Sedena y Sedatu ofrecen migajas a ejidatarios de la zona de Santa Lucía

En realidad no hubo una consulta seria entre las comunidades que serán las directamente afectadas por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, aquellas que sufrirán por la falta de agua, la saturación de vialidades o las que de plano perderán sus tierras. La consulta ciudadana del pasado octubre no las tomó en cuenta para preguntarles si estaban de acuerdo con el proyecto aeroportuario, pero el gobierno federal sí envió a sus representantes para comprar las tierras. Proceso constató que la Sedena y la Sedatu ofrecen a los ejidatarios de San Lucas Xolox mínimas cantidades por sus propiedades.

Tecámac, Edomex.- Los ejidatarios comenzaron a juntarse en la iglesia de San Lucas Xolox, Tecámac, para ir a la Casa Ejidal, donde a las 16:00 horas de ese 20 de marzo se reunirían con enviados del gobierno a fin de negociar la venta de sus tierras para el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

A cinco meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la transformación del aeropuerto militar en uno comercial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) instalaron mesas de información y negociación con los pueblos aledaños a la base de Santa Lucía, como San Lucas Xolox y San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, para adquirir terrenos ejidales.

Aunque el aeropuerto se construirá en el terreno que pertenece al Ejército, se necesitan mil hectáreas más para la zona de seguridad que exigen las normas internacionales de aeronáutica.

Encabezaron la reunión en San Lucas Xolox el teniente coronel Luis Enrique Calderón y Daniel Fajardo Ortiz, director general de Coordinación Metropolitana de la Sedatu, constató Proceso. Llegaron sin proyecto ejecutivo ni manifestación de impacto ambiental, tampoco tenían una fecha para la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la que está obligado el gobierno mexicano, pero ofrecieron a 141 ejidatarios pagarles 240 pesos por metro cuadrado.

Según ejidatarios que hablaron bajo condición de anonimato, los funcionarios les dijeron que Santa Lucía necesitaba 354 hectáreas de su pueblo. Proceso buscó la versión de la Sedatu, pero funcionarios de esa dependencia rechazaron dar una entrevista. La Sedena no respondió a la solicitud de información.

–Ustedes no tienen consulta a los pueblos originarios –reprochó un ejidatario a los funcionarios durante la reunión del 20 de marzo.

–Semarnat debería estar aquí también –señaló otro.

Los ejidatarios pidieron que mejoraran la oferta: mínimo 320 pesos por metro cuadrado.

En una reunión anterior las autoridades locales, elegidas por usos y costumbres, entregaron a los funcionarios una carta en la que solicitaban dos pozos de agua, el cambio de redes de drenaje y agua potable, rehabilitación y construcción de calles, una universidad, un auditorio, una casa de la cultura, un hospital, cancelación de minas y basureros, reforestación del cerro de la localidad y empleo de los habitantes en el nuevo proyecto aeroportuario.

“Nuestro pueblo es que de manera directa se verá afectado por la creación del nuevo aeropuerto; es por ello que se requiere tener dicha contraprestación en beneficio de nuestra sociedad”, dice la carta fechada el 12 de marzo, que tiene la firma de recibido de Fajardo Ortiz. En ella las autoridades locales recuerdan que cuando se creó la base aérea de Santa Lucía les construyeron una primaria.

San Lucas Xolox es un pueblo originario que está a espaldas de la base aérea. Desde el cerro de Xolox se puede ver la pista de 3 mil 450 metros para aeronaves militares, bordeada por el verde del paisaje. En 1952, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se le expropiaron al pueblo 724 hectáreas para construir la instalación militar. En esa época la Sedena pagó 219 mil 484 pesos como indemnización, como consta en el Diario Oficial de la Federación.

Después de más de dos horas de asamblea ese 20 de marzo, los representantes del Ejército y del gobierno federal se fueron y prometieron regresar con otra propuesta económica.

Volvieron a la semana siguiente, el 26 de marzo, pero sólo aumentaron 10 pesos a la oferta: 250 por metro cuadrado. Los 141 ejidatarios dijeron que lo pensarían, pues aseguraron que empresarios privados les ofrecían los 320 pesos que pedían. Calderón les dijo que verificaran que se tratara de empresas serias y les advirtió que las tierras no podían tener otro uso que el agrícola.

“Boom” inmobiliario

Sobre el terreno no hay rastro de maquinaria, pese a que López Obrador anunció en diciembre que los trabajos comenzarían en marzo. Personal castrense dice a Proceso que unos 500 ingenieros militares están en la base de Santa Lucía, trabajando en el diseño del proyecto aeroportuario.

Hasta ahora se conoce muy poco sobre esta obra insignia del gobierno lopezobradorista: apenas que el Ejército lo construirá y administrará y que en su honor se llamará como el militar revolucionario “General Felipe Ángeles”. Sin embargo, los municipios que limitan con la base aérea –Zumpango y Tecámac– experimentan ya el comienzo de un boom inmobiliario. 

En las bardas de diferentes puntos de Tecámac se pueden leer anuncios de venta de terrenos en los dos municipios y en internet abundan las ofertas que destacan la cercanía con Santa Lucía.

Por ejemplo, un terreno para uso comercial en Tecámac, de 39 mil 362 metros cuadrados y que fue publicado en enero, se vende en 2 mil pesos por metro cuadrado. Otro, de 5 mil hectáreas y que indica estar a un kilómetro de la base militar, es anunciado desde febrero en mil pesos el metro cuadrado.

En medio del inicio de las negociaciones para la compra de terrenos ejidales y la creciente especulación inmobiliaria está el corazón de la resistencia: los sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac, que operan desde 1951 en defensa del agua para la población y la restauración de la cuenca de México. Ellos se oponen a una mayor sobreexplotación del recurso hídrico del subsuelo.

Santa Lucía, que se ubica en lo que fue el lago de Xaltocan, enfrenta una situación crítica de agua. 

Desde 1954 se decretó veda indefinida en la cuenca de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha registrado desde 2002 un dramático déficit anual en la disponibilidad del acuífero Cuautitlán-Pachuca, al que pertenecen Zumpango y Tecámac. El último registro, de 2018, muestra que el déficit es de menos 106 millones de metros cúbicos.

“La cuenca está en una crisis hidrológica y ecológica. Eso no les vinieron a decir (la Sedena y el gobierno federal). Se ha obviado y se ha minimizado”, critica el maestro Sócrates Galicia, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en entrevista.

Ricardo Ovando Ramírez, del sistema comunitario de agua potable de la cabecera municipal de Tecámac, comenta en entrevista que ocho pueblos originarios tienen sistemas autónomos de agua que se rigen por asambleas y que no van a aceptar que se construya un aeropuerto que profundice la crisis hídrica.

“No podemos cometer el mismo error que se cometió en Atenco: una decisión presidencial, vertical, sin consulta indígena”, dice Ovando Ramírez.

El gobierno no ha informado en este caso cuándo se realizará una consulta indígena, considerada en los artículos 1 y 133 de la Constitución.

En octubre de 2018 el gobierno de transición organizó una encuesta ciudadana nacional para determinar si continuaba el proyecto del puerto aéreo en el antiguo Lago de Texcoco o en su lugar se construían dos pistas adicionales en Santa Lucía, como parte de un plan para –junto con el de Toluca– desahogar la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 

La consulta arrojó que de 1 millón 67 mil 859 participantes, 70%, se inclinó por la opción de Santa Lucía.

Pero en las comunidades afectadas apenas se instalaron casillas. Según la Sedatu, el proyecto impactará directamente a cinco municipios mexiquenses que están en un radio de 10 kilómetros alrededor de Santa Lucía: Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, además del de Tizayuca, Hidalgo. 

El día de la consulta, en Tecámac sólo se instalaron cuatro casillas; en Zumpango, dos, y en Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla ninguna. La casilla más cercana a Santa Lucía estaba a tres kilómetros. 

“Para nosotros fue una consulta de opinión porque no cumple con los estándares internacionales”, dice Ovando Ramírez. Agrega que, aunque apoyaron a San Salvador Atenco en su lucha contra el aeropuerto, con esa consulta se “condenó a Santa Lucía a recibir el proyecto”.

“La consulta (que exige la ley) no es en urnas, es en las instancias de decisiones de los pueblos, es en asambleas”, coincide José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Opacidad

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que asesorará a la Sedena en el proyecto, asegura a Proceso que apenas se realizó una parte de los estudios de la rees­tructuración del espacio aéreo por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y que se completarán con otros a cargo de NavBlue, filial de Airbus. Además, dice que la firma francesa Aeropuertos de París está desarrollando el plan maestro del aeropuerto. 

En el portal de compras gubernamentales Compranet no hay rastro de ninguno de esos contratos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dice a Proceso que la Sedena había asignado esos contratos. Durante años, el Ejército y la Marina han manejado con discrecionalidad sus gastos y contrataciones; el aeropuerto en Santa Lucía no es la excepción. 

La Secretaría de Hacienda asignó para 2019 un presupuesto de 15 mil millones de pesos a la Dirección General de Ingenieros de la Sedena para “la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria”, dentro de la partida “79902 provisiones para erogaciones especiales”, cuyo destino sólo se puede conocer una vez que el gasto haya sido ejercido.

El titular de la SCT fue cuestionado por la reportera sobre si sería tomado en cuenta el plan maestro que presentó el gobierno de transición de López Obrador, elaborado por el contratista más cercano a la administración del tabasqueño cuando fue jefe de gobierno capitalino (2000-2005), José María Riobóo. 

Su respuesta fue que no, a pesar de que el plan maestro de Riobóo, de agosto de 2018, fue la base del gobierno para asegurar la viabilidad de las operaciones simultáneas de los tres aeropuertos: el Benito Juárez, el de Toluca y el de Santa Lucía.

Ese plan maestro, con una inversión estimada de 70 mil millones de pesos, incluía una pista de 5.1 kilómetros y otra de 4.6, la construcción de un edificio terminal, torre de control, una terminal de autobuses, un edificio de aduanas, hangares, almacenes de carga aérea y un hotel de 310 habitaciones.

El plan maestro de Grupo Riobóo fue usado por el ayuntamiento de Tecámac y por el gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría Técnica, para elaborar el Proyecto de Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, Edomex, 2018, en el que alertan de la deficiencia vial, de transporte público y servicios ante la llegada de millones de pasajeros que tendría un aeropuerto internacional.

En ese estudio, el ayuntamiento también llama la atención sobre la crisis de agua en Tecámac. 

“El consumo de recursos que habrá de realizarse en la etapa de construcción y después en la operación del aeropuerto en Santa Lucía, es un punto crítico a considerar, ya que Tecámac se encuentra en una de las cuencas hídricas de mayor estrés, al punto de considerarse en veda”, señala el informe.

En la zona todo es incertidumbre. Transportistas de carga mantienen un campamento afuera de la base militar, pidiendo sus empleos de vuelta. Trabajaban en las obras del aeropuerto en Texcoco y cuando el proyecto fue cancelado quedaron desempleados. Aglutinados en la Coalición de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, los trabajadores de seis gremios –entre ellos la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores y Campesinos– aguardan a que comiencen las obras en la base aérea para ser contratados. En Texcoco trabajaron para la Sedena y empresas como Hermes e ICA.

Los integrantes de los sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac esperan que, casi por un milagro, el gobierno cancele la obra o al menos realice la consulta indígena; mientras llega ese momento alistan un foro informativo cuyo nombre es elocuente: “Tampoco Santa Lucía”. Además, participarán en foros en la Universidad Autónoma del Estado de México el próximo martes 23; y en la UNAM el 8 de mayo.

En San Lucas Xolox cada vez se convencen más de la oferta de los militares. Los empresarios que ofrecían 320 pesos por metro cuadrado no llegaron a la cita del 27 de marzo. Después de ese día, la mayoría de los ejidatarios se inclinó por vender sus tierras al Ejército.