Notifica a Claudia Sheinbaum acerca de hechos notariales cuestionables

Señor director:

Me permito enviarle una copia del escrito que entregué y recibió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre la actuación de un notario, del que por ahora me reservo el nombre, quien certifica hechos que no son ciertos. 

Hablo de un caso concreto, pero que no es ajeno a otros asuntos en los cuales participan algunos notarios locales. 

Respetable doctora Claudia Sheinbaum Pardo:

He decidido dirigirme a usted en relación con este caso que atañe a mis deberes profesionales porque considero que es representativo de un problema de carácter social y que importa a la institución del notariado público en la Ciudad de México.

Debo manifestarle que un notario, al que los deberes de discreción del procedimiento penal me obligan a la confidencialidad del nombre, certificó en una escritura pública hechos que no son ciertos. El Código Penal para la Ciudad de México establece que son típicos y constitutivos de delito.

Las certificaciones de hechos falsos están contenidas en la escritura pública 128,314 del 18 de septiembre de 2015, Libro 2,383, del protocolo del notario en cuestión.

Dos jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México han confirmado la existencia de estas certificaciones y le han ordenado al personal del Ministerio Público que los investigue.

Pese a la realidad, la norma típica, los datos de prueba aportados y los criterios emitidos por los jueces de control, las autoridades ministeriales se resisten a indagar de acuerdo con los principios rectores de la investigación penal.

En los últimos años, los dueños de casas, edificios y terrenos han sido víctimas de despojos de sus propiedades como consecuencia de prácticas delincuenciales organizadas.

Una vez realizada la desposesión, la mecánica que siguen requiere de la intervención de notarios para formalizar supuestos poderes o escrituras de compraventa. Hay notarios que participan de manera negligente o intencional, asentando certificaciones falsas para que la víctima quede desposeída y el delincuente se convierta en propietario de los inmuebles.

En algunos casos las autoridades penales por todo el país han propiciado el desarrollo de investigaciones que involucran a notarios públicos de tal manera que el resultado es la impunidad.

Mala receta que perjudica a los ciudadanos es el ejercicio indebido de la función notarial y la impunidad construida en las oficinas ministeriales. El daño a la institución del sistema procesal acusatorio es muy grave, al menos por dos razones visibles:

Porque se impide que en la vía procesal el notariado defina, depure y asuma sus responsabilidades cuando los actos que realiza son ilícitos.

Y porque desatender o desacatar las resoluciones de los jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio hace nugatoria la función jurisdiccional y se convierte en un instrumento de demolición del nuevo enjuiciamiento penal garantista de los mexicanos.

Doctora Sheinbaum, me he permitido llamar su atención sobre estos hechos porque las políticas contra la inmoralidad pública a las que se han comprometido los regímenes actuales, tanto federal como local, deben atender la institución del notariado y los servicios públicos de procuración y administración de justicia. Estamos a tiempo.

Atentamente:

Licenciado Daniel Torices Xolalpa