Una constructora pone en riesgo la carrera de Trudeau

La indígena canadiense Jody Wilson-Raybould sólo hacía su trabajo: como ministra de Justicia y fiscal general investigaba a la empresa SNC-Lavalin, acusada de corrupción. Pero empezó a recibir presiones del primer ministro Justin Trudeau y de algunos de sus allegados para que dejara en paz a la constructora. No hizo caso y fue removida de la fiscalía y del ministerio; le dieron un puesto menor y renunció. Los pueblos indígenas, indignados, protestaron y el caso llegó a la prensa y a un comité parlamentario. Este escándalo podría afectar a los liberales en las urnas el próximo octubre.

Montreal, Canadá.- Justin Trudeau enfrenta la mayor crisis desde que asumió el cargo de primer ministro canadiense. La tormenta estalló a principios de este año y podría convertirse en un obstáculo para la reelección del premier, el próximo octubre.

El comisionado de ética y un comité parlamentario abrieron investigaciones para saber si Trudeau y algunos de sus colaboradores presionaron a Jody Wilson-Raybould –quien el pasado febrero renunció a sus cargos de ministra de Justicia y fiscal general– para que SNC-Lavalin, la constructora más grande del país, evite un juicio por corrupción.

El 27 de febrero, Wilson-Raybould presentó su versión frente al comité parlamentario. “Entre septiembre y diciembre de 2018 fui objeto de una presión constante y sostenida por parte de miembros del gobierno, que buscaban interferir (…) en el ejercicio de mis funciones como fiscal”, afirmó. Trudeau negó estos dichos, aunque ha matizado su versión al paso de los días.

SNC-Lavalin

Un artículo de The Globe and Mail, el 7 de febrero, desencadenó la crisis. El diario citó fuentes gubernamentales anónimas y contó que “la oficina del primer ministro” ejerció fuertes presiones varios meses sobre Wilson-Raybould para que evitara un proceso judicial contra SNC-Lavalin, empresa que habría pagado sobornos en Libia. Ese mismo día Trudeau desmintió la noticia.

SNC-Lavalin, una de las mayores compañías de ingeniería del mundo, tiene proyectos en más de cien países. Una de las naciones donde obtuvo mayores contratos en los últimos lustros fue Libia. El gobierno canadiense abrió una investigación por las sospechas de que la empresa pagó millonarios sobornos al círculo más cercano del entonces líder libio, Muamar Gadafi, entre 2001 y 2011, para ganar licitaciones.

Una modificación al código criminal canadiense permite que una compañía no vaya a juicio a cambio de que admita los hechos y pague una multa. El objetivo, según los liberales que plantearon la reforma, es evitar que trabajadores y jubilados sufran las consecuencias. SNC-Lavalin busca un acuerdo de este tipo, pues si es declarada culpable en un juicio tendría vetada su participación en licitaciones públicas en Canadá –donde tiene 9 mil empleados– durante 10 años.

Democracy Watch es una organización canadiense que vigila las responsabilidades gubernamentales y empresariales. Duff Conacher, su director, dice en entrevista: “Las compañías saben que no obtendrán contratos en varios países si no pagan sobornos. Hay gobiernos que no hacen nada al respecto. Está bien que Canadá actúe y también que piense en proteger empleos. Sin embargo, hay que analizar qué empresa cumple con los lineamientos para evitar un juicio. Debe ser un tema judicial y no político”.

En septiembre de 2018 la Fiscalía General de Canadá informó a SNC-Lavalin que no obtendría el acuerdo. Según The Globe and Mail, Trudeau y varios de sus colaboradores se reunieron posteriormente con Wilson-Raybould para presionarla, pues ella tenía facultades para cambiar la decisión. 

Pocos días después de que apareció el artículo, Trudeau admitió que habló con Wilson-Raybould para abordar el tema, pero que siempre le subrayó que ella tendría la última palabra. 

Tras la decisión de la Fiscalía, representantes de SNC-Lavalin se reunieron 18 veces con personas cercanas a Trudeau. Stéphanie Yates, profesora de comunicación en la Universidad de Quebec en Montreal, comenta a Proceso: “El cabildeo es una actividad legal en la democracia. Dicho esto, desde el momento en que la Fiscalía consideró que la firma no obtendría el acuerdo, el asunto se volvió estrictamente judicial. Por lo tanto, los miembros del personal político debieron mostrar más prudencia antes de aceptar estos encuentros”. 

Wilson-Raybould confirmó en diciembre el juicio contra SNC-Lavalin. El 14 de enero Trudeau la designó ministra de Veteranos de Guerra, una cartera menor, pero ella renunció al cargo el 12 de febrero. David Lametti fue nombrado ministro de Justicia y fiscal general. La compañía presentó entonces un recurso de apelación, que fue desestimado por una corte el viernes 8, aunque el fiscal general aún puede revocar la decisión. 

Mario Dion, comisionado de ética de Canadá, abrió una investigación para saber si Trudeau y sus allegados violaron la Ley sobre Conflictos de Interés. También un comité parlamentario inició pesquisas. 

Además de Wilson-Raybould, otros tres funcionarios abandonaron sus cargos a raíz de esta crisis.

Gerald Butts, el asesor más cercano de Trudeau y su amigo desde la universidad, renunció el 18 de febrero, con el argumento de que no quería ser un obstáculo para las investigaciones y que jamás trató de presionar a la fiscal.

Jane Philpott, presidenta del Consejo del Tesoro de Canadá, dimitió el martes 5 porque consideró que había indicios de que Trudeau y algunos de sus colaboradores se comportaron de forma inapropiada con la exfiscal.

Michael Wernick, secretario del Consejo Privado (órgano que regula la función pública), anunció el lunes 18 su jubila-ción anticipada.

Comité parlamentario

Aquel 27 de febrero Wilson-Raybould dijo ante el comité que distintos miembros del gobierno la presionaron para que evitara el juicio contra la firma y optara por un acuerdo de reparación. “El primer ministro me pidió ayudar, encontrar una solución, subrayándome que si la compañía no conseguía un acuerdo, muchos empleos se perderían y que SNC-Lavalin abandonaría Montreal como sede social”. 

“Me quedé perpleja. Mi respuesta fue hacerle al primer ministro una pregunta directa (…) le pregunté si estaba queriendo intervenir políticamente en mis funciones de fiscal general y le aconsejé no hacerlo. Me dijo que no, que simplemente necesitábamos encontrar una solución”, declaró la exfiscal.

También contó que Mathieu Bouchard, asesor de Trudeau, le advirtió que un juicio a SNC-Lavalin podría tener consecuencias en la reelección de los liberales.

Asimismo dijo que su llegada al Ministerio de Veteranos de Guerra fue una represalia por el caso SNC-Lavalin. Pocas horas después de la comparecencia, Trudeau manifestó que las palabras de la exfiscal no se apegaban a la realidad, subrayando que tanto él como sus colaboradores siempre han actuado de forma apropiada. También precisó que el acuerdo que busca la constructora es legal y que el cambio ministerial de Wilson-Raybould nada tuvo que ver con este asunto. 

El miércoles 6 tocó el turno a Butts de rendir testimonio ante el comité. Dijo que jamás presionó a Wilson-Raybould, que más bien le propuso escuchar la opinión de expertos independientes para tener la mayor información antes de tomar una decisión.

Los diputados de oposición solicitaron que el primer ministro declarara ante el comité; Trudeau no cedió. Sin embargo, el jueves 7, el liberal convocó a una conferencia de prensa. “Hubo una diferencia de percepciones”, dijo a los periodistas, “pero jamás hubo presiones inapropiadas”. De igual modo, negó haber evocado en su plática con Wilson-Raybould motivos electorales.

Repercusiones

El 4 de noviembre de 2015, cuando tomó posesión como primer ministro, Trudeau anunció que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de Canadá estarían encabezados por Wilson-Raybould, quien se convirtió en la primera mujer indígena en tener un puesto de tan alto nivel en la historia del país.

Ella jugó un papel fundamental en el que se considera hasta hoy el mayor logro de Trudeau: la legalización de la mariguana. La exfiscal había sido una de las figuras centrales del gobierno liberal. Por ello el supuesto trato que recibió, así como su cambio de funciones, provocaron airadas reacciones: varios líderes indígenas del país protestaron con vehemencia.

Andrew Scheer, líder del Partido Conservador, le pidió a Trudeau renunciar a su cargo y subrayó que es imposible que un primer ministro pase por encima de la ley para defender objetivos partidistas. 

Los analistas consideraron excesivas las palabras de Scheer, pero comentaron que el tema de la constructora puede convertirse en una traba para la reelección de Trudeau. Algunas cifras reflejan que el riesgo existe. El viernes 1, una encuesta de la firma Forum Research arrojó que 57% de los consultados considera que el caso SNC-Lavalin empeora su opinión sobre el primer ministro. Un sondeo de Nanos Research, hecho público el viernes 15, situó a liberales y conservadores en un empate técnico.

Maclean’s, la revista política más influyente de Canadá, dedicó su portada del primer número de marzo a Trudeau, con la fotografía del liberal y la cabeza: “El impostor”. La sensación de los periodistas de dicha publicación y de otros medios es que la imagen del primer ministro ha quedado manchada por este caso, ya que el primer ministro ha insistido en distintos momentos que su forma de gobernar obedece a altos estándares de transparencia y a un cabal respeto institucional.

Conforme pasan los días, la estrategia del primer ministro es cada vez más clara: insistir en que todo fue una “diferencia de percepciones”.

El martes 19, los diputados liberales del comité parlamentario encargado de investigar el caso, anunciaron el fin de las pesquisas. La decisión fue posible debido a que contaban con mayoría en dicho comité. “Hemos escuchado claramente que este asunto no fue más que un malentendido en las conversaciones”, expresó el diputado Randy Boissonnault a nombre de sus compañeros de partido. La respuesta de las fuerzas de oposición fue que Trudeau busca enterrar este asunto con rapidez.

Dion aún no ha entregado su informe. Hasta el momento no hay investigaciones judiciales contra Trudeau ni los miembros de su equipo, aunque un grupo de exfiscales generales pidió que se abra una pesquisa.

“Los señalados pueden recibir una amonestación pública o una sanción económica por parte del comisionado de ética. Debería darse también una investigación judicial. No sería la primera vez que un primer ministro y su círculo intervengan en un asunto, pero no debemos usarlo como pretexto para tolerar esta situación”, comenta Conacher.

Por lo pronto, Lametti tiene la facultad de intervenir para anular el juicio contra SNC-Lavalin. No obstante, cada día se antoja menos probable que lo haga, porque sería echar gasolina a una llama que el gobierno liberal busca apagar a toda costa.