Alerta de Violencia de Género: radiografía de una simulación

Hace 12 años, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se creó un mecanismo de emergencia que pretendió ocuparse de la violencia feminicida: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Hoy la problemática es tan extrema y extensa que la mitad de las entidades tienen municipios con alertas declaradas. La otra mitad, aun cuando la han solicitado a la Secretaría de Gobernación (Segob), les ha sido negada o la dependencia aún no decide. 

Alicia Pérez Duarte y Noroña, académica y primera fiscal especial del país para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, llegó a definir la AVGM como un plan DN-III ideado para inyectar recursos y servicios a una entidad o municipio en emergencia por la violencia feminicida.

Esa idea primaria cambió en la práctica: en junio de 2018 un informe del programa EuroSociAL+ señaló la “ambivalencia” del mecanismo entre su objetivo principal: impulsar acciones gubernamentales de emergencia, y el uso que en realidad se le ha dado: para crear políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ante el vacío generalizado de estas acciones en las entidades federativas.

Una de las recomendaciones finales del análisis es definir el objetivo del uso de la AVGM. Desde ahí su imperfección.

“Hoy sabemos que el mecanismo no sirve para lo que fue creado. Lo que hace falta es el entendimiento estructural del problema, no la emergencia”, considera Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, organización que presentó la primera solicitud del país para Guanajuato.

Aracely González, directora de Equifonía, organización solicitante de dos alertas declaradas en Veracruz, también piensa que la aspiración de que la AVGM detendrá la violencia feminicida es una farsa.

Aún más importante de señalar, coinciden ambas activistas: las alertas no ayudan a prevenir y los gobiernos locales han querido utilizarlas para simular políticas públicas.

El pasado 25 de enero, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre el destino de más de 4 mil millones de pesos entregados a los estados con alertas. Dijo que se transparentarían los gastos y que el nuevo gobierno federal enfocaría su trabajo en la prevención. Para entonces, ni la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Violencia (Conavim) ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) contaban con titular designado.

Mientras tanto, el esfuerzo de hacer funcionar la AVGM ha mermado la energía y recursos de organizaciones y colectivos solicitantes. “Nuestra necedad de no dejarlos simular nos costó muy caro. Son años de darle seguimiento, de donar al gobierno nuestro trabajo”, cuenta Cruz, quien ha participado durante una década en la redacción y seguimiento de varias solicitudes de alerta.

Aún con la reforma de 2014 al reglamento, que pretendió mejorar el proceso de la AVGM, el mecanismo continúo siendo deficiente. Con todo, varias organizaciones de la sociedad civil de todo el país han presentado 30 solicitudes de alerta para 28 entidades federativas. Quizás repasar las fallas detectadas por algunas de estas organizaciones sea una manera de comenzar a enderezarlo.

Trabas y politización

Era 25 de noviembre de 2015 y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se desarrollaba en Torreón, Coahuila. Ariadne Lamont Martínez y sus compañeras de la Red de Mujeres de la Laguna se manifestaban en las calles de la ciudad norteña y –sin haberlo notado antes– se dieron cuenta de que junto a ellas marchaban algunas madres de mujeres asesinadas, acompañadas de sus nietas y nietos huérfanos. 

“Nos sentimos tan ridículas, tan absurdas, tan fuera de lugar, como una especie de divas, ahí, moviendo a la masa, a los medios de comunicación, en una tarima, cantando, o sea, mucho show. Ahí nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo nada por que esa realidad se detuviera”, narra Ariadne.

Después de esa movilización la Red de Mujeres comenzó a investigar el fenómeno del feminicidio en la Laguna, una zona metropolitana que comprende cuatro ciudades de dos estados al norte de México: Durango y Coahuila.

Hallaron que las autoridades se burlaban de las madres de las víctimas, los ministerios públicos les pedían dinero y los procesos judiciales no avanzaban. Además, el clima de inseguridad en la región acarreaba violencia sexual, desapariciones, y afectaba a las mujeres en un aspecto privado del que poco se hablaba. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016 arrojaría que el porcentaje estatal de mujeres que habían padecido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida superaba el nivel nacional, siendo la violencia de la pareja la más común (42%). 

Lejos quedaba la justicia y reparación, pensiones para los huérfanos de mujeres asesinadas, castigo para los criminales. Fue entonces que la organización pensó en solicitar la AVGM para Torreón.

El reglamento de la ley dicta que las solicitantes de una AVGM pueden ser organizaciones sociales o instituciones en dos situaciones: cuando la violencia contra mujeres sea extrema; o cuando una ley, norma o política pública genere desigualdad de género (agravio comparado). Quienes reciben y participan en la revisión de esas solicitudes son Conavim, Inmujeres y académicos seleccionados por convocatoria. Mientras, la Segob se encarga de declararlas o declinarlas.

Sin figura jurídica ningún colectivo puede iniciar el trámite; por ello –a pesar de haber redactado la solicitud y luego hacer el seguimiento–, la Red de Mujeres fue una “solicitante simbólica” y Las Libres y otras organizaciones locales fungieron como peticionarias formales.

Además, la Red de Mujeres no tuvo más opción que pedir la alerta sólo para el municipio de Torreón, aun cuando trabajan en toda el área metropolitana de La Laguna, debido a que las acciones de las alertas tienen como objetivo inicial atender emergencias focalizadas en un territorio determinado.

Al solicitar la alerta ante el Inmujeres, las trabas anteriores fueron menores. Lo que realmente preocupó a la Red de Mujeres fue la inmediata oposición del gobierno en turno para aceptar una declaratoria de AVGM: las acusaron de querer golpear políticamente en época electoral.

La “politización” es, precisamente, una circunstancia que la AVGM “pretendía combatir”, apunta el informe de EuroSociAL+. Pero “la ausencia de aplicación efectiva de la LGAMVLV a nivel de las entidades federativas”, la parcialidad de la reglamentación, la falta de planificación estratégica e insuficiencia de recursos para dar seguimiento a las alertas, han generado estas “tensiones” que amenazan su sostenibilidad.

Sin diálogo, sin intercambio

En diciembre de 2014, en Uruapan, Michoacán, se conoció la noticia de la desaparición de Kassandra Bravo, una enfermera de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado días después con evidentes signos de tortura. Circe López y a sus compañeras de la organización Humanas Sin Violencia, quienes en esa temporada realizaban un proyecto de prevención del embarazo en niñas y adolescentes en ese municipio, conocían a la joven.

“Yo ya no pude con eso porque vi cómo se desmoronaban mis compañeras, fue una situación muy dolorosa, y dije: no podemos quedarnos así”, cuenta Circe.

Humanas Sin Violencia ya trabajaba en un diagnóstico sobre las consecuencias del operativo militar Michoacán, implementado en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, y había detectado un alza en la violencia sexual contra mujeres. Entonces, decidieron iniciar el procedimiento de AVGM para este estado.

Cuando una solicitud de AVGM es aceptada, el segundo paso es formar un grupo de trabajo para analizar la situación planteada y dar recomendaciones. Este grupo es integrado por miembros de Conavim, Inmujeres y académicos que participan a través de convocatoria. Para la alerta en Michoacán fue elegido un académico señalado de acoso sexual por sus alumnas; esta información fue compartida por Humanas Sin Violencia en una sesión del grupo y el profesor fue sustituido. Años más tarde, en 2018, el académico denunció a Circe por “delitos contra el honor” en un proceso que hasta la fecha continúa.

Este hecho inicial fracturó la relación entre la única organización solicitante de la AVGM en Michoacán y el grupo de trabajo. Sin diálogo, sin intercambio o consultas, el proceso continuó en opacidad hasta declararse la alerta en junio de 2017.

Quienes forman los grupos de trabajo suelen ser una preocupación para varias organizaciones solicitantes que han denunciado el conflicto de interés de académicas contratadas por gobiernos a los que también evalúan, o falta de preparación y experiencia tanto de académicos como de funcionarios. Esto es importante porque son ellos quienes realizan, en un mes, un informe en el que analizan la violencia feminicida reportada en la solicitud y hacen recomendaciones a los gobiernos locales para combatirla.

Las recomendaciones deberán cumplirse en un periodo de seis meses, aun cuando la AVGM no está declarada. Si se niegan a aceptar las recomendaciones o no las cumplen en ese lapso, la alerta es declarada por Segob.

En Michoacán, por ejemplo, el grupo de trabajo ignoró el diagnóstico de Humanas Sin Violencia sobre cómo opera en relación con el crimen organizado y otros actores: desde la declaratoria de la alerta –junio de 2017– a octubre de 2018 la organización contabilizó 201 mujeres asesinadas con armas de fuego; “resabios de una guerra”, dice Circe.

También pasó por alto la falta de reglamentación, capacitación y recursos de los centros primarios de atención a mujeres violentadas, todo ello detectado por la organización.

Entonces, la declaratoria de la alerta ordenó al gobierno realizar una serie de acciones como poner luminarias y rehabilitar calles; mientras, las instancias municipales de la mujer no tenían reglamentación, incorporación a la ley orgánica municipal o recursos.

Por lo menos, añade Circe, la alerta logró cambiar la narrativa: los crímenes en contra de mujeres en Michoacán pasaron de ser una mera historia en la sección de nota roja de los medios de comunicación, a un tema de política pública. (Las reporteras Gisela Martínez, Anayeli García y Jocelyn Soto participaron en la investigación inicial de este reportaje.)