ELN: El regreso a la guerra

La amenaza de la guerra vuelve a cernirse sobre Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional reapareció con un atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en la capital, con saldo de 21 muertos. Bogotá se daba por satisfecha con el acuerdo de paz logrado con las FARC, pero se olvidó del otro grupo guerrillero, que sigue vivo y actuante y con el que, paradójicamente, hay pláticas de paz en Cuba.

BOGOTÁ.- El pasado jueves 17, dos años y dos meses después de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, cuando parecía que Colombia había dado vuelta a la página del conflicto armado interno, el rostro de la guerra se volvió a presentar de manera intempestiva y cruda.

Las escenas de un carro bomba aún humeante y de cuerpos desmembrados en la Escuela de Cadetes de la Policía (ECP), en el sur de esta capital, parecían sacadas de los tiempos de la guerra con el Cártel de Medellín o de la etapa más dura de la confrontación con las FARC, cuando el terrorismo llegó a las principales ciudades de Colombia.

El ataque al plantel de formación policial, que dejó 21 muertos –20 cadetes y el guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que hizo estallar una camioneta con 80 kilos de pentolita– anuló cualquier posibilidad de negociación inmediata con esa organización rebelde, la única que queda activa en Colombia, y puso al país en la ruta del regreso a la guerra.

Tras el atentado explosivo, y luego de que los organismos de seguridad habían atribuido la autoría al ELN, el presidente de Colombia, Iván Duque, desconoció como interlocutores a los 10 delegados de esa guerrilla que habían sostenido desde La Habana diálogos informales con su gobierno para un eventual proceso de paz. 

Además, pidió a Cuba entregarlos a la justicia colombiana y advirtió: lo que viene ahora es una persecución al ELN “con toda las capacidades ofensivas y sancionatorias del Estado”.

El grupo insurgente, que nació en 1965 con un ideario guevarista, se atribuyó el lunes 21 el atentado, lo justificó con el argumento de que la ECP “es una instalación militar” y sostuvo que fue una acción “lícita dentro del derecho de la guerra”.

Según el ELN, en el ataque “no hubo ninguna víctima no combatiente”. Pero el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, dijo que entre los 68 heridos que dejó la explosión figuran tres menores de edad, entre ellos una niña de tres años. 

Duque viajó al nororiental departamento de Arauca, bastión del ELN, y anunció una ofensiva de la fuerza pública contra esa guerrilla. El plan militar incluye bombardeos aéreos a los campamentos del grupo armado y una embestida contra sus redes urbanas, las cuales son determinantes para su accionar terrorista.

El ELN, por su parte, atacó con granadas un cuartel policiaco en Saravena, Arauca, donde dos guerrilleros fueron abatidos por los uniformados de guardia, y en un paraje rural disparó contra militares que custodiaban una zona de reincorporación de excombatientes de las FARC.

El comandante Uriel, jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN, advirtió en un mensaje de audio que “la orden de combate es permanente”, por lo que se pueden esperar más acciones armadas del grupo insurgente.

Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Víctor de Currea Lugo lo que está en marcha en el país es una escalada de violencia de consecuencias imprevisibles. 

“Esto es la vuelta al conflicto armado, con todo lo que significa para la población civil: muertes, ataques, desplazamientos forzados, restricción de libertades, represión…”, dice el doctor en América Latina de la Universidad Complutense y uno de los académicos colombianos que mejor conoce al ELN.

Este regreso a la confrontación ocurre precisamente cuando Colombia, como resultado del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las FARC, registraba los menores niveles de violencia en varias décadas.

En 2017, cuando se inició el proceso de reincorporación a la vida civil de esa exguerrilla, Colombia tuvo la más baja tasa de homicidios de los últimos 42 años: 24 por cada 100 mil habitantes. 

Y en 2018 las “acciones subversivas” y los “actos de terrorismo” representaron apenas 13% de los reportados en 2012, cuando se iniciaron las negociaciones de paz con las FARC, que hoy son un partido político.

Durante los diálogos con las FARC, diferentes voces advirtieron que no habría una paz completa en Colombia mientras el ELN se mantuviera en armas. 

El anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, intentó sin éxito llegar a un acuerdo de paz con el ELN; el nuevo gobierno dijo que sólo hablaría con el grupo armado si éste cesaba los secuestros y las acciones contra los civiles y la fuerza pública, lo que nunca ocurrió.

Con el ataque a la Escuela de Cadetes, el ELN anuló cualquier posibilidad de diálogo en el corto plazo con el gobierno de Duque y dio al mandatario –crítico del proceso de paz con las FARC– la posibilidad de dar un golpe de timón tras un desplome continuo de popularidad.

Según una encuesta de Gallup del pasado diciembre, Duque, quien había iniciado su gobierno con un apoyo de 47%, sólo tiene el respaldo de 29% de los colombianos, mientras 64 de cada 100 rechazan su gestión.

El presidente colombiano, quien llegó al cargo con el respaldo del exgobernante ultraderechista Álvaro Uribe, no ha dado pasos concretos para cumplir su promesa de modificar los acuerdos de paz con las FARC, algo que la oposición le critica.

En Colombia había un escenario de construcción de paz lleno de obstáculos y desafíos. En 2018 fueron asesinados 172 dirigentes sociales, uno cada dos días en promedio, cifra mayor en 40% a la de 2017. Y desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, 87 excombatientes de ese grupo han sido asesinados. Pero lo que deja el bombazo del ELN es un panorama peor. 

“Ese carro bomba, además de dejar 21 personas muertas, cerró las puertas a la negociación, pateó el apoyo de quienes creemos en la paz, dio legitimidad al gobierno de Duque y nos devolvió a la lógica de la guerra contra el terror”, dice De Currea.

Condena unánime

El ataque del ELN generó un repudio generalizado en Colombia y el mundo. Desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta Latinoamérica entera, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el atentado y pidieron juzgar y sancionar a sus autores materiales e intelectuales.

En Colombia todos los sectores sociales y partidos políticos, desde el ultraderechista Centro Democrático (en el gobierno) hasta la izquierdista Colombia Humana y la exguerrilla de las FARC, rechazaron enérgicamente esa acción y cerraron filas con los familiares de las víctimas.

Para De Currea, el atentado del ELN “es una acción cometida por la extrema izquierda que termina sirviéndole mucho a la extrema derecha” que lidera el expresidente y senador Uribe.

El carro-bomba contra la ECP, dice el académico, alinea por completo al gobierno de Duque “con una postura de extrema derecha contraria a la paz”, que es la que mantuvo durante su gobierno (de 2002 a 2010) Uribe, mentor político del actual presidente.

“Es la lógica de la guerra contra el terror en la que se niegan las causas del conflicto armado colombiano y todo se reduce a un problema de terrorismo”, señala De Currea, quien desde el activismo por los derechos humanos ha impulsado la paz con el ELN.

Pero el atentado del jueves 17, asegura, “significa que el ELN tuvo una gran torpeza en leer el país”.

Recuerda que en 2017 el ELN perpetró atentados explosivos en el barrio La Macarena y en el Centro Comercial Andino en Bogotá, con saldo de cuatro muertos. Y a principios de 2018 mató a seis policías en un ataque a un cuartel policiaco en Barranquilla. 

“Criticamos y condenamos esos hechos, y le dijimos al ELN que ese no es el camino. Pero el ELN parece sordo, no entendió las críticas. Somos muchos los que desde la sociedad civil hemos defendido la agenda de paz con el ELN y hoy sentimos que esa guerrilla no entendió esos mensajes”, asegura.

Dice que la actitud del grupo armado es “terrible y decepcionante”.

Organizaciones civiles y partidos políticos de izquierda han pedido al gobierno de Duque insistir en una salida negociada al conflicto con el ELN, pero el mandatario insiste en que un diálogo sólo es posible si el grupo armado cesa los secuestros, los ataques y las hostilidades a la población civil.

En lo inmediato, el gobernante pide a Cuba que entregue –para juzgarlos por terrorismo– a los 10 delegados del ELN que están en la isla y al comandante en jefe de esa organización, Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, quien convalece en La Habana. 

Cuba ha respondido que el protocolo que firmaron el ELN y el gobierno de Santos para los diálogos que sostuvieron entre 2016 y 2018 establece que, si se rompen los diálogos de paz, los países garantes –Noruega, Brasil y Chile, además de Cuba– y las partes tendrán 15 días para organizar el retorno de los delegados guerrilleros a Colombia.

Noruega apoya esa postura, mientras Chile y Brasil respaldan la solicitud de Colombia de que Cuba entregue a los jefes guerrilleros para juzgarlos por el ataque terrorista del jueves 17. 

En Colombia muchas voces le piden a Duque respetar el protocolo, porque él nunca rompió el diálogo con el ELN al iniciar su gobierno y porque desconocer ese acuerdo haría quedar mal ante el mundo al Estado colombiano. 

Pero la indignación nacional ante el ataque es tanta, que la postura del mandatario tiene el respaldo popular. 

Un enemigo de cuidado

El ELN es una guerrilla que se ha fortalecido en los últimos años. Cientos de exguerrilleros de las FARC, inconformes con el proceso de paz, engrosaron sus filas. 

Y además, como parte de un plan estratégico aprobado en su V Conferencia, en 2014, desarrolló un Frente de Guerra Urbano Nacional que tiene alta capacidad logística y presencia en las principales ciudades del país.

Según estimaciones de organismos de seguridad colombianos, esa guerrilla hoy cuenta con unos 2 mil 500 hombres en armas –el doble que hace tres años– y alrededor de 3 mil milicianos urbanos. 

“Hubo un aprovechamiento audaz del ELN para ir fortaleciendo sus capacidades terroristas”, dice el exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, general Jairo Delgado.

Según Delgado, “la acción terrorista causa un gran impacto psicológico y social y un nivel de intimidación”, pero “no expresa una capacidad militar desarrollada”, como en los 90 la tuvieron las FARC, que pasaron de la guerra de guerrillas a la guerra territorial y de posiciones. 

Pero “en términos de guerra de guerrillas, la correlación de fuerzas está a favor del ELN, por su capacidad para seguir presionando al Estado con una estructura altamente descentralizada”, agrega.

En ese sentido, dice, habrá una intensificación de la confrontación entre esa guerrilla y la fuerza pública y los organismos de seguridad tendrán que cambiar su estrategia.

Delgado señala que el modelo contrainsurgente que se aplicó para combatir a las FARC tendrá que dar paso a un “modelo contraterrorista”, porque hoy la principal capacidad del ELN está en generar terror.

Ese grupo armado, señala, tiene células compartimentadas que actúan en las grandes ciudades del país, las cuales “podrían ser escenarios de estas expresiones de violencia”. 

Para financiar la guerra, el ELN cuenta con los ingresos que le produce su participación en el narcotráfico, en la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el contrabando de ganado desde Venezuela. 

Su principal bastión está en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela.

Según la Fiscalía de Colombia, hay amplia evidencia y testimonios que señalan que muchas cabezas del ELN, entre ellos el poderoso jefe del Frente de Guerra Oriental, Pablito, estarían la mayor parte del tiempo en Venezuela, donde contarían con protección de militares corruptos del vecino país. 

“Este va a ser un elemento que aumentará aún más la tensión en la relación bilateral Colombia-Venezuela”, dice Delgado, quien cree que la comunidad internacional será fundamental para exigir al régimen de Caracas que deje de prestar su territorio a una guerrilla que ante el mundo es hoy responsable de un ataque terrorista que dejó 21 muertos.

Por otra parte, el miércoles 23 el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a Colombia a insistir en una salida negociada al conflicto y pidió al ELN dar el primer paso, liberando a los 16 secuestrados que, según el gobierno colombiano, tiene en su poder.