Uno de los apestados del gobierno de AMLO se defiende

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien fue acusado de torturar a policías municipales cuando era procurador de Aguascalientes, afirma que los diagnósticos en los que se basó la CNDH para emitir su recomendación contra él fueron manipulados. Además, dice, no se tomaron en cuenta los certificados del Protocolo de Estambul, aplicados por la entonces PGR y que demuestran la falsedad de los cargos. A decir de Muñoz, actual subdelegado de Control Regional de la FGR, los señalamientos son una maniobra de un grupo de funcionarios del Centro de Reinserción Social de su entidad y del grupo delictivo La Oficina.

El 26 de noviembre de 2014, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, entonces procurador de Justicia de Aguascalientes, envió un oficio a Sergio Reynoso Talamantes, secretario general de Gobierno:

“Le comunico que, durante el transcurso de esta administración, en múltiples ocasiones se le ha informado de los posibles vínculos que existen entre miembros de la delincuencia organizada, específicamente el grupo radicado en Aguascalientes denominado La Oficina, y autoridades del Centro de Reinserción Social del Estado.”

En ese documento –del que Proceso tiene copia– se explica: “Derivado de la investigación que llevó a cabo la procuraduría del estado y de la cual tuvo conocimiento y acceso a material video grabado en el que se advierte el vínculo entre Luis Ricardo Benavidez Hernández, director general de Reinserción Social del estado; Juan Carlos Barnola Ochoa, coordinador médico de los servicios médicos de los centros de rein­serción, y Manuel González Rodríguez, director del Centro de Reinserción Social, quien se encuentra en activo en la Secretaría de Seguridad Pública”.

Indica que los funcionarios mencionados se encontraban bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, el general en retiro Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien, afirma, no aprobó los exámenes efectuados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 

“Hasta este momento no se han tomado las medidas necesarias al respecto, a pesar de la delicada información que se le hizo saber (al secretario de Gobierno) en el oficio entregado en su oficina el 12 de noviembre de ese año (2014)”, señala el documento.

En ese oficio del 12 de noviembre –del cual este semanario también tiene copia– Muñoz Vázquez, actualmente subdelegado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), indica que en julio de 2011, en la Agencia del Ministerio Público número siete, se radicó la averiguación previa DGAP/AGS/10342/07-11 por el homicidio de Jesús Camilo Reyes Gutiérrez, entonces comandante de la policía municipal de Aguascalientes. 

Se acusó del crimen a 14 personas, 12 de ellas policías municipales; aunque finalmente se levantó el cargo en contra de tres uniformados: Genaro Macías Zapata, Juan Carlos Zamora Arenas y Salvador Rangel Pérez. 

El 12 de octubre de 2011 se remitió copia certificada de la indagatoria al agente del Ministerio Público federal, al advertirse la posible comisión del delito de delincuencia organizada, dado los vínculos que guardaban los inculpados con La Oficina, perteneciente al cártel de los Hermanos Beltrán Leyva e Isidro Meza, El Chapo Isidro.

Los inculpados son Efrén Lucino Pérez Díaz, Benjamín Andrade Esparza, Javier González Luna, Obet Salinas Antonio, Claudia Verónica Carrillo Vaquera, Daniel Durón Durón, Juan Miguel Melchor Tiscareño, León Serna González, María Luisa Bermejo López, José Becerra Hernández y Pablo Ríos Velázquez, quienes el 26 de octubre de 2011 fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Aguascalientes.

Según los documentos, ya en el centro, el médico adscrito, Juan Carlos Barnola Ochoa, reconoció que por instrucciones de Juan Manuel González Rodríguez y Luis Ricardo Benavides –respectivamente exdirector del centro y director general de Reinserción Social del estado– elaboró falsos dictámenes médicos de ingreso en los cuales se registraron lesiones “inexistentes” y se “magnificaron” padecimientos que mencionaron los reos al ser internados. Su testimonio es acompañado por el de Israel Jonathan Treviño Jiménez, otro médico del centro, a quien no se le aceptaron los certificados médicos porque se negó a alterarlos, como consta en el documento del 12 de noviembre de 2014.

Con base en esos registros, Muñoz Vázquez sostiene que son falsas las acusaciones en su contra que aparecen en la recomendación 17VG/2019 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 10 de febrero. En ella, personas que se dicen víctimas de detención arbitraria señalan directamente a Muñoz de participar en actos de tortura y abusos sexuales cuando era procurador de Justicia de Aguascalientes (Proceso 2207). 

El actual subdelegado de la FGR argumenta que los certificados médicos de las personas que se dicen víctimas de torturas y abusos son falsos. Añade que en realidad dichas personas pertenecen a grupos delictivos que actuaron en complicidad con autoridades de los centros penitenciarios de Aguascalientes.

“Diagnósticos falsos” 

El 3 de enero de 2012 el agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la delegación de la entonces PGR inició la averiguación PGR/AGS/III/015/2012 con el alegato de que los detenidos fueron objeto de torturas físicas, malos tratos, incomunicación, amenazas hacia su persona y su familia. Éstos responsabilizaron a funcionarios de la procuraduría estatal, principalmente a su titular, Muñoz Vázquez.

Éste sostiene que, después de realizar un análisis jurídico, la fiscalía federal declinó la competencia a favor de la procuraduría estatal el 6 de enero de 2012, por lo que se abrió la averiguación previa DGAP/AGS/0726/01-12, derivada de las manifestaciones realizadas en las quejas ante la CNDH.

Afirma que se abrió dicha averiguación a pesar de que cada uno de los detenidos fue certificado médicamente al ingresar en las instalaciones de la procuraduría estatal durante el cumplimiento de la medida cautelar de arraigo y cuando salieron hacia la PGR, “encontrando discrepancias e irrealidades sobre la certificación médica de lesiones”, señala Muñoz Vázquez.

Sostiene que “debido a lo manifestado por los detenidos, el 15 de junio de 2012 se solicitó a la titular de la PGR que se practicara a los detenidos un dictamen pericial de mecánica de lesiones, el cual fue desahogado bajo el folio 46303 del 17 de agosto”.

Con base en el “Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes”, conocido como Protocolo de Estambul, los peritos concluyeron que “no existe coherencia y correspondencia por parte de alguno de los nombrados con respecto al tiempo y condiciones en que los estuvieron golpeando y la presencia de estas lesiones en la superficie corporal”.

El documento, fechado el 26 de noviembre de 2014 y enviado al secretario de Gobierno, asienta que Daniel Durón Durón y Efrén Lucino Pérez Díaz, quienes dijeron tener fracturas por tortura, en estudios radiológicos practicados en el hospital Hidalgo, al que eran llevados de manera “irregular”, resultaron negativos. Los abogados de los detenidos basaron su defensa en el “desprestigio” de la procuraduría estatal. 

En la sentencia de la causa penal 121/2011, emitida el 21 de marzo de 2014, el juez primero de Distrito del Trigésimo Circuito absolvió a 22 personas procesadas por delincuencia organizada y delitos contra la salud, atendiendo a supuestos actos de tortura. 

En desacuerdo con la sentencia de este juez, la PGR apeló dicho fallo, sin embargo fue confirmado por el Tribunal Unitario, el cual consideró que los certificados médicos con diagnósticos falsos eran pruebas contundentes para la resolución y no tomó en cuenta el certificado del Protocolo de Estambul de la PGR.

De acuerdo con este documento, “el juez Óscar Mauricio Maycott Morales, entonces juez primero de Distrito del Trigésimo Circuito, manifestó que las anteriores documentales no eran suficientes para variar el sentido de la resolución, en cuanto que los servidores públicos que las suscribieron nada dijeron que les conste acerca de la existencia de la organización delictiva La Oficina, a que se refiere el Ministerio Público en sus conclusiones”. 

El documento fue enviado por el entonces subprocurador Muñoz Vázquez, con copia a la entonces SIEDO, el Cisen y el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia. 

Muñoz Vázquez muestra una mesa llena de documentos que se niega a proporcionar, porque, asegura, son los medios para comprobar que la CNDH se equivocó al señalarlo como torturador en su recomendación del pasado 10 de febrero. 

“Ya acudí a la Barra Mexicana y al Colegio de Abogados para solicitar la defensa en mi calidad de un profesional del derecho, con el objeto de transparentar mi actuación cuando fui procurador general de justicia de Aguascalientes y ver si la CNDH se rigió por los principios constitucionales del debido proceso y presunción de inocencia.”

Y señala: “Lo que esta recomendación me causa al hacer señalamientos tan graves de abusador de mujeres es denostar mi persona y mi honra, y eso es grave, porque allí están las pruebas. Mi pregunta es por qué no las encontraron, por qué no me llamaron. Los servidores públicos también tenemos derechos”.