El Consejo Mexicano de Negocios, en la mira

Esperaba la pregunta. Lo atropellado del encuentro con reporteros se acentuaba por la estrechez de la escalinata donde el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, respondía sobre salario mínimo aquel 1 de mayo de 2018 y en broma dijo: “Se les está yendo la nota; no sé por qué no me han preguntado” y se echó a reír.

Quería poner sobre la mesa el papel que un grupo de magnates mexicanos, miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), estaba jugando en la elección presidencial que, como en 2006, financiaba una campaña negra en su contra, así como una operación política de alianza entre el PRI y el PAN.

Días antes, el 25 de abril de 2018, López Obrador había delineado lo que el pasado jueves 14 –ya presidente– presentó con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo: el uso de 100 millones de pesos en un documental sobre el populismo, impulsado por Claudio X. González Laporte, que podría ser trasmitido por Claro-Video (el servicio de streaming de Telmex, de Carlos Slim, donde González es consejero) o en Cinépolis.

Acababa de terminar un mitin en Zongolica, Veracruz, cuando se le planteó que su adversario panista, Ricardo Anaya, había dejado ver su disposición a construir una alianza con el PRI y los otros candidatos, durante un encuentro con ejecutivos de Citibanamex el 27 de abril.

López Obrador fue más allá: “Hay un grupo de empresarios que, en sentido estricto, son traficantes de influencias, no empresarios; que se benefician de la actual política económica, de la corrupción, que están presionando mucho para que se unan los candidatos en contra mía”.

Luego los identificó: Alberto Bailleres, de Grupo Bal; Germán Larrea, de Grupo México; Eduardo Tricio, de Grupo Lala y Aeroméxico; Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark de México; y Alejandro Ramírez, de Cinépolis.

–¿Está hablando del CMN? –preguntó el reportero de Proceso.

–El CMN, sí, es ese grupo –respondió el candidato.

Ese día los identificó como “minoría rapaz”, “traficantes de influencias, no empresarios”, “mafia del poder”, los que verdaderamente mandaban por encima de los que estaban en el gobierno y que un mes antes habían tenido una reunión con el panista para pedirle que bajara el tono de sus críticas al presidente Enrique Peña Nieto para poder operar la alianza.

Según López Obrador, con Peña Nieto operaban el expresidente Vicente Fox y el panista Diego Fernández de Cevallos, con el objetivo de lograr que el candidato del PRI, José Antonio Meade, declinara o abandonara la candidatura. Lo de Citibanamex era lo de menos, pues el conciliábulo privado era más relevante.

López Obrador incluso recordó en Zongolica que había señalado en un video –colocado en Facebook el 31 de enero–, que Claudio X. González Laporte le había pedido a Peña Nieto frenarlo. Éste no sólo se negó, sino que se habría burlado de la hipocresía de quienes lo acusaban de corrupto.

Puntero ya en todas las encuestas, López Obrador abrió ese frente en el segundo mes de proselitismo formal, entre bromas, acusando a los magnates mexicanos de no sólo querer seguir traficando influencias, sino de estar acostumbrados a mandar. Aun así les ofreció perdón y dijo que no sería vengativo.

Los hombres del dinero

Con riquezas que en algunos casos los colocan entre los más adinerados del mundo, contratistas beneficiarios históricos de obra de infraestructura, bienes y servicios, los nombres de los hombres y mujeres de la llamada “cúpula de cúpulas” jamás se habían divulgado.

De hecho, el directorio de miembros del CMN no es público y sólo se ha dado a conocer por solicitudes de información a partir de sus reuniones con los presidentes; algo que publicó este semanario (Proceso 2167) con una portada que reflejaba precisamente a la élite de magnates que identificó López Obrador en Zongolica.

Desde que el CMN fue creado con el ­círculo de amigos del expresidente Miguel Alemán en 1962, jamás habían fijado una posición política como el 5 de mayo de 2018, cuando le recriminaron a López Obrador con un desplegado que llevaba por título “Así no”.

Antes, el 3 de mayo, Carlos Slim había aparecido en un acto donde descalificó la propuesta de López Obrador de suspender el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde él era contratista y su yerno, diseñador y administrador. 

En ese contexto, los desencuentros se fueron atenuando con la cúpula empresarial que reclamaba a sus interlocutores el trato de “minoría rapaz” o “traficantes de influencias”, por lo que hacia mediados de mes, luego de las reuniones de Alfonso Romo y Gerardo Esquivel con varios de los magnates, López Obrador bromeaba, al referirse a ellos, diciendo: “Ya no les puedo decir mafia del poder”.

Al paso de las semanas los magnates hicieron llamados a sus trabajadores, como en el caso de Bailleres y Eloy Vallina; se transmitieron las reuniones con empleados convocadas, entre otros, por Grupo Lala; o videos en los que, por ejemplo, José Antonio Fernández Carvajal, de Femsa, alertaba sobre el riesgo del populismo. De eso se dio cuenta en la edición 2171 de Proceso, con el título en portada: La campaña sucia se encona.

Luego llegó la elección con el resultado ya conocido.

A un año de los primeros señalamientos de la pasada elección, la información dada a conocer el pasado jueves 14 por el titular de la UIF y López Obrador rellena oficialmente los vacíos de aquella historia:

El CMN –siempre según la información de la UIF– transfirió 96 millones 900 mil pesos a una razón social identificada como Conaxis S.A. de C.V. De esa empresa se transfirieron 18 millones y medio a Piña Digital S. de R.L. de C.V., conocida como La División, en la que es accionista Javier García Mata, el productor de la serie El populismo en América Latina.

Ninguna televisora ni servicio de streaming quiso transmitir la serie hasta finales del pasado junio, cuando la colocó Amazon Prime. En tanto, por todo el país parabuses, autobuses y anuncios espectaculares promovían la serie con la imagen de López Obrador en primer plano, junto al exmandatario venezolano Hugo Chávez, entre otros líderes de izquierda.

La información difundida por Nieto establece que 34 millones de pesos, de aquel total cuyo origen fue la transferencia del CMN, fueron depositados a Martha Matilde Mejía Montes, directora de la consultora de comunicación Zimat, quien a su vez transfirió 418 mil dólares a Alejandro Quintero Íñiguez, identificado como accionista de Tv Promo y Grupo Tv Promo.

Tv Promo habría transferido a Piña Digital (la realizadora de la serie) 8 millones de pesos, una cantidad consistente con la transferencia en dólares de Mejía Montes a Quintero.

En tanto, el Bufete de Proyectos de Información y Análisis, según la UIF, cuyos accionistas son los hermanos Federico y Ariel Berrueto Pruneda, forma parte de una red de empresas dedicada al desvío de recursos públicos para favorecer campañas, de manera que entre abril y julio de 2017 habrían transferido 47 millones 900 mil pesos a Grupo Tv Promo.

Añejas presencias

Desde 1998, como líder del PRD, López Obrador fue claro en señalar a los miembros del CMN como autores de una campaña de desprestigio surgida de su intención por destapar a los beneficiarios del Fobaproa.

Su relación jamás fue tersa, como se expuso en la edición 2167 de Proceso, donde se repasó la presencia histórica de los magnates del CMN, en particular su desencuentros con López Obrador, el financiamiento de la campaña negra de 2006 y su apoyo a Peña Nieto en 2012.

En tanto, Tv Promo desde 2005 ha sido identificada como el vehículo de diferentes empresas de comunicación –entre otras, Televisa, donde Quintero fue vicepresidente de Comercialización–, para maquillar cifras de ingresos procedentes de publicidad oficial, o bien de campañas electorales, especialmente a partir de las prohibiciones de la Reforma Electoral de 2007.

En particular Proceso documentó ampliamente que Tv Promo, así como las empresas Radar Comunicación y Mercadotecnia y Radar Servicios Especializados (a la postre Telepersonal, S.A. de C.V.), en las que tuvo participación Quintero, fueron clave en la construcción del perfil de Enrique Peña Nieto desde 2005 y que era uno de los principales vehículos publicitarios del sexenio de Fox en 2006, cuando se desató la campaña “Un peligro para México”.

La especialización de Tv Promo, su relación con Piña Digital y el involucramiento de Bufete de Proyectos de Información y Análisis (BPIA) habrían sido la ruta para la serie documental pero también para otros servicios hasta ahora no identificados.

Las operaciones que para la UIF fueron anómalas en el caso del BPIA, incluyen 186 millones de pesos provenientes de OHL México; 2 millones 500 mil pesos del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México; 9 millones 300 mil pesos de la Sedesol de Rosario Robles, así como 3 millones 600 mil y 14 millones de pesos de Peñoles (propiedad de Bailleres).

El CMN se deslindó de los señalamientos de Nieto el mismo jueves 14. Arguyó, en un comunicado, que financiaba campañas para promover la labor empresarial y rechazaba categóricamente participar en alguna campaña del pasado proceso electoral, más o menos el mismo argumento que el BPIA asentó por su parte, acusando además a la UIF de haber violado el debido proceso, la presunción de inocencia y el secreto bancario.

Los señalamientos del jueves 14 representan la primera acción del gobierno de López Obrador contra aquellos a quienes se les atribuyen las campañas negras. Tras anunciar que la información de la UIF se presentaría como denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, el mandatario dijo que pidió a Nieto hacer públicos los indicios de la investigación y remató: “Se acabó la guerra sucia, de financiamiento ilegal, de compra de votos. Se terminó el fraude. Eso es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación y que quede establecida, de verdad, la democracia”.