un paso clave, explica el analista internacional venezolano Alejandro Linares.

“Es prudente la espera (en la designación de embajadores). En las relaciones internacionales (Guaidó) debería ir ocupando espacios progresivamente. Ya ocupó uno importante en la OEA, porque ahí están representados todos los países del continente”, explicó.

Tras la juramentación de Guaidó, Maduro rompió relaciones con Estados Unidos y le dio un ultimátum al personal diplomático y consular de ese país: tienen “72 horas para que abandonen el país”, dijo. 

El plazo se cumple este domingo 27. También anunció el retiro de todo su personal de las embajadas y consulados en Estados Unidos. El gobierno de Trump anunció que no acatará la expulsión y el jueves 24 presentó ante Guaidó las credenciales de sus funcionarios en Venezuela.

Dualidad presidencial

De acuerdo con Linares, Maduro está en desventaja ante el mundo, pues Guaidó tiene facultades para ejercer la presidencia de la república no sólo por haberse juramentado amparado en el artículo 233, sino porque “es el individuo al que la comunidad internacional mayoritariamente ha reconocido como presidente de Venezuela” y a la Asamblea Nacional como única autoridad legítima del país.

“Las facultades para establecer o romper relaciones diplomáticas, las facultades para designar embajadores o representantes permanentes, incluso las facultades para recibir las cartas credenciales de embajadores que sean designados en Venezuela por otros países recaen ahora en Juan Guaidó”, dice Linares a
Proceso.

Destaca que Maduro todavía tiene el apoyo de algunas naciones caribeñas que han recibido petróleo venezolano mediante acuerdos energéticos. “Aún hay países que no están convencidos de respaldar a Guaidó porque no están seguros de la constitucionalidad de lo que sucedió el miércoles 23. Habría que explicarles que la juramentación está ajustada a derecho y es constitucional”, acota.

Respecto a la ruptura con Estados Unidos, descarta que la fuerza militar venezolana emprenda alguna acción contra el personal o su sede. 

“No puede atentar contra los diplomáticos ni contra la sede de la embajada porque tienen inmunidad diplomática y están protegidos por la convención de Viena. Existe el principio de extraterritorialidad, el territorio donde está la embajada no le pertenece a Venezuela sino a Estados Unidos. Hacerlo traería consecuencias más allá de las diplomáticas y no creo que Maduro ni los militares que aún lo apoyan estén dispuestos a asumirlas”, explica.

De acuerdo con el texto constitucional en el que se ampara Guaidó, tiene 30 días para convocar a elecciones presidenciales.

En el ámbito internacional, entre las acciones a tomar por parte del “presidente encargado”, Linares vislumbra acudir a la ONU para designar un representante, como ya lo hizo ante la OEA, y luego embajadores.

“Debería nombrar embajadores en los países clave que ya lo han reconocido y el resto le correspondería al nuevo presidente que resulte de la elección que ha de convocarse en los próximos días”, dice. 

Por su parte, Herrera apunta que es necesario el nombramiento del gabinete ejecutivo de Guaidó para ejercer la presidencia temporal. “Los actos simbólicos son importantes en derecho constitucional y la democracia, pero no son suficientes. Está el principio de efectividad del poder, lograr materializarlo en la práctica. De modo que una de las principales medidas es la formación de su gabinete, algo muy complejo porque corren el riesgo de persecución por la fuerza pública que todavía controla Maduro”, acota.

La necesidad de esos nombramientos radica en la obligación constitucional que tiene un presidente, interino o no, de tomar decisiones en el Consejo de Ministros. Para lograr convocar las elecciones que indica el 233 se requiere un CNE imparcial, ya que el actual se ha mostrado leal a Maduro.