Pierde fuerza la opción mexicana

BOGOTÁ.- La propuesta de México y Uruguay de impulsar un diálogo político en Venezuela parece cada día más inviable. Y no sólo porque el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, luce fortalecido por el respaldo de países de Occidente y el control que le han dado de los activos de Venezuela en el exterior, sino porque entre la coalición opositora que lo apoya hay consenso en que lo único que hoy debe negociarse con Nicolás Maduro son los términos de su salida del poder.

Así se lo han hecho saber al encargado de negocios de la embajada de México en Caracas, Juan Manuel Nungaray, dirigentes opositores con los que ha sostenido encuentros.

Uno de ellos, quien pidió la reserva de su nombre, sostiene que el diplomático mexicano y el encargado de negocios de Uruguay en Venezuela, José Luis Remedi,­ “están hablando con muchos de los actores de esta crisis, pero en la oposición no encuentran eco a su iniciativa ni lo van a encontrar en las circunstancias que estamos viviendo”.

En estos momentos, asegura, “sería ingenuo prestarnos a darle a Nicolás Maduro (con un diálogo político) una tribuna que hoy no tiene y una legitimidad que tampoco tiene, porque la Asamblea Nacional (mayoritariamente opositora) ya lo declaró usurpador”. 

La fuente indica: “Escuchamos al señor Nungaray y le dijimos que tomamos nota de sus planteamientos y que será la Asamblea Nacional la que decidida si en algún momento se requiere algún apoyo de México”. Sin embargo, “en este momento no está planteado algo como eso”, señala.

Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Constituyente, dice que el gobierno de Venezuela “saluda” y “ve con buenos ojos” las gestiones que realizan Nungaray y Remedi­ con funcionarios del gobierno y de la oposición para promover un diálogo político entre las partes. “El presidente apoya la iniciativa de dos gobiernos amigos, como son México y Uruguay, y está disponible para un diálogo y hasta para llegar a un acuerdo político”, afirma.

Juan Guaidó, por su parte, ha dicho que cuando Maduro está presionado recurre al “falso diálogo”, como ha ocurrido desde 2014, cuando invitó a la oposición a entablar conversaciones en medio de una ola de protestas ciudadanas en su contra que fueron reprimidas por la Guardia Nacional.

Guaidó, quien sostiene que el régimen ha usado las conversaciones para ganar tiempo, desactivar la protesta social y “burlarse de los venezolanos”, ha reiterado en los últimos días que “el único elemento a discutir” con el gobierno es “el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres”.

Maduro, sin embargo, ya descartó la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas (las próximas están programadas para 2024) y ofreció, en cambio, adelantar los comicios legislativos a fin de renovar la Asamblea Nacional, único poder del Estado dominado por la oposición.

El diputado opositor Luis Florido dice que en estos momentos “no hay ninguna posibilidad de retomar una negociación como las que hubo en República Dominicana”­ entre 2016 y 2018, en las que mediaron México, Chile, Bolivia, El Vaticano y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Ese tipo de negociación no va a volver. Lo que sí puede haber es un acuerdo para finiquitar la salida del régimen en paz y con garantías para todos. Pero éste sería un acuerdo del régimen con la Asamblea Nacional y con Guaidó como líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela”, advierte Florido.

Con todo, México y Uruguay siguen intentando mantener a flote su iniciativa. Ambos países convocaron para este jueves 7 en Montevideo a una conferencia internacional en la que una decena de países y organismos que han fijado una “posición neutral” frente a Venezuela buscarán “sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo” en esa nación.

Dos actores en sintonía con México y Uruguay son El Vaticano y la ONU, que están invitados a la cita en Montevideo.

Diálogos en el vacío

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el gobierno han dialogado en tres ocasiones, la primera de ellas en Caracas en 2014, y las dos últimas en República Dominicana entre 2016 y 2018.

Según el gobierno, las conversaciones han fracasado por la negativa de la oposición para llegar a un acuerdo, pero la MUD sostiene que Maduro siempre ha terminado por levantarse de la mesa. Lo hizo en mayo de 2017, cuando, en medio de un diálogo facilitado por la Unión de Naciones Suramericanas, El Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), convocó sorpresivamente a elecciones para formar una Asamblea Constituyente.

El resultado de ese proceso, que según juristas venezolanos fue inconstitucional porque el gobierno impidió la participación de la oposición y no sometió a plebiscito la convocatoria –como establece la ley–, fue la creación de un suprapoder dominado por el oficialismo, la Asamblea Constituyente, que le arrebató sus competencias a la Asamblea Nacional.

A finales de 2017, la oposición aceptó otro diálogo para intentar que los comicios presidenciales para 2018 se realizaran en condiciones equitativas.

Esa negociación se desarrolló entre noviembre de 2017 y enero de 2018 y contó con la mediación de México y Chile a solicitud de la oposición, y con la de Bolivia, Nicaragua, y San Vicente y Granadinas, a pedido del gobierno.

La negociación quedó sepultada a finales de enero de 2018, cuando en forma sorpresiva e irregular la oficialista Asamblea Constituyente adelantó las elecciones presidenciales para abril de ese año, aunque finalmente se realizaron en mayo sin la participación de los principales partidos y dirigentes opositores, que fueron inhabilitados.

Fuentes cercanas a las delegaciones que participaron como facilitadoras de las diferentes negociaciones coinciden en que en esos procesos gravitaron en forma negativa tanto los “desacuerdos” entre los partidos opositores aglutinados en la MUD como “la proclividad del gobierno a ir cada vez más allá en la cooptación de los poderes públicos”.

Una de las fuentes consultadas indica que en noviembre de 2016, cuando los mediadores eran El Vaticano y los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, las partes lograron un preacuerdo que incluía el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, la reconfiguración equitativa del Consejo Electoral y el reconocimiento del Ejecutivo a las facultades de la Asamblea Nacional. 

“Lamentablemente los delegados de la oposición fueron a hacer las consultas con sus partidos y algunos de ellos fueron desautorizados, lo que complicó todo. El gobierno de alguna manera aprovechó esas divisiones y finalmente los acuerdos no se pudieron concretar en esa oportunidad”, señala.

Las negociaciones siguieron de manera intermitente algunos meses hasta que el 1 de mayo de 2017 Maduro convocó a las elecciones de una Asamblea Constituyente con el aval del Poder Judicial, cuyas resoluciones siempre, sin excepción, son favorables al gobierno.

En noviembre de 2017, ya con una Asamblea Constituyente totalmente oficialista y operando como un suprapoder, se inició un nuevo diálogo en la República Dominica en el que mediaron los cancilleres de México (Luis Videgaray entonces), Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas.

El 2 de diciembre de ese año los cinco cancilleres presentaron un preacuerdo que, de haberse concretado, “habría evitado la terrible crisis que está viviendo hoy Venezuela”, según uno de los participantes en esa negociación.

El preacuerdo, titulado “Acuerdo diálogo convivencia democrática en Venezuela” y cuya copia tiene Proceso, establece que las elecciones presidenciales se realizarían en el segundo semestre de 2018 con observadores internacionales y convocadas por un nuevo Consejo Electoral integrado por dos rectores del gobierno, dos de la oposición y uno de consenso.

El gobierno se comprometía además a retirar las inhabilitaciones y a excarcelar a dirigentes opositores para que pudieran participar en los comicios, así como a permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país.

Las partes acordaban también trabajar conjuntamente para que se revisaran y suprimieran las sanciones internacionales que Estados Unidos y la Unión Europea habían impuesto a Venezuela.

“Fue lo más cerca que estuvimos de lograr un acuerdo”, señala una de las fuentes consultadas.

El diputado opositor Luis Florido, quien fue delegado de la MUD en esa mesa, asegura que el preacuerdo nunca fue aceptado por Maduro a pesar de que en su elaboración habían participado los cancilleres de Bolivia y Nicaragua, países allegados al régimen venezolano.

Luego de eso, añade, el gobierno presentó otra propuesta que “era inaceptable para nosotros porque proponía adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para abril (de 2018) y mantenía un Consejo Electoral dominado por el chavismo”.