En el Senado, propuesta de ley de amnistía de ONG

A raíz de que Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente electo, propuso una Ley de Amnistía para los presos políticos, varias organizaciones sociales, instituciones académicas, defensores de derechos humanos y familiares de estos reclusos presionan para que se promulgue ese ordenamiento y se libere –dicen– a esas personas “cuyo delito ha sido luchar por la democracia”. 

Algunas de esas organizaciones incluso ya elaboraron una propuesta de Ley de Amnistía Federal que le entregaron al Senado para su consideración. Su primer pronunciamiento público lo hicieron el 18 de octubre de 2018 en una carta abierta dirigida a López Obrador. 

Ahí le dicen: “Nos pronunciamos por una Ley de Amnistía Federal que representa un acto de justicia fundamental, de congruencia con el discurso del presidente electo en materia de derechos humanos que posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y, como consecuencia, la gobernabilidad”.

Y señalan que su reclamo no es nuevo: “Hemos exigido en los años 2002 y 2008 la aprobación de una Ley de Amnistía Federal que permita coadyuvar a la transición democrática en nuestro lastimado México, liberando a todos los presos políticos y de conciencia, cesando la persecución política judicial en contra de cientos de mexicanos y borrando los antecedentes penales de cientos de luchadores sociales, cuyo delito ha sido luchar por la democracia y la vida digna en nuestro país”.

Le aclaran a López Obrador que “la amnistía no tiene trabas legales, es un problema esencialmente humano y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de quienes aspiran a gobernar nuestro país”. 

Firmaron la carta más de 500 luchadores sociales, académicos, periodistas y familiares de presos políticos, así como numerosas instituciones y organizaciones sociales, entre ellas el Comité Cerezo México, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Todos los Derechos para Todos –formada por 85 organizaciones–, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Occidente. 

El proyecto de Ley de Amnistía Federal elaborado por esas instituciones y personas contiene siete artículos y tres transitorios.

El artículo primero estipula: “Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación, con el propósito de alterar o modificar, ejerciendo el derecho humano a la protesta o por vía violenta, la estructura política del Estado mexicano o el orden social establecido o porque los delitos que se les imputen se encuentren vinculados con dicho móvil”. 

El artículo 3 indica que, en cumplimiento de esta ley, “las autoridades judiciales cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes; las administrativas penitenciarias de la Federación pondrán en libertad a los procesados o sentenciados”.

Y el Ministerio Público Federal –en consonancia– “cancelará los expedientes” de los amnistiados, quienes ya no tendrán “acción persecutoria” en su contra. 

El artículo 7 concluye: “Las personas a quienes aproveche la presente ley no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los ilícitos que comprende esta amnistía”.

Iniciativa ciudadana

El pasado 13 de noviembre, representantes de aquellas organizaciones entregaron a la Cámara de Senadores su iniciativa ciudadana. Uno de ellos fue Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, quien comenta: “La intención es que nuestra iniciativa pueda servir de base a los legisladores para hacer una Ley de Amnistía, pues contiene los elementos básicos. Podrán modificar o ampliar nuestra propuesta. Eso ya dependerá de ellos”.

Indica que ese día entregaron su iniciativa a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva; a Ricardo Monreal, coordinador de la Junta Política; y a Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia.

“Hasta el momento, que yo sepa, es la única propuesta de Ley de Amnistía. No sabemos de ninguna otra”, dice Cerezo.

Indica que su propuesta se fundamenta en parámetros de algunas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Prisoners of Conscience, pero también en las leyes de amnistía que se dieron en México en 1978 y 1979, en beneficio de grupos opositores e insurgentes.

“Con base en estos lineamientos podemos decir que un preso político utilizó la violencia como forma de lucha. En cambio, un preso de conciencia ejerció su derecho humano a la protesta, pero sin utilizar métodos violentos”, aclara.

–¿Ya tuvieron una respuesta del Senado?

–Todavía no. Veremos qué nos responden. La iniciativa puede salir del Legislativo, pero también del Ejecutivo. Lo cierto es que López Obrador prometió sacar una Ley de Amnistía.