La apertura de archivos, ni tan fácil ni siempre legal

La promesa del presidente López Obrador de abrir a cualquiera y totalmente los expedientes secretos del Cisen y otros organismos de seguridad puede toparse con problemas mayúsculos. Historiadores y especialistas en acervos documentales advierten que esos buenos deseos chocan con la legislación vigente, la capacidad de las dependencias gubernamentales para procesar toda la información y aun con la custodia de archivos como los de la Sedena y la Marina. 

La promesa de abrir archivos históricos de todas las dependencias federales relacionados con “violaciones a derechos humanos”, persecuciones a “movimientos políticos y sociales” y “actos de corrupción”, junto a la apertura de documentos en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aún no se materializa pero ya enfrenta problemas: la voluntad política de conocer el pasado choca con la realidad del presente. 

“Yo sostengo que la medida es deseable y demuestra mucho la voluntad política del presidente, qué bueno, ¡lo celebro!, pero es muy difícil que se reconcilie esa disposición con la normatividad vigente”, sostiene el historiador Sergio Aguayo, autor de investigaciones sobre los órganos de inteligencia mexicanos y crímenes de Estado durante la “guerra sucia”.

Escéptico, añade: “También se tiene que explicar con mayor precisión a qué se refiere con ‘corrupción’, ‘persecución’ y ‘violaciones a derechos humanos’, como establece el decreto”. 

Hecha consigna desde la campaña electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del Cisen y su política de transparentar sus labores de “espionaje” fue anunciada desde enero, pero genera escepticismo entre otros historiadores y antiguos trabajadores del órgano de inteligencia fundado por Carlos Salinas de Gortari. 

Quienes conocen parte de esos archivos o han trabajado con documentos abiertos en el sexenio de Vicente Fox, coinciden en que la promesa del presidente López Obrador de hacer públicos los expedientes históricos del gobierno y el Cisen provocará una avalancha de procesos judiciales, altos costos económicos, resistencias de las personas aludidas, deficiencias técnicas, falta de presupuesto e incluso destrucción de documentos. 

En ello coincide Guillermo Valdés Castellanos, quien dirigió el Cisen en la administración de Felipe Calderón: “Tengo la impresión de que todo esto es puro morbo y publicidad”. 

–¿Por qué?

–Primero, porque aún se mantiene vigente la Ley de Seguridad Nacional. También porque si yo me atrevo a pedir los expedientes de López Obrador o Fidel Velázquez, la Ley de Transparencia y Protección de Datos, aún vigente, impide que la administración pública me los dé.

El 28 de febrero, la Consejería Jurídica de Presidencia de la República publicó un acuerdo que ordena a todas las dependencias federales –exceptuando la Fiscalía General de la República– trasladar sus acervos históricos al Archivo General de la Nación (AGN). El objetivo, según el documento, es “garantizar el debido derecho de acceso a la información”. 

Dicho acuerdo contiene unos artículos “transitorios” en los que otorga un plazo de 28 días para que el AGN emita las bases para la entrega-recepción de la información, así como un periodo de 180 días para su ingreso en las galerías. Posteriormente, personal especializado tendrá que clasificarlo, ordenarlo y almacenarlo. 

“Todo eso tomará tiempo”, advierte Aguayo. 

Limitaciones

López Obrador prometió dar apertura total a los expedientes y evitar la censura:

“Mucha gente fue reprimida sin que se le comprobara nada. Era nada más lo que suponían los policías políticos. Una etapa negra en la vida pública del país, por eso se tiene que conocer. Y nunca más espiar ni perseguir a nadie; para eso es que se está haciendo esto”, dijo el 1 de marzo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Una de las cosas que se decidió es ya no borrar nada”, añadió. 

Acompañado de Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, y del historiador Carlos Ruiz Abreu, director del AGN, los funcionarios federales acotaron el entusiasmo del presidente y adelantaron parte de las limitaciones existentes. Es el caso, por ejemplo, del publicitado “archivo en poder del Cisen”. Se trata de la apertura de 4 mil 223 cajas enviadas durante el gobierno de Vicente Fox al AGN, explicó Robledo. 

La información efectivamente se encuentra albergada en el AGN, pero se mantuvo bajo el resguardo del Cisen. Su contenido fue elaborado entre 1942 y 1985 por las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), así como por la Secretaría de la Defensa Nacional (hoy Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Su contenido se conoce parcialmente.

Al ser clasificado por policías, explicó Abreu, existen partes del repositorio documental que permanecen inéditas. La revisión, clasificación, testación y documentación necesitarán al menos dos años y recursos extraordinarios que, advirtió el presidente, ya están siendo gestionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por otra parte, en seis meses comenzará la recepción de la información histórica que poseen las dependencias federales, según el mandato. Sin embargo, la Ley Federal de Archivos también establece que todas las dependencias federales manden sus archivos históricos al AGN. El criterio introducido, según el acuerdo del 28 de febrero, consiste en que serán entregados aquellos relacionados con “violaciones a derechos humanos”, persecuciones a “movimientos políticos y sociales” y “actos de corrupción”. 

Según Robledo, la entrega-recepción “tiene que estar de la mano de los nuevos ordenamientos, particularmente la Ley de Archivos y la Ley de Protección de Datos Personales, a partir de lo que venga de 85 para 2019”. 

No obstante, según fuentes consultadas, las dependencias aún no reciben algún tipo de notificación sobre esas leyes vigentes. Y aunque el AGN recientemente integró mil 937 versiones públicas de expedientes de espionaje, los retos son mayúsculos.

 

Documentos destruidos 

En el primer lustro del Cisen, cada día y también una vez por semana el presidente de la República recibió un informe físico sobre la “agenda de riesgos nacionales”. Implementado por el director del organismo Jorge Tello Peón, el primero era conocido como Informe Ejecutivo Diario (IED) y el segundo como Informe Ejecutivo Semanal (IES). 

Consumada la transición de gobierno y engrosada la “agenda de riesgos”, los informes dejaron de enviarse con esa periodicidad al presidente Felipe Calderón, aunque sobrevivieron a criterio del director del Cisen. 

Según Valdés Castellanos, director del centro en el gobierno de Calderón, es imposible que éstos hayan sobrevivido o hayan sido almacenados. Fueron destruidos, señala en entrevista. 

–Si se entregaban Informes Ejecutivos Diarios, Presidencia debería ser el primero en entregarlos, ¿no? –se le pregunta.

–No, no es como en las películas de Estados Unidos. No había un informe diario.

–Pero… durante su gestión al frente del Cisen, ¿había informes físicos? 

–En ocasiones, otras eran por teléfono.

–Cuando había informes físicos, el presidente de la República debió almacenarlos en algún lado, quizá en Palacio Nacional…

–No, lo más seguro es que los haya destruido.

Adolfo Gómez Vives, quien fue director de análisis de narcotráfico en el Cisen de 1995 a 1998, advierte que en la administración de Tello Peón los informes físicos fueron digitalizados e integrados al Sistema de Información Fuente (SIF). Ésta es una plataforma para almacenar y compartir información reservada, cuya custodia debe tener la actual administración federal. Operada con base en “consignas”, los analistas de información enviaban preguntas a los agentes de campo, quienes se dedicaban a investigar y enviar la información solicitada.

“En el proceso no nos conocíamos los unos a los otros. Sin embargo, la información de esas consignas y muchos archivos digitalizados deben de estar almacenados ahí”, comenta Gómez Vives. 

Tras abandonar la institución al iniciar la administración de Enrique Peña Nieto, asegura Valdés Castellanos, la información del SIF en custodia debe de estar a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata tras la desaparición del Cisen.

Abrir dicha información con el fin de hacer accesibles documentos relativos a “violaciones a derechos humanos”, persecuciones a “movimientos políticos y sociales” y “actos de corrupción” podría contradecir el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por ejemplo, publicar los nombres de agentes de una investigación o funcionarios responsables de acciones policiacas o militares puede atentar contra la seguridad nacional e incluso contra la vida, la seguridad o salud de dichos funcionarios. Y los afectados podrían interponer amparos en cascada. 

En todo caso, para realizar una “apertura total” de los archivos se requeriría primero modificar la Ley Federal de Transparencia y Acceso de Información Pública.

Política, historia y archivo

Durante su conferencia matutina del 23 de enero, López Obrador manifestó su disposición para extender su política de transparencia a los archivos “secretos”: “Había una parte del archivo nacional del país que era reservado. No va haber reserva. Se van a poder consultar todos los expedientes. Se los adelanto”.

Un mes después reafirmó su disposición: “Esa es la importancia que tiene la apertura, ya si procede que se enjuicie, se castigue a responsables, y si lo van a hacer los espiados, afectados, perseguidos, pues eso es otro capítulo, es otra etapa; tienen todas las libertades, hacerlo nada más en el marco de la legalidad y ya”.

Frente a esta postura, la historiadora Ángeles Magdaleno, quien fungió como directora general de Información y Análisis Documental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) durante el sexenio de Vicente Fox, señala que la apertura de documentos implica consecuencias en el presente y especialmente lo que llama “la resistencia de las élites”.

Una primera consecuencia de este proceso, explica, se produce en las contradicciones de las legislaciones vigentes: 

El artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, en el que se basa el acuerdo de la Presidencia, impone dos restricciones. La primera consiste en que un documento que se ha determinado conservar “por su valor histórico” “conservará tal carácter por un plazo de 30 años a partir de la fecha de creación del documento que la contenga”.

La segunda es que se establece un periodo de 70 años, “tratándose de datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Estos documentos se identificarán como históricos confidenciales”.

El presidente prometió la apertura total de los expedientes. Ese aspecto “vende mucho”, recalca Magdaleno. Sin embargo, no cree que haya posibilidad de tal apertura ni que ésta logre todos los alcances anunciados. De hecho técnicamente en México no existen formas correctas para empalmar la protección de datos personales y conservar el acervo, ni el AGN posee el presupuesto para cumplir la demanda: en 2019 recibió 78.4 millones de pesos que, a decir de los entrevistados, son a todas luces insuficientes para cumplir con las nuevas tareas de traslado, recepción, clasificación, digitalización, testado, almacenamiento y consulta de millones de nuevos documentos.  

“Uno de los problemas de este proceso es económico. Sin duda, aún no podemos calcular cuántos kilómetros de documentos tendrán que ser ordenados… Un segundo elemento es que no hay expertos en el tema. Recientemente la UNAM abrió una carrera especializada en archivos, pero es una materia que apenas inicia”, señala Magdaleno. 

“Un tercer elemento –agrega– es que el AGN no cuenta con la capacidad para almacenar tantos documentos.”

Al respecto el historiador Alfredo Ávila, investigador de la UNAM y director del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, manifiesta su preocupación por que el acuerdo ignore disposiciones de la Ley General de Archivos, un nuevo cuerpo jurídico para la preservación de la memoria histórica y su protección, pero que entrará en vigencia hasta el próximo 15 de julio. 

Participante en las discusiones para la aprobación de esa ley, en 2018 Ávila presentó pruebas de documentos testados (originales con tachaduras) de principios del siglo XIX. “Así de absurdos y ridículos eran algunos criterios”, advierte. Hoy el artículo 36 de esta ley posibilitará que en julio todos los documentos depositados en archivos históricos sean “fuentes de acceso público”; es decir, “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales”.

“Mi temor es que se cumpla el decreto y se transfieran los documentos sin el criterio de selección de la ‘historicidad’, que no sea dictaminado por un comité interdisciplinario y continúen haciéndolo funcionarios de las dependencias”, señala el académico.

–¿Eso podría implicar la destrucción del material? 

–No sé si destrucción, pero sí que la información y el contexto en que se produce un documento no sea correctamente leída por los encargados de cada institución y se oculten. Sin contar que el criterio de separación entre un documento de trámite, concentración e histórico, no cumpla con el deseo del presidente de abrir la información. 

–¿Cuál es su impresión de todo este proceso?

–Me parece que el presidente lo está agarrando de bandera política, pero no se ve claro cuáles son los horizontes ni sus alcances reales.

Una de las limitaciones señaladas por Ávila, por ejemplo, es que el acuerdo no fue firmado por Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a pesar de que uno de los criterios para abrir un documento contempla “violaciones a derechos humanos”, y éstas a menudo pasan por procesos de judicialización.

Tampoco cree que la Sedena y la Secretaría de Marina entreguen sus repositorios documentales, ya que ambas mantienen sus propios archivos históricos y parte de ellos son públicos. Otra parte, relacionados con investigaciones abiertas, tendrá limitaciones, dice el historiador.