Peña Nieto aún puede ser juzgado por el caso Odebrecht

En su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo, Santiago Nieto, actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, documenta el modus operandi de la trasnacional brasileña Odebrecht y revela que en el caso de México ésta obtuvo 42 contratos de Pemex. Si bien los delitos electorales ya prescribieron, dice, el expresidente Enrique Peña Nieto –quien actuó con una “visión de clan” para proteger a sus amigos– todavía puede ser juzgado por cohecho.

Los multimillonarios sobornos de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se canalizaron a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas la de Enrique Peña Nieto para la Presidencia de la República, quien aún puede ser imputado por el delito de cohecho, afirma el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo.

“Por cohecho, aún hoy, es posible impu­tarle responsabilidad a Peña Nieto”, escribe el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo.

En el libro, editado por Grijalbo, Nieto Castillo revela pormenores de la investigación que realizó sobre los sobornos de Odebrecht que involucran a Peña y Lozoya, razón por la cual fue destituido en 2017 como titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

“A pesar de que estos procesos ya han salido casi por completo del radar de la justicia, la situación podría cambiar con la alternancia en el poder federal”, advierte el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y acusa a Peña Nieto de encabezar la corrupción y la impunidad en su sexenio.

“Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto de la era moderna de México. Reivindicó a (José) López Portillo, a (Luis) Echeverría y hasta (Miguel) Alemán”, acusa, lapidario, el exfiscal, quien afirma que, aun cuando los delitos electorales en la campaña de 2012 ya prescribieron, es importante acreditarlos para que queden en la historia de México.

“Acreditar que Peña Nieto recibió recursos ilícitos durante su campaña abriría un boquete monumental a la legitimidad de su gobierno de cara a la historia del país. Valdría la pena intentarlo, dado el daño que su gobierno infligió a las instituciones de la transición democrática. La FEPADE debía, a mi juicio, investigar y acreditar las transferencias a la campaña electoral de 2012, y señalar que no se podía sancionar por haber prescrito los delitos, pero que éstos habían existido, y que la elección de Peña Nieto por tanto no había sido del todo legal.”

También deben investigarse, plantea, los delitos cometidos por el PRI en las elecciones locales de 2014, 2015 y 2016 que presuntamente siguen vigentes.

“Esta investigación no ha prescrito. En caso de acreditarse las transferencias monetarias a esas campañas, el probable delito prescribiría en 2026. Por eso les importa tanto a los políticos involucrados que esta indagatoria no llegue a buen puerto. Es más, que no llegue a ningún puerto.”

Y tras afirmar que el involucramiento de Peña, Lozoya y otros políticos de México y de otros países en los sobornos de Odebrecht revela las dimensiones de lo que esta empresa y su manera sucia de operar en América Latina pusieron en juego en el poder político de la región, señala que, en lugar de despedirlo como fiscal, se debió haber frenado la corrupción:

“Pero para Peña Nieto proteger a sus amigos era más importante que cumplir la ley. Yo le llamo ‘dinámica de clan’, tan ajena a la visión de Estado.”

Odebrecht, 42 contratos 

Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo, que terminó con fecha de julio del año pasado y es prologado por el exconsejero electoral Jaime Cárdenas Gracia, detalla el paso de Nieto castillo por la FEPADE y su primer capítulo es precisamente Odebrecht, el caso de la trasnacional brasileña que corrompió a políticos y funcionarios en la mayoría de los países de América Latina.

El exfiscal describe la investigación que, en febrero de 2017, inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR por el delito de cohecho, luego de que Marcelo Odebrecht, jefe máximo de la firma, imputó­ a Lozoya la recepción de 10 millones de dólares a cambio de cuatro contratos de Pemex.

En su libro, indica que la FEPADE intervino para investigar delitos electorales y revela un dato sobre el número real de contratos que obtuvo Odebrecht: “La investigación de la SEIDF hablaba de cuatro, pero nosotros localizamos 42. ¿Dónde estaba el registro de los otros 38 contratos?”

También afirma que, además de los 10.5 millones de dólares que Odebrecht dio a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014, que nutrieron la campaña presidencial de Peña Nieto, entregó otros 6 millones de dólares para elecciones estatales.

“La fiscalía de Brasil, no de México, obtuvo declaraciones de Norberto Odebrecht­ (fallecido en 2014), así como de otros funcionarios imputados de la empresa, en las que se señala que el gigante brasileño realizó pagos indebidos por la suma de 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014, en particular a un personaje siniestro: Emilio Lozoya Austin, director de la paraestatal mexicana, quien recibía los recursos para el apoyo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

“Pero no se trató del único soborno. Lozoya recibió otros 6 millones de dólares que llegaron incluso a entregarse durante el proceso electoral 2014-2015.”

Nieto Castillo recuerda que Lozoya recibió, primero, 4 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012, “como apoyo a la campaña de 2012”, de parte de Luis Alberto Meneses Well, director de Odebrecht en México, quien pidió que los depósitos se hicieran en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban depósitos en otra cuenta a nombre de Innovation-Reserch Engineering and Development.

“Esta empresa ubicada en Antigua estaba a nombre de Olivio Rodríguez, ejecutivo de Odebrecht, encargado de sobornar a políticos de toda América Latina. En México, claro, fueron del PRI.”

Además de asegurar que los sobornos de Odebrecht llegaron a la campaña de Peña Nieto, Nieto Castillo también refiere en su libro que los recursos se canalizaron a las campañas estatales del PRI.

“Esos recursos ilícitos circularon por Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y el Estado de México aun antes de la elección presidencial de 2012”, subraya el funcionario, quien detalla también los mecanismos para transferir los sobornos.

“En el caso específico de Lozoya, Odebrecht le pagaba de manera triangulada por medio de varios esquemas. Uno de ellos consistía en depositar desde una cuenta en Suiza a una empresa en las Islas Vírgenes, relacionada con otras firmas en México y supuestamente en las Islas Caimán. El sistema fiscal más cercano al paraíso… de la corrupción y el ocultamiento de datos.”

El actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, cuya misión es investigar operaciones ilícitas en el sistema financiero, cuenta que como fiscal electoral debió investigar a Odebrecht tras sendas denuncias de Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Comenzó con la revisión de los contratos detectados por la SEIDF y se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informacion sobre Lozoya y todas sus empresas, sobre todo las actas constitutivas, los datos fiscales, entre otra información financiera.

Además de investigar si Lozoya había sido funcionario del PRI, se buscó, vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), información sobre los contratos de Odebrecht con Pemex, que resultaron ser 42.

También solicitó información a la justicia de Brasil con tres objetivos: entrevistar a Marcelo Odebrecht, tener acceso a la información del caso, en posesión de la fiscalía de ese país, y determinar si existía la manera de probar que se habían hecho transferencias de dólares con destino a algún proceso electoral mexicano.

Nieto Castillo afirma: “Las transferencias detectadas correspondían a 2010 y 2011 en cuanto a elecciones locales, y a 2012, cuando se llevó a cabo la elección federal que usó en Los Pinos el priista Enrique Peña Nieto. Con todo, los delitos electorales que se hubieran perpetrado en aquellos comicios ya habían prescrito, así que no alcanzarían la pena considerada por la ley mexicana (de dos a seis años de prisión)”.

Y puntualiza: “Lo anterior quiere decir que la elección del político mexiquense está fuera del alcance imputable, al menos, insisto, como delito electoral, pero no por el delito de cohecho. Por cohecho, aún hoy, es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto”.

La caída

En la introducción de su libro, Nieto Castillo expone que se trata de una crónica que quiere aportar un grano de arena al esfuerzo colectivo para evidenciar lo que sucedió en el sexenio de Peña Nieto.

“Durante ese periodo, que abarca desde poco antes del inicio del proceso electoral de 2012 y culmina con la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por implantar su voluntad y trasladar las metodologías políticas de una entidad, el Estado de México, a toda la República. 

“Es obvio que fallaron, pero en el esfuerzo lastimaron a personas e instituciones. Sus historias mercen contarse para impedir que haya otra administración que de forma tan acelerada corrompa hasta el último espacio de vida pública para proteger sus intereses. El país no aguanta otro sexenio con estos niveles de corrupción e impunidad. Simplemente, de 2012 a 2018, se llegó a lo intolerable”.

En su libro, Nieto Castillo cuenta cómo fue despedido el 16 de octubre de 2017, cuatro días después de que Raúl Cervantes –quien aseguró ante senadores que el caso Odebrecht estaba concluido– renunciara a la PGR, debido a que el diario Reforma le atribuyó haber dicho que Lozoya lo presionaba.

Fue el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien lo citó en su oficina para comunicarle que había decidido removerlo como fiscal electoral y él le respondió que no tenía facultades para hacerlo, una larga discusión que finalizó cuando acordaron verse cuatro días después para anunciar la decisión. 

“Te doy mi palabra de que no lo haré público hasta que tú y yo lo hablemos el lunes”, le prometió, ese viernes, el encargado de despacho, pero enseguida filtró la remoción. “La palabra de Alberto Elías había durado unos minutos”, reprocha el exfiscal.

Nieto Castillo supo que, en su oficina de la FEPADE, lo esperaban agentes armados que quisieron derribar la puerta y romper la cerradura para llevarse información de su computadora, en lo que fue parte de una persecución que incluyó una denuncia de Lozoya a través de su abogado, Javier Coello Trejo, “un abogado gangsteril”. 

De por sí el funcionario se había ganado el repudio del gobierno de Peña cuando, en noviembre de 2015, solicitó una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, acusado de comprar votos en la elección federal de ese año a través de tarjetas de descuento cuando encabezaba el Partido Verde Ecologista de México.

Escobar tuvo que renunciar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, lo que generó un cisma en la alianza del PRI con el PVEM, como se lo dijo César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados priistas, al entonces fiscal.

“En los hechos le pegaste al número dos de la coalición gobernante”, le dijo Camacho, quien le explicó que el deslinde del gobierno de Peña respecto a él se interpretaba a la luz “del artículo primero de la ley de hilvanados y tejidos: el hilo se rompe por lo más delgado”.

Aunque Nieto Castillo sorteó el caso Escobar, para quien en febrero de 2017 un juez dejó sin efecto las acusaciones de compra de votos, el choque con el gobierno de Peña se agudizó con el caso Odebrecht, lo que condujo a su remoción. “La impunidad había triunfado. Lozoya no sería investigado”, escribe el exfiscal en su libro.

Nieto Castillo recuerda que Peña Nieto le pidió ser institucional, y cumplió, trabajando para legitimar a la FEPADE frente a la sociedaad. “No le fallé. Creo que él le falló al país por pensar que ser institucional significaba tener lealtades personales perrunas a costa de las propias instituciones. Por pensar con visión de clan y no con visión de Estado”.

Y remata: “En toda América Latina, el escándalo de Odebrecht removió a presidentes y vicepresidentes y terminó con carreras políticas. En México significó la salida de un procurador y la caída de un fiscal electoral… y con ello la caída de lo que le quedaba de legitimidad al régimen”.