Bolsonaro promueve la muerte de la Amazonia

Pulmón del planeta y reserva que debería estar protegida por el gobierno de Brasil, la Amazonia está otra vez en riesgo. La dictadura de los sesenta abrió la selva a los especuladores, a los industriales agrícolas y ganaderos, a los madereros, para que la explotaran a placer. Esa política se revirtió cuando los militares fueron echados del poder. Ahora Jair Bolsonaro regresa a esa época y no sólo alienta la explotación amazónica, sino que quiere castigar como “terroristas” a quienes defienden la región.

Reserva de Gurupí, Brasil.- El paraje no puede ser más idílico. Las exuberantes copaíbas se alzan más de 30 metros y sus generosas copas filtran los intensos rayos de sol que caen sobre la reserva forestal de Gurupí, en el extremo nororiental de la Amazonia brasileña. 

La camioneta de los guardabosques avanza sobre la tierra rojiza a una velocidad moderada, para evitar impactos con felinos, como el jaguar o con jabalíes o armadillos, animales que abundan en este ecosistema. El ruido de los monos, que vigilan desde lo alto de la vegetación nuestros pasos, se impone por momentos al rugido del desvencijado vehículo.

Iván Rodrigues, un experimentado guardabosques cuya barba blanca en forma de uve y gafas de sol le dan un carácter de temible militar, no se desprende de su pistola nueve milímetros ni siquiera cuando está al volante. El calor se impone al aire acondicionado y el sudor resbala por su rostro y cuello, empapando su de por sí pesado chaleco antibalas.

“Hay que estar alerta. Los madereros están por todas partes y no preguntan, disparan”, explica a Proceso, que acompañó al equipo fiscalizador durante una de sus operaciones de combate a la extracción ilegal de madera en esta región, una de las más impactadas por las mafias criminales de especuladores de tierras, ganaderos ilegales y madereros.

De un tamaño equivalente a 271 mil canchas de futbol, la Reserva de Gurupí es una metáfora del cruce de caminos en el que se encuentra la Amazonia brasileña justo cuando el presidente Jair Bolsonaro –un escéptico del cambio climático– se reúne con Donald Trump –otro enemigo de los ecologistas– para discutir el futuro de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, que mucho tienen que ver con el destino de la gran selva.

Declarada en 1988 una de las 60 reservas biológicas de Brasil, un título que impide a priori cualquier presencia humana, la de Gurupí es hoy objeto de un saqueo permanente de recursos naturales; incluso algunas zonas de bosque virgen han sido transformadas por ganaderos en pasto y sus tierras, robadas al patrimonio del estado de Marañón.

Los guardias del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, uno de los entes federales que trabaja por la defensa del patrimonio ambiental de Brasil, llevan a cabo frecuentes incursiones en Gurupí para atrapar madereros, cazadores furtivos e incluso especuladores de tierra que venden sus hectáreas tras falsificar escrituras. Dos bases han sido construidas en los extremos norte y sur de la reserva, y una decena de policías militares –armados con fusiles automáticos– participa de las rondas de vigilancia, llevadas a cabo siguiendo informaciones satelitales.

Sin embargo de poco sirven esas medidas. “Esto es una región sin ley”, dice Iván, que explica que la falta de oportunidades económicas en los pueblos y ciudades alrededor de la reserva ha disparado el desempleo y, a su vez, actividades ilícitas en la selva, como la apertura de pequeñas minas de oro, tala ilegal e incluso tráfico de animales. 

“Multar no sirve de nada. Por un camión de madera, árboles que tienen 60 o 70 años, les imponemos penas de 2 o 3 mil dólares, pero su ganancia es 30 o 40 veces esa cifra, si logran escapar al control. Desde hace unos años les quemamos directamente las motosierras y los camiones con la esperanza de llevarlos a la quiebra”, agrega.

La respuesta de los delincuentes a esa escalada no se hizo esperar. En 2015, cuando Brasil se encaminaba hacia lo más profundo de su peor recesión en casi un siglo (entre 2014 y 2016 el PIB cayó cerca de 7%, según cálculos del Banco Central), los madereros respondieron incendiando Gurupí como medida de protesta. En dos meses ardieron 100 mil hectáreas, más de un tercio del total de la reserva. 

Las amenazas de muerte a los guardabosques, bomberos y al supervisor de Gurupí, Evane Lisboa, se multiplicaron. 

“Dejamos de ir a restaurantes o supermercados por miedo a atentados”, explica Lisboa en su modesta oficina de la ciudad de Azailandia, donde muestra algunas de las armas decomisadas a los criminales ambientales.

Saqueo de la dictadura

Con una extensión cercana a 60% del territorio brasileño, la Amazonia sufrió en los últimos 30 años los efectos de la deforestación acelerada y la quema de colosales extensiones de selva, con el fin de expandir las fronteras agrícolas de un país que hoy produce nada menos que 7% del total del comercio global de productos agroindustriales, con exportaciones superiores a 100 mil millones de dólares en 2018, según datos del Ministerio de Agricultura. 

Al tiempo que la urbanización y el precio de la tierra crecían en las regiones costeras y superpobladas (Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía), el ganado bovino y las plantaciones de soya eran paulatinamente empujadas al norte, donde durante décadas la selva amazónica –tan densa en algunas regiones que impide el paso de un hombre– hizo de barrera natural a las ambiciones del capitalismo.

Sin embargo, las políticas de la dictadura militar (1964-1985) supusieron un giro radical. Quienes llegaron al poder mediante un cuartelazo –cuestionado como tal por Bolsonaro–, pusieron en marcha un ambicioso proyecto socioeconómico para de una vez por todas abrir esta región, considerada hasta entonces indomable: miles de kilómetros de carretera fueron abiertos entre la vegetación; se inauguraron decenas de minas, como la de Carajás, el mayor yacimiento de mineral de hierro del mundo; y se promovió –por medio de crédito barato y exenciones fiscales– la llegada de empresas, lo que generó un flujo migratorio constante desde las regiones más pobres y densamente pobladas de la costa de Brasil. 

Por ende, en cuatro décadas la población de la Amazonia brasileña pasó de 2 a 20 millones, según cálculos del historiador John Hemming en su obra Tree of Rivers: The Story of the Amazon. La deforestación, que apenas alcanzaba 1% del total en 1960, ha devorado ya cerca de 20% de la gran selva, revelan los datos satelitales de la NASA. Es decir 750 mil kilómetros cuadrados, equivalentes a más de un tercio del territorio de México.

Esta catástrofe medioambiental, que ha catapultado a Brasil, el “gigante verde”, al séptimo puesto como mayor emisor de dióxido de carbono del planeta, también supuso una transformación socioeconómica profunda. El estado de Mato Grosso es hoy el mayor productor de soya de Brasil, país que en 2018 superó por primera vez a Estados Unidos como mayor granero de la leguminosa del planeta, con 117 millones de toneladas, según datos del Departamento de Agricultura estadunidense publicados en mayo de ese año. 

Más reveladora es la transferencia amazónica del ganado bovino comercial brasileño, el mayor del mundo, con más de 207 millones de cabezas; 76 millones de vacas y bueyes, más de un tercio del total, pastan actualmente en áreas que hace apenas unos años eran verdaderos tesoros de biodiversidad.

Esta mutación histórica de la Amazonia pone a Brasil como el país con la mayor capacidad para responder a la demanda mundial de alimentos y de proteína animal, pero también ha dejado una profunda cicatriz social, en especial por la violencia asociada a la lucha por la tierra. 

En 2017, último año de datos disponibles, hubo 71 muertos por disputas en el campo, la mayoría en la Amazonia, según el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Desde hace un lustro Brasil es el país donde más ecologistas, indígenas y defensores de campesinos sin tierra mueren de forma violenta, según la organización no gubernamental británica Global Witness.

Esa letalidad está asociada al caos sobre la propiedad de la tierra, pues millones de hectáreas fueron abiertas en la Amazonia desde 1960, sin que hubiera un real dueño privado de éstas. Las familias de migrantes llegaban y se asentaban junto a las carreteras recién construidas, mientras las diferentes entidades federales atribuían –muchas veces siguiendo esquemas corruptos– enormes extensiones a empresas o personas influyentes.

El antiecologista Bolsonaro

Este escenario nada halagüeño ha dejado una situación de conflicto permanente entre grandes terratenientes (algunos, verdaderos criminales que deforestan para después robar tierra) y grupos de campesinos sin tierra.

El riesgo ahora es que esta situación se recrudezca con Bolsonaro. El presidente, un exmilitar de ultraderecha que quiere que la legislación trate como “terroristas” a los sin tierra, pretende que los grandes ganaderos anden armados. El pasado 15 de enero aprobó un decreto que, sin pasar por el Parlamento, permite la tenencia de hasta cuatro armas a cualquier persona mayor de 25 años. El siguiente paso es flexibilizar la portación de éstas en un país que en 2017 registró 63 mil homicidios, su año más violento de todos los tiempos, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Pero no sólo está en juego la exacerbación de la violencia. Brasil, que exporta bienes agroindustriales a más de 150 países, podría poner en riesgo ese multimillonario negocio si no cumple sus compromisos climáticos o si Bolsonaro hace efectiva su promesa de reducir reservas indígenas, expandir la minería y dar vía libre a la deforestación en la Amazonia. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que Francia podría bloquear el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, cuyas negociaciones se encuentran en su fase final tras dos décadas de diálogo. 

“El ‘bolsonarismo’ está mostrando su rostro: un régimen ideológico de truculencia y saqueo a los recursos naturales que se pliega a las fuerzas más atrasadas del sector productivo para minar la competitividad de la agricultura industrial brasileña”, criticó el Observatorio del Clima, organización brasileña que monitorea los compromisos medioambientales del gigante sudamericano. 

Incluso el exministro de Medio Ambiente, Edson Duarte, lanzó una alerta a Bolsonaro luego de que éste anunciara (y luego reculara) que Brasil saldría del Acuerdo de París. “La economía nacional sufriría, especialmente el agronegocio, ante una posible represalia comercial por parte de los países importadores”, indicó Duarte en una nota el pasado 31 de octubre.

En el Acuerdo de París, Brasil se comprometió a reducir 37% en 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a los índices de 2005, sobre todo por medio de la lucha contra la destrucción en la Amazonia, cuya deforestación ilegal prometió erradicar en 2030. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, muy cercano al poderoso lobby de los agroindustriales, dijo que el país seguirá dentro del mayor pacto global para combatir el cambio climático. “Pero sólo por ahora”, matizó.

En su reunión bilateral con Trump, que supone un espaldarazo a la presidencia de Bolsonaro por producirse en sus primeros 100 días al frente de Brasil, todas estas cuestiones tendrán un papel importante. 

Estados Unidos quiere, como Bolsonaro, la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, pero de producirse de forma abrupta y violenta podría crear un éxodo masivo de venezolanos hacia el país vecino por su frontera común amazónica. Además, Washington sabe que tiene ahora en el gigante sudamericano un líder amigo que, a diferencia de Lula da Silva o Dilma Rousseff, puede abrirle las puertas de par en par a sus empresas en la última frontera económica del planeta.