Colados e indeseables

Pese a los exhortos del presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes de su gabinete para que no incluyan en sus dependencias a personajes de pasado dudoso, en su administración se han enquistado varios de ellos, lo mismo en Pemex que en Sener, SE, SHCP y la CFE. 

En una reunión con su gabinete legal y ampliado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional efectuada el pasado 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su preocupación por algunos nombramientos de servidores públicos con pasado dudoso que habían salido a la luz poco antes de cumplirse sus primeros 100 días de gobierno.

Como lo había hecho en reuniones anteriores, les pidió a sus colaboradores investigarlos y verificar sus antecedentes antes de sumarlos a la administración. Les aseguró que se trataba del cambio verdadero y no se podía hacer algo nuevo con los que estaban antes. “Hay que fijarse, no se puede confiar en la gente que estaba”, les dijo, según una fuente presente en la reunión que pidió anonimato.

El regaño no era gratuito. Seis días antes fue cesado como administrador central de Investigación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Jesús Torres Charles, luego de que fue señalado presuntamente de ser parte de la historia negra de Coahuila. Preocupado por el nombramiento, el “superdelegado” en la entidad, Reyes Flores Hurtado, envió una carta, de la que Proceso tiene copia, a la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y al propio presidente en la que acusaba a Torres Charles de presunta protección a Los Zetas cuando fue procurador de Justicia en la administración de Humberto Moreira (2009-2011).

“Torres Charles era el fiscal general cuando el cártel con el que se le vincula desapareció a alrededor de 300 personas en Allende y Nava, Coahuila, algunas de las cuales fueron ingresadas al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde las torturaron y asesinaron, lo cual tiene relevancia si consideramos que los penales en ese entonces eran responsabilidad del fiscal, cargo que recaía en el señalado Torres Charles”, apunta la misiva.

Ríos-Fajat separó del cargo a Torres Charles. 

En entrevista con Proceso, Flores Hurtado dice desconocer cómo se coló Torres Charles en el gobierno: “No es casualidad, me preocupa que su nombramiento haya tenido que ver con una lógica de controlar las aduanas para actos ilícitos”.

El de Torres Charles no es el único caso, pues otros nombramientos también pasaron inadvertidos. Uno de ellos es el de Javier Guerrero García, un expriista de Coahuila, quien es jefe de la Unidad de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. 

En 2011, primer año del gobierno de Rubén Moreira, Guerrero fue secretario de Fomento Económico en la entidad, pero renunció en 2012 para integrarse al equipo de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El periodo en el que ella estuvo al frente de la dependencia (2012-2015) Guerrero García fue subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, justo cuando se implementó la cuestionada Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Esa estrategia desapareció cinco años después de su puesta en marcha, a pesar de haber sido anunciada en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto como una prioridad. Como documentó Proceso en su portal, en febrero de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño al erario de al menos 845 millones de pesos en 2013 a través de cinco convenios entre la Sedesol y las universidades públicas del Estado de México y de Morelos. 

El contrato de mayor valor, por 396 millones, tenía como fin “el abastecimiento de los promotores de la Cruzada” con paliacates, tortilleros, portacredenciales, vasos y gorras, que se facturaron a empresas inexistentes.

“Estos artículos no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional”, reportó la ASF. Este escándalo forma parte de la investigación periodística conocida como la Estafa Maestra. 

De 2015 a 2016, Guerrero García fue dipu­tado federal del PRI, pero renunció a ese partido en 2017, cuando le dieron la candidatura a Miguel Riquelme, quien hoy es el gobernador de Coahuila. Entonces se lanzó como candidato independiente. Con miras a las elecciones presidenciales de 2018 se unió a Morena como coordinador de campaña en esa entidad.

Desde 2011, en el servicio público, reportó en su declaración patrimonial cuatro casas, dos terrenos y un departamento, aunque no reveló su valor. 

“Reciclados”

El miércoles 13, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no se van a reciclar funcionarios involucrados en actos de corrupción o señalados por tener un mal desempeño. 

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, recicló a un expriista que fue coordinador de Comunicación Social en Chihuahua durante la gestión de César Duarte, quien hoy es prófugo de la justicia. 

Se trata de Juan Ramón Flores Gutiérrez, actual coordinador de asesores de la SEP. De 2011 a 2013 fue encargado de las relaciones gubernamentales con los medios de comunicación en Chihuahua. En ese sexenio, como mecanismo de control y triangulación de recursos públicos, proliferaron portales y medios digitales sin lectores en el estado (Proceso 2095). 

En ese periodo, el gobierno de Chihuahua tuvo un gasto millonario en publicidad: en 2011 erogó 570 millones 468 mil 122 pesos; en 2012, durante la campaña presidencial, 808 millones 307 mil 431, y en 2013, 772 millones 218 mil 737, según el portal de Transparencia del gobierno estatal.

El mismo miércoles 13 López Obrador aseguró que en su gobierno tampoco caben los “tecnócratas” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que sostuvieron la política económica neoliberal ni los que impulsaron la reforma energética. 

Y remató: “Imagínense que en Hacienda sigan los mismos tecnócratas que en 36 años de política neoliberal llevaron al fracaso al país. ¿Cómo una persona que promovió, impulsó y ejecutó la llamada reforma energética, que resultó un fracaso, va a seguir trabajando con nosotros? Hasta por honestidad deberían de decir: ‘Ya me voy’”.

Sin embargo, aun cuando Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha responsabilizado a los exfuncionarios del sector eléctrico de llevar a la compañía a una situación financiera crítica, el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, nombró como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) a Jorge Mendoza Sánchez, quien durante el último tramo del gobierno peñista, de 2016 a 2018, se desem­peñó como director corporativo de Finanzas de la CFE. 

Desde ahí, Mendoza Sánchez fue una de las piezas clave para el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E), instrumento para atraer inversión a los sectores de infraestructura y energía en el país.

Hijo de Jorge Mendoza Garza, exsenador, exdiputado y vicepresidente de Grupo Salinas, Mendoza Sánchez también trabajó en la SHCP como director general adjunto en la Unidad de Crédito Público y director general adjunto de Asuntos Internacionales. Antes laboró en la empresa suiza de servicios financieros Credit Suisse.

“Agente empresarial” 

Dos de los encargados de la política minera del país son personajes con posible conflicto de interés. El primero es un zedillista, acerero y viejo conocido en el sector privado de la minería: Francisco José Quiroga Fernández, titular de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía (SE). Aunque ha trabajado en el sector público es más conocida su trayectoria en corporaciones trasnacionales. 

Quiroga Fernández laboró en el Grupo Villacero de Julio César Villarreal Guajardo –quien también preside y dirige el Grupo Financiero Afirme– como director de planificación internacional durante el periodo de 2004 a 2007.

En pleno ascenso de la compañía, a Quiroga le tocó presenciar el conflicto laboral en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, SA de CV (Sicartsa), en abril de 2006, que tuvo como saldo dos trabajadores muertos en el desalojo de la planta que estaba en conflicto. Después del enfrentamiento, ArcelorMittal compró Sicartsa a Grupo Villacero, que la convirtió en la siderúrgica más grande de México.

El actual subsecretario de Minería ayudó a ArcelorMittal a consolidarse en México, ya que trabajó para la compañía de 2007 a 2009, años de crisis mundial que llevaron a la economía mexicana a un desplome de 6%, pero que fueron de crecimiento para la minera; ésta se potencializó al grado de que actualmente tiene una participación estimada de 22% a 25% en el mercado nacional.

De 2009 a 2012 Quiroga Fernández volvió a Villacero para hacerse cargo de la recién adquirida Coutinho & Ferrostaal. Antes de ser llamado por el gobierno de López Obrador, fue head of trading en Steelcom, una empresa perteneciente a Metalcorp.

De acuerdo con la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), “Quiroga funciona ya como franco agente de empresas como la compañía canadiense Almaden Minerals”.

En un comunicado del 18 de diciembre último, Rema dio cuenta de que una semana antes, el 9 de diciembre, el recién nombrado subsecretario de Minería Francisco Quiroga se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar “su respaldo abierto y explícito” al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar con base en dos concesiones mineras que la SE le otorgó.

“Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio”, precisó Rema.

Añadió: “El subsecretario soslaya incluso que existe un juicio de amparo interpuesto por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de las referidas concesiones, donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada”. 

Un caso similar es el de Laura Cristina Díaz Nieves, convocada por el gobierno de López Obrador para ocupar su primer empleo en el sector público como directora general de Minas de la SE, después de una carrera en empresas trasnacionales.

“Más de 22 años como asesora legal para múltiples empresas públicas de exploración y minería en México con un historial exitoso en transacciones de recursos naturales. Abogada corporativa mexicana para empresas mineras canadienses de mediano tamaño que operan en México”, se lee todavía en la página de internet de la compañía canadiense Goldplay Exploration, a pesar de que Díaz Nieves ya no está en su consejo directivo.

Ella jamás menciona que trabajó para alguna compañía minera. Aunque en la realidad Díaz Nieves ha colaborado asimismo con Magna Gold de Canadá, que al igual que Goldplay tiene concesiones en el norte del país. También se desempeñó como directora de la compañía canadiense Marlin Gold Mining Ltd hasta mayo de 2012, que opera en el país a través de su filial Oro Gold de México.

En la Dirección General de Minas, Díaz Nieves tiene, entre otras atribuciones, expedir títulos de concesión o de asignación minera, así como resolver sobre la corrección administrativa, sustitución, prórroga, desistimiento, cancelación o nulidad de los mismos, conforme al marco normativo vigente, según el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016.

Manchas en el expediente

Proceso también ha documentado la preo­cupación de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos que se oponen a megaproyectos energéticos, por el nombramiento de Katya Puga Cornejo como subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Después de trabajar en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, en 2013 se incorporó a la Secretaría de Energía (Sener), con Pedro Joaquín Coldwell, como directora de Vinculación Social en la Subsecretaría de Electricidad y luego pasó a la Subsecretaría de Hidrocarburos.

En esos cargos, Puga Cornejo se caracterizó por amañar consultas, simular procedimientos, dividir a las comunidades y favorecer a los megaproyectos, según líderes de comunidades indígenas consultados por el reportero Arturo Rodríguez (Proceso 2198).

Ahora, como subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, se encargará de las políticas ambientales del Tren Maya, el sistema aeroportuario de Santa Lucía-Ciudad de México-Toluca y la refinería en Paraíso, Tabasco.

También está en la mira de los defensores de derechos humanos el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez. 

El martes 5, este semanario publicó que víctimas de tortura en Aguascalientes exigen al gobierno federal relevar de su cargo al titular de la SEIDF, quien fue procurador de Justicia del estado de 2010 a 2015, durante el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 17VG/2019 por violaciones graves de derechos humanos al acreditar que personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas entre 2011 y 2012.

En su edición 2203 del 20 de enero último, Proceso reveló además una serie de nombramientos en Petróleos Mexicanos (Pemex) realizados en diciembre por el Consejo de Administración, encabezado por la titular de la SE, Rocío Nahle, el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, y algunos a propuesta del director general Octavio Romero Oropeza, como es el caso de Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica del gobierno del Estado de México de 2013 a 2017, con Eruviel Ávila Villegas. 

Como consejera jurídica de esa entidad Zarza Delgado reconoció una conversación telefónica filtrada en 2015 en la que asegura que intercedió con jueces y magistrados a favor del consorcio español OHL en un juicio con la compañía Infraiber, SA de CV, por las mediciones del aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense en 2014.

Además, Proceso identificó a otros personajes dentro de la estructura de la empresa productiva del estado involucrados de una u otra manera en escándalos, como Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien se separó de su cargo como director general de Pemex Exploración y Producción (PEP) a finales de enero. Su conclusión en el cargo ocurrió luego de que salió a la luz que en 2017 apareció en la investigación de la Estafa Maestra por la firma de un contrato con una universidad pública como parte de un entramado ilegal en el que la petrolera eludió las licitaciones públicas, simuló adquisiciones, y las instituciones educativas subcontrataron a otras empresas para que realizaran los trabajos, aunque en muchos casos eran inexistentes. 

A Lozada Aguilar se sumaron otros dos directivos de Pemex que fueron identificados por el portal Animal Político como firmantes de convenios con universidades públicas que terminaron en manos de empresas fantasma. Se trata de Héctor Salvador Salgado Castro, quien había sido nombrado en este gobierno como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, y Luis Galván Arcos, designado gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística. 

Tras la publicación de Proceso y Animal Político, López Obrador confirmó en una de sus conferencias matutinas que los tres funcionarios presuntamente estuvieron involucrados de una u otra manera en la Estafa Maestra.

“No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”, dijo el presidente cuestionado por la reportera Nayeli Roldán, de Animal Político. En ese escenario, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reveló que el Órgano Interno de Control de Pemex había sido omiso en esos tres casos, por lo que a solicitud del presidente las autoridades iniciaron una investigación. 

Además, la revista publicó otros casos, como el del abogado José Samuel Sánchez Reyes, quien fue nombrado subdirector Jurídico de Operaciones Regionales de Pemex pese a que buena parte de la trama de sobornos de Odebrecht coinciden con sus años como gerente Jurídico de Convenios y Contratos de 2012 a 2015. 

Sánchez Reyes figuró entre los 18 funcionarios investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht y como parte derivado de las indagatorias contra el exdirector Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho (carpeta FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017).