Empiezan a salir libres los presos políticos del gobierno anterior

La liberación de los primeros cuatro presos políticos –todos ellos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– es muestra de la buena voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la opinión del Comité Cerezo, que durante 16 años ha documentado el hostigamiento contra dirigentes sociales. La agrupación confía en que se atiendan los casos pendientes, sobre todo ahora que la Secretaría de Gobernación estudia una lista de 368 personas recluidas de manera injusta. Se trata de casos que serán revisados, uno a uno, en forma “exhaustiva”.

Luego de permanecer cinco años preso en el penal jalisciense de Puente Grande, Leonel Manzano Sosa, uno de los primeros presos políticos liberados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura enfático:

“Estuve preso por oponerme a la reforma educativa impulsada por Peña Nieto y también a los intereses caciquiles en Oaxaca. Esa fue la verdadera causa de mi detención.”

Manzano y otros cuatro compañeros oaxaqueños de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron arrestados en mayo de 2013, acusados de delincuencia organizada y de secuestrar a dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

“Esos cargos fueron puro montaje, delitos fabricados sin ningún sustento y con la única intención de golpear políticamente a la CNTE y al magisterio disidente”, agrega Manzano.

–¿Y cómo fue que hoy salen libres?

–Desde su campaña, López Obrador prometió liberar a los presos políticos. Y al llegar a la Presidencia, simplemente se acabó la consigna que durante el gobierno de Peña Nieto había contra los presos de la CNTE. Por lo tanto, las autoridades se ciñeron al debido proceso. Y salimos libres porque no había pruebas que nos inculparan. Así de sencillo.

Junto con Manzano fueron excarcelados, a finales de diciembre pasado, otros cuatro maestros de la CNTE: Lauro Atilano Grijalva, Damián Gallardo Martínez, Sara Altamirano Ramos y Enrique Guerrero, quienes se habían convertido en figuras emblemáticas de la lucha magisterial.

Por encomienda de López Obrador, tanto funcionarios de la Secretaría de Gobernación como Nestora Salgado –quien también fue presa política y hoy es senadora por Morena– se encargan de detectar y contabilizar el número de presos políticos que hay en el país, con miras a su liberación.

El pasado 8 de enero, en conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya fueron excarcelados 16 presos políticos, entre los que se incluyen los de la CNTE. Dijo también que hay una lista de 368 reclusos que también podrían beneficiarse.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de esa dependencia, detalla a Proceso que el documento lo proporcionaron organizaciones sociales y familiares de presos políticos que piden su liberación.

“La lista – dice– fue elaborada con información que nos ha llegado de distintas organizaciones, e incluye a personas que nos piden considerar en el análisis mediante el cual veremos –de acuerdo con su situación jurídica– si pueden considerarse detenidas por su actividad política y su forma de pensar.”

–¿Los casos de estas 368 personas están entonces en revisión? 

–Sí, por supuesto. Todos ellos están sometidos a una revisión exhaustiva, caso por caso. No es la lista de los que van a ser liberados. No, de ninguna manera. Vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido. 

Fabricación de culpables 

Principal encargado en Gobernación de realizar este examen, Alejandro Encinas señala que igualmente analizará más a futuro los casos de los campesinos detenidos por narcotráfico y de las mujeres presas por interrumpir sus embarazos.

“Esto sería objeto quizá de otra amnistía. Aunque las mujeres detenidas por interrumpir sus embarazos están dentro del fuero común, no del fuero federal, veremos qué se puede hacer.”

En sus oficinas del Senado y apoyada por un equipo de abogados, Nestora Salgado también recibe casos de presuntos presos políticos. A mediados de diciembre detectó 199 casos y entregó la información a Encinas, quien a su vez los incluyó en su lista de 368.

Excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Salgado comenta:

“Desde hace años, en México se ha dado una tremenda fabricación de delitos y de culpables. Yo misma fui víctima de esta situación; estuve presa sin tener un debido proceso y acusada incluso de asesinato. Y así hay muchos luchadores sociales arrestados porque les inventaron los delitos de asesinato, secuestro, terrorismo o delincuencia organizada.”

–¿Cómo es que ahora, en el Senado, está dada a la tarea de excarcelar a los presos políticos? 

–Siempre he luchado por los presos políticos. Por eso, cuando el equipo de López Obrador me invitó a colaborar, le aclaré que esa era mi lucha. Ya después me dijo: “Encárgate de los presos políticos”. Y hoy en el Senado, con las pocas herramientas que tengo, estoy en esa tarea. 

Señala que pidió “el apoyo” de varias organizaciones y activistas sociales que trabajan con presos, pues “sólo colaborado juntos puede resolverse el problema”. Menciona concretamente a Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y al religioso Miguel Concha, fundador del Centro Fray Francisco de Vitoria.

Prosigue:

“Así empezaron a llegar los casos. No todos son precisamente de presos políticos, sino también de perseguidos políticos o de encarcelados injustamente, como es el caso de los campesinos utilizados de chivos expiatorios por las bandas del narcotráfico y que hoy llenan las cárceles.

“Aquí en el Senado estuvo apoyándome un equipo de unos 20 abogados, integrado por penalistas, litigantes y de otras especialidades. Su trabajo fue revisar los expedientes. 

“De esta manera surgió la lista de 199 presos que le entregué a Encinas, Algunos casos que recibí aquí, también le llegaron a Gobernación, por lo que se repitieron. Finalmente, se depuró la lista y ahora la están analizando para determinar quiénes son presos políticos”.

Otras peticiones

Salgado detectó casos de presos políticos en 18 entidades, principalmente Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Son luchadores sociales arrestados porque defienden sobre todo el derecho a la tierra y al agua, y ya en menor medida el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la justicia.

Varios de ellos pertenecen a comunidades rurales que, debido a su protesta social por la reivindicación de alguno de estos derechos, fueron arrestados en grupo.

Tal es el caso de los ocho presos de la comunidad de Eloxochitlán, situada en la sierra mazateca de Oaxaca, arrestados en 2014 por protestar contra el cacicazgo político de la diputada local Elisa Zepeda Lagunas que –aseguran– está atropellando sus derechos colectivos.

El pasado 16 de enero, familiares de estos presos dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que exigieron su pronta liberación y pidieron a Nestora Salgado ir a la comunidad para constatar personalmente los atropellos.

La abogada Argelia Betanzos, defensora de estos presos acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio, dijo en la conferencia:

“No queremos que se les aplique una amnistía, sino que la Fiscalía de Oaxaca se desista de esas imputaciones fabricadas.”

Mientras que en Guerrero están, por ejemplo, los casos de Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 15 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), quienes fueron arrestados el 7 de enero de 2018, acusados de homicidio. Fueron torturados durante su detención y actualmente están presos en el Cereso de Acapulco.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hay inconsistencias en la presentación de pruebas en su contra. El caso actualmente se analiza en Gobernación porque, al parecer, los integrantes de este grupo están presos por defender el agua y su territorio.

Por otro lado, en la comunidad de Salazar, municipio de Lerma de Villada, Estado de México, en agosto de 2017 fueron arrestados cinco ejidatarios también por defender su territorio. Actualmente están recluidos en el penal mexiquense de Almoloyita.

Y en Tlanixco, Estado de México, seis ejidatarios fueron arrestados entre 2003 y 2007 por defenderse de los empresarios floricultores que les estaban quitando el agua de su comunidad. Hoy están presos en la cárcel de Santiaguito.

En el convulsionado estado de Tamaulipas está el caso de tres periodistas arrestados en marzo del año pasado: Gabriel Garza Flores, Luis Ignacio Valtierra y Juan Jesús González. Se les acusa del “homicidio” a puñaladas del también periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Los familiares de los presos aseguran que los recluyeron injustamente en el Cereso de Nuevo Laredo, por lo que piden que se esclarezcan los hechos.

El listado de Gobernación también incluye casos individuales de luchadores sociales considerados presos políticos por algunas organizaciones civiles.

En Sonora está el arresto del activista indígena Fidencio Aldama Pérez, miembro de los ocho pueblos yaquis que se oponen a la construcción del gasoducto de la empresa Infraestructura Energética Nova, un megaproyecto de 835 kilómetros que atravesará sus comunidades. Acusado de un homicidio que no se le ha podido comprobar y con un proceso plagado de inconsistencias, Aldama está detenido desde 2016 y purga una condena de 15 años de prisión.

Y en Querétaro, la ejidataria María Ana Ochoa Castillo, quien junto con sus compañeros campesinos de Centenario la Soria luchaba contra la invasión de sus tierras, fue arrestada en febrero de 2017 por el presunto delito de despojo. Actualmente está en la cárcel de San Juan del Río. Algunas organizaciones sociales queretanas, como la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, aseguran que es una “presa política” por defender las tierras y el agua de su comunidad. 

La lucha del Comité Cerezo 

Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, organización centrada en defender los derechos humanos de los presos políticos, índica que algunos de los casos anteriores son muy “públicos y representativos”, y además “constituyen la prueba más fehaciente de que en México hay este tipo de detenciones ilegales”.

Agrega:

“Guerrero es el estado con más presos políticos, tiene una larga tradición de luchadores sociales acusados de guerrilleros. Ahí el gobierno emprendió una guerra contrainsurgente. Parte de ese pasado sigue haciéndose presente.”

–¿Hay la posibilidad de que, en la lista que se tiene, se confunda a presos políticos con delincuentes? 

–Eso es muy difícil porque detrás de cada preso político hay una organización social que reivindica su libertad. Eso ya indica que puede estar preso por motivos políticos. Hay además un abogado que documenta el caso y comprueba que su detención fue arbitraria e ilegal. Y aparte está el testimonio del propio preso. En el Comité Cerezo llevamos 16 años de realizar el censo de los presos políticos. Siempre excluimos a los delincuentes de nuestras listas. ¡Imagínese! Nuestro trabajo se vendría abajo si incluimos a algún delincuente. Caeríamos en el descrédito. 

–¿Qué cifra de presos arrojó el más reciente censo de ustedes? 

–Nuestro más reciente conteo es de agosto del año pasado y la cifra que arrojó fue de 140 presos políticos y de conciencia. Esta lista se la entregamos al equipo de Alejandro Encinas para que la tenga en cuenta.

Indica que los casos más antiguos que documentaron son de militantes de la Unión Campesina Independiente (UCI), arrestados en 1995 y 1996. Mientras que los más recientes son los de 2018, entre los que se encuentran los opositores a La Parota.

Agrega: 

“Ya no queda ningún arrestado del Ejercito Zapatista ni de sus organizaciones adherentes. Tampoco quedan encarcelados de la APPO, que surgió en 2006 y cuyo preso más representativo fue Flavio Sosa. Esos movimientos lograron la libertad de sus presos.”

En los últimos años –dice– hubo una disminución de presos políticos, pero aclara que esto no obedece a una mayor apertura democrática, sino a que se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas contra la disidencia.

“Sale más barato matar a los activistas que mantenerlos presos”, dice.

Junto con otras organizaciones, el pasado 13 de noviembre el Comité Cerezo México entregó a la Cámara de Senadores una propuesta de Ley de Amnistía para ser tomada en cuenta en la liberación de los presos.

Apunta Francisco Cerezo:

“Una Ley de Amnistía da mayor protección, pues además de garantizar la libertad de quienes están encarcelados, también garantiza el cese de la persecución contra quienes son perseguidos y, por último, que se borren todos los antecedentes penales.”

La exigencia de liberar a los presos políticos –comenta– es una “vieja demanda” que cobró fuerza durante el movimiento estudiantil de 1968. Y el grito de “¡Presos políticos libertad!” –agrega– sigue escuchándose con vigor en marchas y mítines de protesta.

“Sin embargo –prosigue– el Estado jamás ha reconocido la catalogación de ‘preso político’. Si lo hiciera, sería aceptar que tiene personas encarceladas por su manera de pensar.”

–Pero el actual gobierno admite que hay presos políticos, y además promueve su libertad. 

–Sí. Estamos viviendo un hecho muy trascendente. De eso no hay duda. Que yo recuerde, nunca antes un presidente de la República había reconocido públicamente la existencia de los presos políticos en el país, a quienes siempre se les dio trato de delincuentes. Es hasta ahora que López Obrador les da por fin ese reconocimiento.

–¿Vislumbra a futuro una amnistía general? ¿O más bien una liberación paulatina de estos presos? 

–Creo que será por goteo; poco a poco irán saliendo. Y como ya sucedió con los recién excarcelados de la CNTE, primero saldrán los presos políticos más visibles y representativos.