El estilo López Obrador. Acusaciones que nunca llevan a nada

Las “mañaneras” son la tribuna ideal para que López Obrador despotrique y lance invectivas en su afán de convencer a su público de que está haciendo cosas, sobre todo en lo tocante al combate a la corrupción. Con poco espacio para aceptar críticas, ha hablado del huachicoleo que implicaría a altos funcionarios, del saqueo a Los Pinos, de los salarios de los ministros de la Corte, de malos manejos en el dinero de organizaciones de la sociedad civil… Pero hasta ahora el discurso no se ha traducido en acciones concretas que hayan llevado a nadie a enfrentar la justicia.

Desde el primer día de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a debate diferentes temas relacionados con los excesos de sus antecesores que, dijo, “se rayaron”, “se pasaron” durante “el periodo neoliberal”, y a quienes acusó de corrupción.

Fueron muchos casos: de la casa presidencial a la corrupción en el sector energético; del robo de combustible a los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); de la descalificación a los organismos autónomos a las denuncias sobre malos manejos de organizaciones de la sociedad civil…

Y el discurso de político de oposición sigue marcando la narrativa presidencial, pero también impone un estilo de gobernar que el hoy mandatario anticipó el 22 de diciembre de 2018, cuando asistió a la celebración de los 25 años de la fundación de TV Azteca: “Desde luego, va a haber cuestionamientos. Imagínense, nosotros venimos de la oposición. Yo me sentiría mal, extraño, de que no hubiese oposición. (…) Necesitamos eso, nada más hacerlo con respeto”.

Al mismo tiempo ha defendido lo que considera su derecho a debatir, su derecho de réplica, cada vez que la oposición expresa críticas o descalifica sus decisiones de gobierno. En su discurso de toma de posesión, la bancada del PAN, primera minoría tras la elección de 2018, le exigió con carteles que bajara el precio de los combustibles. López Obrador dejó un momento su discurso para espetar: “Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje”.

El 22 de enero el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala, solicitaron el registro de su partido, México Libre, en medio de críticas a diferentes decisiones del actual mandatario; éste se refirió, el 5 de febrero, a la inmoralidad de su antecesor, quien habiendo tenido información privilegiada, se empleó con la trasnacional energética Iberdrola.

También atacó a movimientos sociales contestatarios. El ejemplo más conocido fue el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua –que se opone al Proyecto Integral Morelos–, al que calificó de conservador, igual que a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus movilizaciones en Michoacán: “Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo; es cuando los extremos se tocan. Eso tiene que ver con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo”.

Escándalos anecdóticos 

Las denuncias de López Obrador contra los gobiernos del pasado quedan en lo anecdótico, carecen de formalidad. Y cuando se han abierto procedimientos judiciales, sólo implican a funcionarios menores, aunque se exponen desde la tribuna presidencial en el escenario cotidiano conocido coloquialmente como las “conferencias mañaneras”.

La promesa reiterada varias veces al día durante la campaña se materializó: la apertura de la residencia oficial de Los Pinos que, a primera hora del pasado 1 de diciembre, fue de acceso público con sus ya escasos tesoros, pues la mayoría de sus estancias y habitaciones, oficinas y comedores se veían desmantelados, junto con la leyenda “así se recibió”.

La entrega-recepción ya había ocurrido, pero no se dio información oficial sobre el inventario de bienes. Cuando los senadores Carmen Bañuelos y Alejandro González Yáñez lo solicitaron, se les dijo que sería al concluir el plazo de revisión, en un mes; más o menos lo mismo que respondió el presidente cuestionado al respecto en la mañanera del 19 de diciembre.

El sábado 2 la Secretaría de Cultura formalizó la recepción de la residencia y sus terrenos. No se mencionaron inventarios. El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó a este semanario que se habían cotejado las obras de arte del acervo de la residencia oficial, que ahora estaba en Palacio Nacional.

En su edición número 2199, esta revista publicó que el inventario de Los Pinos –obtenido mediante una solicitud de información– hasta un año antes era de 24 mil 729 objetos. “Había dispendio en los contratos y tarifas. Ya se cancelaron la mayoría de los contratos de servicios, otros tienen vigencia limitada. La Secretaría de la Función Pública está haciendo una revisión de los procesos de entrega-recepción”, explicó Ramírez Cuevas.

De manera similar, el parque vehicular que López Obrador consideró excesivo se vendió. Ni siquiera se supo quiénes usaban los vehículos Audi y BMW blindados, que fueron subastados los pasados 23 y 24 de febrero. 

Al presentar en la mañanera un video y las generalidades de los 263 vehículos que se pondrían a la venta, el mandatario se refirió precisamente al Audi con una expresión: “¡Si les dijera quién lo usaba!”. Pero no lo dijo.

Contrapesos desbalanceados

Desde los días de la transición y luego ya como presidente, López Obrador pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conocieran las controversias por la Ley de Remuneraciones, uno de los primeros actos de los legisladores morenistas que hicieron norma la promesa de reducir los salarios de la alta burocracia. 

Ajeno al ámbito de lo legal, el mandatario llevó la discusión al terreno de la moralidad: “No es posible que haya funcionarios públicos en el país (…) que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad; esos que obtienen esos sueldos no son gente honesta, ni sensible, ni son partidarios, de verdad, de la justicia”.

El 8 de diciembre la SCJN respondió en un comunicado que el ingreso de cada ministro es de 269 mil 215 pesos mensuales.

Poco a poco el tema se fue apagando, no sin otras expresiones del mandatario cuando alguna decisión relacionada con los procedimientos de control constitucional contravienen su objetivo de que en el servicio público nadie gane más que él. Su ingreso es de poco más de 108 mil pesos.

Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En una polémica declaración, dijo que éste servía de tapadera al caso Odebrecht­ –el escándalo de corrupción en Pemex que podría llegar hasta al expresidente Peña Nieto– y lo cuestionó por no hacer pública la lista de grandes contribuyentes a los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) eximió de impuestos.

La declaración fue reiterada desde los discursos de campaña hasta las primeras semanas de gobierno, cuando finalmente el INAI lo desmintió en un comunicado del 12 de febrero, cuando dio a conocer las diferentes resoluciones en las que instruyó la apertura en esos casos. Aun así, el mandatario presentó la lista de resoluciones el 13 de febrero y afirmó que en el pasado no lo habían hecho. Luego afirmó que nunca miente.

Entre expresiones coloquiales, López Obrador ha dicho que “los neoliberales” –así, en general– convencieron de que eran necesarios los organismos autónomos y, tras el desencuentro con el INAI, se ha referido principalmente a los que surgieron de la reforma energética.

En particular sus expresiones fueron contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la segunda y tercera semanas de febrero, a la par del proceso de renovación de tres lugares en esa comisión que el Senado debía elegir entre las propuestas del mandatario y que el presidente del organismo, Guillermo García Alcocer, había cuestionado.

López Obrador acusó a García Alcocer –en ejercicio de su “derecho de réplica”– de incurrir en conflicto de interés y anunció que presentaría pruebas. Lo hizo el 19 de febrero acompañado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Los funcionarios exhibieron gráficas en las que mostraban no sólo la relación familiar de García Alcocer con directivos de Fermaca (empresa energética con importantes contratos y concesiones en manejo de gas), sino que además explicaron supuestos indicios de operaciones ilícitas con posible blanqueo de capitales.

García Alcocer hizo públicos desde días antes los lazos de parentesco con ejecutivos de empresas energéticas, como en el caso de un primo de su esposa, Santiago García Castellanos, director de Santa Fe Natural Gas, una subsidiaria de Fermaca.

Sandoval fue quien expuso que la CRE había otorgado a esa empresa un permiso en el periodo en el que García Alcocer ya estaba en el cargo y no había declarado su conflicto de interés.

Luego, el titular de la UIF mostró que un cuñado de García Alcocer tenía participación en tres empresas con proyectos en Pemex, entre éstas una en la que hizo transferencias al extranjero por 148.5 millones de dólares, pero presentando baja contribución al SAT, por lo que podría tratarse de un caso de defraudación fiscal.

Después de eso todo quedó fuera de la agenda presidencial, mientras que García Alcocer solicitaba una audiencia con el mandatario, que finalmente le concedió el 26 de febrero. El resultado del encuentro, según ambos personajes, fue la promesa de que no se le perseguiría políticamente y que se quedaría en el cargo mientras las instancias competentes resolvían.

Proceso le solicitó a Sandoval una actualización de éste y otros casos expuestos en las conferencias mañaneras. Con la oferta de hacerlo el viernes 8, hasta el cierre de esta edición ya no hubo comunicación con la funcionaria.

Escándalos sin culpables

Las acusaciones contra García Alcocer fueron precedidas por la alusión del mandatario a siete gasoductos por los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) paga sin que surtan gas a termoeléctricas, pues no terminaron de construirse.

Dichos gasoductos fueron adjudicados a las empresas Carso, de Carlos Slim; IEnova, que preside en México Carlos Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena (prima de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco); TransCanada, en cuyo directorio figuran Francisco Labastida hijo y el calderonista chihuahuense Carlos Borunda, y aunque López Obrador no la mencionó originalmente, Fermaca, la empresa de la polémica con García Alcocer. 

El escándalo era una continuación de los señalamientos que el mandatario había hecho, con nombre y apellido, contra exfuncionarios colocados luego como ejecutivos de trasnacionales, empezando por Felipe Calderón.

Para López Obrador fueron “contratos leoninos” que su gobierno se planteaba renegociar apelando una vez más a la moralidad pues, dijo, “no somos leguleyos”, por lo que no habría sanciones para las empresas.

Una revisión de los siete gasoductos y las auditorías que al respecto hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permitió observar que cada uno suspendió la obra debido a la mala planeación del proyecto, consultas mal hechas e invasión ilegal de tierras, por lo que había servidores responsables.

Proceso preguntó a las secretarias de la Función Pública y de Energía sobre procesos abiertos en estos casos. Fue Nahle quien intentó evadir el cuestionamiento, hasta la cuarta ocasión en que se le insistió:

“Estamos en el seguimiento de eso y no desde ahora, desde que en el proceso de transición, cuando fui recibiendo todos los temas, al entonces secretario Coldwell le hice el señalamiento de esas inconsistencias, y una vez que tomamos posesión, el área de Electricidad, de la Secretaría de Energía, nos encargamos de ver este detalle, porque sí es una irresponsabilidad.

“A las empresas se les da un contrato, invierten o vienen y se quedan aquí a la mitad y al final de cuentas la que paga penalidades millonarias es la CFE”. Entonces cortó.

Hasta ahí, la titular de la Secretaría de Energía insistía en que era también responsabilidad de la CRE –cuyo presidente era objeto de señalamientos– el desperdicio de recursos, y no tuvo comentario a las observaciones que la ASF había hecho en relación a su gestión del sexenio pasado.

Entre lo que este semanario solicitó para este reportaje a la Secretaría de la Función Pública estaba lo relacionado con esos supuestos expedientes abiertos. También sobre los casos de cierres de las estancias infantiles por responsabilidad de servidores públicos o por desfalcos. 

La razón para esta consulta es que López Obrador sostiene que hay irregularidades e inclusive cobros por estancias inexistentes, pero sin identificar responsables ni casos que se hubieran puesto ya bajo investigación administrativa o penal. No obstante, anunció que pronto daría a conocer más información, lo mismo que en relación con 15 empresas proveedoras de medicamentos que acaparan las contrataciones del sector salud.

Huachicoleo se convirtió en uno de los vocablos del mandatario para referir casos de corrupción a partir de la estrategia que implementó para frenar el robo de combustible, tema que, por sus efectos en el desabasto, las polémicas desatadas y la tragedia de Tlahuelilpan, marcó el arranque de su gobierno.

Sin embargo, como en el resto de los casos, los resultados son mínimos y hasta la última actualización, ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR), sólo se habían podido judicializar tres casos, que corresponden a quienes operaban el sistema de monitoreo de ductos, sin responsabilidades fincadas a ningún alto funcionario.