Aprueban a ciegas el acuerdo comercial que EU rechazó

Es como un peligroso iceberg que no ven… La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico avanza rápidamente en el Congreso de Chile sin que los legisladores entiendan sus efectos de largo plazo. Sin embargo, académicos de la Universidad de Cambridge, expertos en la economía chilena, desnudan los riesgos del acuerdo comercial –rechazado por Estados Unidos y firmado por México, entre otros países– que amenazan a la economía de la nación sudamericana.  

SANTIAGO.– Avanza raudo y sin mucho debate. Pese a que va a determinar el futuro de Chile, la gran mayoría de los parlamentarios y casi la totalidad de la población desconoce sus detalles y peligros. Nada parece que podrá detenerlo.

Es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), aprobado el martes 5 por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con nueve votos en favor, dos en contra y dos abstenciones. 

Ahora el tema está listo para ser votado por el pleno de los diputados. En caso de aprobarse, pasará al Senado para que concluya su tramitación en lo que resta de marzo.

El acuerdo comercial y de inversiones es continuador del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), con la única diferencia de que ahora lo integran 11 países, luego de la salida de Estados Unidos. De ahí que sea conocido como TPP-11.

Firmado el 8 de marzo de 2018 en Santiago, ya entró en vigencia en los siete países que lo han ratificado: México, Canadá, Vietnam, Singapur, Japón, Canadá y Australia. Resta que lo hagan Perú, Brunei, Malasia y Chile.

El abandono de EU se concretó el 23 de enero de 2017 mediante una orden ejecutiva del recién asumido presidente Donald Trump. 

El republicano basó buena parte de su campaña electoral en el rechazo a los tratados de libre comercio, a los que responsabilizó de la pérdida de empleos en los estados industriales. 

Al dejar el TPP, Trump contravino lo hecho por sus antecesores George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017), principales impulsores del acuerdo. 

La determinación de Trump –calificada como “proteccionista” y “populista”– causó gran malestar entre las corporaciones, los inversionistas y las élites gobernantes de los países que negociaban desde 2010 este acuerdo.

En el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014 a 2018), Chile se abocó a la tarea de concretar este acuerdo, pese a la ausencia estadunidense. 

Expresión de lo anterior es la invitación del entonces canciller Heraldo Muñoz al Diálogo de Alto Nivel de Iniciativas de Integración de Asia Pacífico, realizado el 14 y 15 de marzo de 2017 en Viña del Mar. En esta cumbre participaron cancilleres y ministros de comercio de los países que un año después firmaron el acuerdo.

Tras culminar en Tokio la última ronda de negociaciones (23 de enero de 2018), Heraldo Muñoz se ufanó del protagonismo de Chile para materializar el TPP-11. “Es un gran éxito para la política exterior de nuestro país porque la idea de seguir adelante sin EU, haciendo algunas modificaciones al texto, surgió en el diálogo de Viña del Mar”.

Además, el canciller anunció que la ciudad de Santiago sería sede de la firma oficial del acuerdo, como ocurrió el 8 de marzo del año pasado, tres días antes del cambio de mando presidencial en el cual Sebastián Piñera asumía su segundo mandato.

Igual de proteccionista

Al concluir la ronda de Tokio la jefa de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena, Paulina Nazal, reveló que el acuerdo, cuyo contenido no había sido compartido por los gobiernos suscriptores, “mantendrá en su integridad el contenido del TPP original”. 

Un día después de la firma del TPP-11 el economista chileno y profesor titular emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, José Gabriel Palma, publicó en la página del Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) una columna en la cual destrozaba las supuestas bondades de este acuerdo. 

“En lo fundamental, y a diferencia de lo que dice (y parece hasta creer) el ministro de Relaciones Exteriores firmante (Muñoz), sólo en la vitrina el TPP-11 es una señal de apertura en medio de presiones proteccionistas en otros países.” 

Palma aseguró que “lo que realmente buscan las corporaciones que lo delinearon es cambiar el antiguo ‘proteccionismo país’ (como el que resucita en el Estados Unidos de Trump sobre el acero) por un nuevo ‘proteccionismo corporativo’”.

Para el economista este nuevo proteccionismo asegura a esas corporaciones multinacionales y a las domésticas internacionalizadas que se suben al carro “el poder seguir operando de la misma manera como lo hacen ahora, pase lo que pase, cueste lo que cueste”.

Obstáculos al desarrollo

El cambio de nombre del TPP por el de Tratado Integral y Progresista da cuenta de una supuesta transformación del acuerdo. Los países que lo integran dicen que sin Estados Unidos pudieron hacerlo más amigable con los derechos medioambientales y laborales y que, de esta manera, “el TPP-11 va a mejorar el bienestar de los ciudadanos”, impulsando un crecimiento económico alto y sustentable. 

Sin embargo, una revisión cuidadosa del texto revela que los cambios al tratado han sido menores y que los efectos del TPP-11 serán muy nocivos para la economía chilena. 

Así lo advierte en entrevista el doctor en Ciencias Políticas y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Cambridge, Hassan Akram.

Este académico se doctoró en Cambridge con la tesis La economía política del neoliberalismo en Chile, siendo reconocido como uno de los principales conocedores de la historia económica chilena, pese a su origen británico. 

En la ciudad de Santiago dirige el Programa de Estudios Chilenos de la Universidad Wake Forest (Carolina del Norte) e imparte clases de historia de pensamiento económico en las universidades de Chile, Diego Portales y de Santiago.

Akram expone en su artículo Tres razones para votar en contra del TPP-11 (Cuadernos de Análisis de la Situación Chilena; enero 2019) que la economía local “está estancada producto de su dependencia de la exportación de recursos naturales”. 

Plantea que el desarrollo de las políticas de diversificación productiva “generaría una matriz exportadora con más complejidad tecnológica” que podría resolver este estancamiento. No obstante, afirma que el TPP-11 obstaculizará este tipo de políticas.

Expone que el hecho de que el acuerdo bloquee dichas estrategias de diversificación causará que Chile “pierda la posibilidad de asegurar que la inversión extranjera que llega al país sea canalizada hacia sectores que la necesitan”. 

Advierte que la nación sudamericana se verá despojada de la capacidad de usar esa inversión para detonar mayor crecimiento en el largo plazo. 

“Lamentablemente son las mismas reglas del TPP-11 las que hacen que Chile no pueda aprovecharse de sus potenciales beneficios”, agrega.

La minería

De todos los riesgos que el TPP-11 representa para Chile el más grave parece ser el relacionado con la prohibición de establecer impuestos a las exportaciones.

El mensaje presidencial de Piñera al Congreso Nacional –el 28 de agosto de 2018–, en el cual pide que se apruebe este acuerdo comercial, señala explícitamente en su acápite sobre “Disciplinas Comerciales” que “las partes no aplicarán impuestos a las exportaciones”. 

Esta medida la justifican al señalar que es “para evitar las prácticas que distorsionan el normal funcionamiento del comercio internacional”.

No obstante, Akram hace una lectura mucho más negativa: “Esta prohibición impide que Chile pueda implementar un impuesto escalonado a la exportación cuprífera que grave más la exportación de concentrado de cobre (submateria prima) que la de cobre refinado, con lo que se incentivaría a las empresas a refinar el mineral en Chile”. 

Destaca que esta traba es importante para una estrategia prodesarrollo en Chile porque subir el nivel del valor agregado de las exportaciones chilenas “es el primer paso para complejizar la economía en términos tecnológicos” (lo que abre camino a la diversificación productiva). 

Considera que cuando una economía tiene una matriz exportadora basada en recursos naturales, usarlos como base para actividades innovadoras es clave “para tener alto crecimiento. Pero el TPP-11 lo prohíbe”.

El cobre representa 60% de las exportaciones chilenas. Se trata del principal productor de este mineral. No obstante, más de dos terceras partes de su producción han quedado en manos extranjeras fruto de las políticas privatizadoras implementadas desde 1990.

Solución de controversias

El TPP-11 establece la jurisdicción de tribunales arbitrales internacionales como mecanismo de solución de controversias, “para garantizar un determinado nivel de protección al inversionista de una parte que invierte en el territorio de otra parte”. 

En este sentido, Akram destaca en su artículo que varios países firmantes establecieron en el Anexo 9-H del tratado salvaguardias para evitar ser afectados por esta norma.

“Australia, Canadá y Nueva Zelandia declaran que la autorización de las inversiones en su territorio dependerá de las leyes domésticas. Así, el arbitraje (el mecanismo de fiscalización y ejecución de los estatutos del TPP-11) no se aplicará para estos países, dándoles mucho más margen de maniobra en estos temas.” 

En cambio, Chile no pidió ninguna cosa similar. “De esta manera, el país que menos se beneficia del TPP-11, porque ya tiene TLC con los demás países del TPP-11, pagará los costos más altos en términos de soberanía nacional”, asegura el experto en historia económica.   

Julián Alcayaga, abogado, economista y experto en tributación de empresas mineras, alerta en entrevista que la prohibición de imponer tributos a las exportaciones es un hecho “gravísimo” porque se suma al hecho de que el Estado chileno –por los TLC ya firmados– “no puede imponer condiciones a la inversión extranjera para darle valor agregado en Chile, como fundir y refinar los concentrados de cobre, industrializar el litio, fabricar los aglomerados en vez de exportar astilla de madera”. 

Considera que entregar a los tribunales arbitrales internacionales la solución de controversias “es abiertamente inconstitucional” porque el artículo 76 de la Constitución “dispone que todos los conflictos que se promuevan en territorio nacional deben ser resueltos por los tribunales establecidos por ley”.

Cita como jurisprudencia de lo anterior el fallo del Tribunal Constitucional –del 3 de octubre de 2000– que restringió los alcances del Tratado de Integración Minera entre Chile y Argentina, por el cual se pretendían explotar las inmensas reservas de cobre situadas en la fronteriza Cordillera de Los Andes. 

Este dictamen, en su considerando 52°, determina: “La Facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley”.

De esa manera se restaba autoridad a la Comisión Administradora establecida en dicho tratado, la que sería dominada por las trasnacionales mineras, agrega.