Ríos de dinero de Sedesol a “organizaciones civiles”

Con Enrique Peña Nieto en la Presidencia y su incondicional Luis Enrique Miranda como secretario de Desarrollo Social, el gobierno federal alimentó a sus organizaciones clientelares, a otras de corte opositor, así como a asociaciones civiles y fundaciones ligadas a diversos intereses empresariales y políticos. Si el presidente López Obrador cumple su promesa de entregar los apoyos directamente a los individuos y a las familias que los requieren, sin duda afectará a esos grupos de movilización priista, pero también a organizaciones ligadas a algunos de sus actuales partidarios y colaboradores.

Meses después de tomar posesión como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el priista mexiquense Luis Enrique Miranda Nava decidió otorgar 374 millones de pesos a la agrupación Antorcha Campesina para 2017; de éstos, 87 millones 200 mil pesos se canalizaron en el Estado de México, que ese año tuvo elecciones.

El año anterior, durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, la Sedesol había entregado apenas 16 millones 800 mil pesos a esa organización fundada en 1974 por Aquiles Córdova Morán, quien junto con su familia la dirige de forma clientelar y violenta.

Documentos internos de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol, elaborados durante la gestión de Miranda Nava, muestran cómo desde esa área se repartieron por debajo de la mesa decenas de millones de pesos a organizaciones sociales. Lo hicieron a través del Programa de Empleo Temporal (PET), de Opciones Productivas y del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).

Algunas organizaciones beneficiadas con estos recursos, como Antorcha Campesina o el Congreso Agrario Permanente –integrado entre otros por la Confederación Nacional Campesina (CNC)–, están históricamente relacionadas con el PRI. Los diputados y presidentes municipales de Antorcha Campesina enarbolan las siglas de ese partido y algunos políticos utilizan a sus integrantes como “grupo de choque”.

Pero otras, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón y la Central Campesina Cardenista (CCC) son aliados históricos de la izquierda partidista, primero del PRD y luego de Morena, así como de Andrés Manuel López Obrador. Los líderes de estas tres organizaciones son actualmente diputados o senadores por el partido en el poder.

Los documentos que obtuvo Proceso están desglosados por agrupación. En una tabla aparecen los nombres de cada organización, fotografía y nombre de su representante, así como los montos que se les entregaron en 2016 y los acordados para 2017.

La aportación de fondos públicos a las organizaciones sociales no empezó en la administración de Peña Nieto, pero en la gestión de Miranda Nava se encendieron las alarmas en la Sedesol, pues Antorcha Campesina concentró los “apoyos” destinados a la sociedad civil.

Según los documentos, en 2016 la agrupación de Córdova Morán recibió alrededor de 8 millones de pesos del PET y de Opciones Productivas, pero nada del Inaes. Con Miranda Nava, Antorcha Campesina pactó 100 millones de pesos del Inaes, 174 millones del PET y 100 millones de Opciones Productivas.

Las reglas de operación del PET no incluyen apoyos a organizaciones, sino a individuos, en tanto que el gobierno de Peña Nieto financió a través del Inaes 12 mil 974 proyectos –de empresas e individuos– por un total de 2 mil 148 millones de pesos, según los datos oficiales.

La Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol fungía como enlace en las negociaciones con los líderes de las organizaciones, pero no participaba en la entrega de los recursos. 

Dinero para todos

Miranda Nava conocía esas organizaciones; como subsecretario de Gobernación se había encargado de negociar con sus representantes cuando cerraban calles en la Ciudad de México.

Antes, en 2010, como secretario de Gobierno de Enrique Peña Nieto en la administración mexiquense, Miranda Nava participó en la inauguración de la sede de Antorcha Campesina en Toluca, y según el portal noticioso Sin Embargo acordó otorgarle predios en las inmediaciones de lo que poco después se designó como la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

De acuerdo con los documentos, la Sedesol les dio 260 millones en 2016 y se comprometió a conseguirles 269 para 2017 a las cuatro organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC), que bloqueó la avenida Reforma la semana pasada: la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y el Movimiento Social por la Tierra (MST).

El Congreso Agrario Permanente, entonces conformado por ocho organizaciones vinculadas con el PRI –CNC, CCI, UGOCM, CONSUCC, COUC, ALCANO, CAM y UCD– recibió 157 millones en 2016 y Miranda le prometió un monto similar para 2017.

En cuanto a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), dirigida por José Narro Céspedes –actual senador de Morena–, recibió 44 millones de pesos en 2016 y 48 millones el año siguiente; mientras que la Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores El Barzón, AC, obtuvo 2 millones 350 mil pesos en 2016. Esta organización la encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador por Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

La agrupación El Campo es de Todos (integrada por 14 organizaciones entre las que figura la Central Campesina Cardenista dirigida por el diputado plurinominal morenista Max Agustín Correa Hernández) recibió cerca de 200 millones en 2016 y el año siguiente 59 millones.

El pasado 20 de diciembre el expanista coahuilense Javier López Macías, representante de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) –parte de El Campo es de Todos–, criticó la idea de López Obrador de otorgar los recursos de los programas sociales directamente a los beneficiarios.

Alegó que esas personas serían víctimas de grupos criminales y aclaró: “No nos preocupa el que, como organización, no recibamos el dinero, porque en Unimoss hay transparencia”. Sin embargo, en 2016 su membrete recibió 35 millones de pesos de la Sedesol.

Además, la Sedesol tenía registradas 79 organizaciones “independientes”. No todas éstas recibieron dinero en 2016 y 2017, pero cuando lo obtuvieron fueron montos menores. La excepción fue la Central Campesina Cardenista Democrática, que recibió 37 millones 750 mil pesos en 2016. Su líder, el expanista Francisco Román Sánchez, fue candidato local por el PRI en las elecciones pasadas y apoyó la campaña presidencial de Meade.

Los recursos de la Sedesol se dieron debajo de la mesa, y de manera extralegal. Pero el gobierno federal entregó otros fondos a estas organizaciones a través de donativos y diversos programas.

En respuesta a una solicitud de información de este semanario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó un desglose de 542 organizaciones sociales apoyadas a través del programa Fomento al Desarrollo Agrario (Formar) entre 2013 y 2015, con montos de entre 200 mil pesos y 4 millones 500 mil pesos y una inversión total de 582 millones de pesos. En los años siguientes, este programa se fusionó con otro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo con este documento, la Sedatu entregó 4 millones 500 mil pesos a la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) –integrante de El Campo es de Todos–, en tanto que CCI, UNORCA, CNPA, CODUC, AFODEPO y otras recibieron 2 millones 750 mil pesos cada una.

“Piquete de ojos”

Durante su conferencia de prensa matutina del pasado 5 de febrero, López Obrador anunció que su gobierno ya no entregará recursos a organizaciones ni a fundaciones, para evitar que sus líderes se aprovechen: “Hay piquete de ojos o hay moche, entonces queremos que (el apoyo) llegue completo, de la Tesorería al beneficiario”.

Se refirió específicamente a las estancias infantiles, así como a la senadora panista y excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, cuya fundación Juntos Podemos recibió 900 millones de pesos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entre 2014 y 2015 para la defensa de mexicanos en Estados Unidos, como lo reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en octubre de 2016, y lo confirmó, un año más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre 2013 y 2017 el gobierno de Peña Nieto otorgó 37 mil 400 millones de pesos en “apoyos” y “estímulos económicos” a organizaciones de la sociedad civil, reveló la agencia Apro el jueves 7. Pero los datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) no incluyen los nombres de dichas organizaciones.

Sin embargo, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los últimos seis años sí ofrecen un desglose, pero solamente registran apoyos por 10 mil 950 millones de pesos.

 Esos recursos fueron justificados de diversas maneras, ya sea para proyectos como la organización de festivales o el apoyo a espacios culturales o asociaciones que ayudan a personas enfermas, la realización de obras públicas e incluso para financiar federaciones deportivas, como el Comité Olímpico Mexicano.

No queda claro si López Obrador planea eliminar estos subsidios. Si fuera el caso, afectaría al magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de TV Azteca, e integrante del “consejo asesor” del presidente.

Según los informes de la SHCP, la organización más beneficiada por donativos y subsidios durante la administración de Peña Nieto fue la Asociación Azteca de la Cultura y las Artes, que recibió 634 millones 449 mil pesos de la Secretaría de Cultura para financiar sus Orquestas Infantiles. Dicha asociación forma parte de la rama “filantrópica” de Grupo Salinas, pero la organización periodística Quinto Elemento Lab mostró que en realidad financia sus obras de interés social con recursos públicos otorgados a través de donativos.

Al inicio de su administración, López Obrador eligió a Banco Azteca para distribuir el dinero de los programas sociales a través de las llamadas “tarjetas del bienestar”. Además, Salinas Pliego tiene aliados en el gabinete, como el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien presidió durante 17 años la Fundación Azteca.

Los informes de la SHCP muestran que el gobierno de Peña Nieto apoyó a 2 mil 34 organizaciones o fundaciones –pero también a gobiernos municipales y a los estatales de Campeche, Tabasco y Veracruz– con montos de entre 3 mil y cientos de millones de pesos.

Un pequeño grupo de 94 organizaciones y gobiernos concentró la mitad de los recursos totales, y el resto se distribuyó entre mil 939. Muchas organizaciones realizan obra social que el gobierno no atiende, y dependen de estos subsidios para sobrevivir; otras tienen un perfil más político.

Entre las organizaciones más beneficiadas destacan Poder Cívico, representada por Andrés Roemer Slomianski –exdiplomático y exconductor de un programa en TV Azteca–, la cual recibió 160 millones de pesos entre 2013 y 2018 para organizar la Ciudad de las Ideas. También es el caso de la asociación Educadores Somos Todos, que recibió 134 millones de pesos y cuya representante, Silvia Iveth Garza Garza, recibió en 2012 del Partido Nueva Alianza 324 mil 800 pesos por servicios de asesoría.

La Fundación Organizados para Servir, del exsenador priista Gerardo Sánchez García, recibió 75 millones de pesos; RJCG, representada por la panista María Fernanda Gatica Garza, recibió 39 millones de pesos para realizar actividades culturales en Querétaro; la Fundación Hidalguense, representada por el diputado local de Morena Rafael Garnica Alonso, recibió un monto algo menor.

Algunas organizaciones sociales que recibieron apoyos de la Sedesol también recibieron donativos registrados en la SHCP, aunque con montos menores: la Central Campesina Independiente recibió 5 millones 750 mil pesos de la Sagarpa, principalmente en 2017; la UGOCP obtuvo 4 millones de pesos; la CIOAC y Unimoss, 3 millones.