Crisis migratoria de norte a sur

Atrapado entre las promesas de un cambio radical en su política migratoria y las presiones del presidente estadunidense Donald Trump para que contenga la oleada de solicitantes de asilo, el gobierno mexicano se enfrenta al descontrol en sus fronteras. Los activistas de derechos humanos admiten que esa situación puede deberse a que la nueva administración todavía no toma completamente las riendas, pero también sospechan que quiere dejarlos solos para que colapsen. El hecho, dicen, es que ahora se deporta a más migrantes que en el sexenio anterior. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta una doble crisis en las fronteras de México.

En el sureste, albergues y organizaciones de la sociedad civil se encuentran desbordados ante la llegada de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos, principalmente centroa­mericanos, en situación de precariedad extrema.

Los activistas en esa región fronteriza advierten que el actual “descontrol” podría desembocar en un “colapso” de la ayuda humanitaria. Señalan que, más allá del discurso de respeto a los derechos humanos que promueve el gobierno federal, se dibuja de nuevo una política “dura” de contención migratoria.

Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump aumentó su presión para obligar México a detener la migración centroamericana: en algunas ciudades fronterizas del norte, como Tijuana y Ciudad Juárez, las autoridades estadunidenses cerraron carriles en los puntos fronterizos, lo que generó filas de vehículos que tardaron hasta ocho horas para cruzar los puentes.

“Estamos en el sándwich ahorita”, confesó Tonatiuh Guillén López, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), el pasado 28 de marzo. El gobierno mexicano aseguró que su política al respecto continuará enfocada en una migración “segura, ordenada y regular”.

Sin embargo, desde principios de año las autoridades nacionales prácticamente dejaron de entregar tarjetas de visitantes por razones humanitarias –dieron 11 mil 823 en enero y apenas mil 24 en marzo–, no regularizó a más migrantes y congeló el otorgamiento de “oficios de salida” a los migrantes cubanos, haitianos y extrarregionales (africanos y asiáticos) que se encuentran varados en el sur.

Tan sólo en los primeros dos meses del año, las autoridades mexicanas detuvieron a 16 mil 611 migrantes centroamericanos y deportaron a 13 mil 643 de ellos, es decir, un promedio de 231 personas por día. Además, el INM deportó a mil 876 menores de 11 años, 25% más que el año pasado.

En marzo los agentes del INM detuvieron a 12 mil 700 personas (un aumento de 23% en comparación con febrero), según la cifra que la dependencia adelantó a Proceso y que supera las 11 mil 779 detenciones que realizó el INM en marzo de 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.

Además, el pasado jueves 4 el gobierno deportó a 71 ciudadanos haitianos a su país, una cantidad inédita en la historia reciente: el año pasado, el INM deportó a dos haitianos, quienes se sumaron a los 27 de 2017; prácticamente todos bajo el programa de retorno asistido.

A su vez, las autoridades estadunidenses reportaron que en los primeros tres meses del año más de 234 mil personas entraron a su territorio desde México, ya sea de manera irregular –alrededor de 200 mil fueron detenidas al intentarlo– o presentándose en los puntos de internación. Esto implica un incremento superior al 150% a las que ingresaron en el mismo periodo del año pasado.

Trump, quien trabaja en su reelección para 2020, aprovecha la situación fronteriza para justificar su declaración de “emergencia nacional”, que le permitiría desbloquear fondos destinados a la construcción del muro fronterizo sin pasar por el Congreso, de mayoría demócrata.

Esta crisis también le da pauta para atacar y chantajear a México desde sus redes sociales, como lo hizo durante la campaña presidencial de 2016. En las últimas dos semanas declaró que el gobierno mexicano “no hace NADA (sic) para detener los flujos migratorios”, amenazó con cerrar por completo la “maldita frontera”, imponer aranceles sobre los automóviles y cobrar una multa de 500 mil millones de dólares a México, entre otras medidas.

En sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador se negó reiteradamente a responder los insultos de Trump; prefirió subrayar su “buena relación” con el gobierno estadunidense. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, declaró el miércoles 3 que el silencio del gobierno mexicano responde a una “estrategia” para “cuidar los intereses” del país, pero no detalló en qué consiste. “Ésa va a ser la posición mexicana”, refrendó de todas formas.

Caos en el sur

Cada día miles de centroamericanos cruzan la porosa frontera sur de México. Muchos tomaron la decisión de huir de sus países en menos de 48 horas; no tienen proyecto migratorio ni de vida. Si bien entre octubre y febrero entraron 30 mil 105 personas en caravana, la enorme mayoría sigue ingresando de manera clandestina.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías, en Tapachula, ya atendió a 5 mil 900 personas en los primeros tres meses de 2019, mientras que en todo el año pasado acudieron al centro únicamente 5 mil personas. “Hoy había 200 personas en nuestra oficina, casi todas familias, muchísimos niños y niñas, y cuatro bebés recién nacidos”, dice con alarma Salvador Lacruz, coordinador de incidencia del centro.

Además de los refugiados centroamericanos, se observó un “repunte muy fuerte” de migrantes provenientes de distintos países de África y Asia, pero también de Cuba y Haití. 

En la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, cuya capacidad máxima es de 900 personas, se amontonan mil 600. “Hace falta higiene más que nunca, la alimentación es insuficiente, las enfermedades infecciosas van pululando en el interior del inmueble. Es un caos. (Las autoridades) perdieron el control de la situación, la verdad”, señala Lacruz.

El pasado 20 de marzo, el INM cerró su oficina de regularización en Tapachula después de que un grupo de cubanos entró por la fuerza a exigir “salvoconductos” para viajar al norte. Un agente resultó herido. Y el pasado viernes 5 el INM anunció que las instalaciones permanecerán cerradas otros dos meses.

Sin acceso a los servicios de regularización, grupos de migrantes salieron en pequeñas caravanas por la costa chiapaneca. Las autoridades improvisaron un campo de refugiados en el auditorio del municipio de Mapastepec, a un centenar de kilómetros de Tapachula.

Más de 2 mil personas hacinadas esperan que el INM les entregue tarjetas de visitantes por razones humanitarias, aunque la institución advirtió que sólo las proporcionará “a quien lo amerite” y después de registrar sus datos.

Una situación similar impera en Tabasco. El pasado miércoles 3, el albergue de migrantes La 72, situado en Tenosique, estaba a punto de colapsar: a lo largo del año pasado pasaron por ahí 3 mil 500 personas, y tan sólo en los primeros tres meses de 2019 sus voluntarios ya atendieron a 5 mil, entre ellas muchas mujeres y menores de edad, e incluso abuelos, todos en situación de extrema precariedad.

“Te puedo asegurar que es el mayor flujo migratorio que hemos visto en la historia de La 72”, sostiene Ramón Marqués, el director del albergue. Esa tarde sirvieron comida a 350 personas y preveían que en la noche acudirían al menos 100.

“Estamos en un momento extremadamente crítico, los voluntarios están en la urgencia todo el día. Hoy, por ejemplo, recibimos entre 80 y 100 personas”, señala en entrevista.

El activista opina que el gobierno federal desatendió el problema “para que se agoten las organizaciones de la sociedad civil, para extenuarnos”. Teme que esta ausencia provoque miedo y expresiones de rechazo hacia los migrantes en las comunidades por las que pasan.

Presión en el norte

El pasado lunes 1, el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense, encabezado por Kistjen Nielsen, desplegó a 750 agentes adicionales en la zona fronteriza con México, redujo su personal en las garitas y cerró algunos carriles de los puentes internacionales.

Eso provocó un caos en los puntos fronterizos: todavía en la tarde del viernes 5 los vehículos comerciales tardaban en promedio siete horas para cruzar la garita de San Ysidro (dos horas y media en la línea rápida), mientras que en Ciudad Juárez el tiempo promedio de espera para vehículos de carga se extendía entre tres y ocho horas en las líneas normales.

Así se concretaron en acciones las amenazas que el gobierno de Trump envió a su contraparte mexicana en las últimas dos semanas. En reiteradas ocasiones el mandatario estadunidense aseguró que cerraría por completo la frontera si México se negaba a detener la migración. 

El viernes 5 Trump viajó a Calexico, California, donde refrendó la necesidad de declarar una “emergencia nacional” y de construir el muro, pues el sistema estadunidense ya no podía atender más solicitudes de refugio.

Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos endureció el programa Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), mejor conocido como “Quédate en México” y a través del cual devuelve al otro lado de la frontera mexicana a solicitantes de asilo centroamericanos hasta que un juez de migración determine si les otorga protección internacional o no.

Desde que comenzó a aplicarse el PPM, el pasado 29 de enero, las autoridades estadunidenses ya regresaron a alrededor de mil 200 solicitantes de asilo a Tijuana y a Mexicali. El 1 de abril, Nielsen informó en un memorando que “expandirá inmediatamente” este programa a otros puntos fronterizos. Advirtió que ya no devolverán a 20 solicitantes de refugio diariamente, como actualmente, sino a “cientos de migrantes adicionales por día”. El gobierno mexicano no reaccionó.

Posturas encontradas

En diciembre pasado el gobierno de López Obrador anunció su “nueva política migratoria”, alineada al Pacto Global de la ONU para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la cual combinaría un mayor acceso a documentos para los centroamericanos con un plan de inversión en el sur de México y en Centroamérica a fin de ofrecer empleo a los migrantes y detonar el “desarrollo” de la región.

El mensaje resultó esperanzador para las organizaciones civiles, que durante el sexenio de Peña Nieto denunciaron la brutal política de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, con la que el gobierno mexicano deportó a 699 mil 497 centroamericanos. 

A tres meses de su aplicación, sin embargo, los activistas expresan sus dudas sobre los alcances de la nueva política. “Nos preocupa que dentro de la Secretaría de Gobernación hay discursos diferentes, señales contradictorias”, subraya Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras.

En entrevista con Proceso, la activista afirma que Alejandro Encinas –el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación– y Guillén defienden los principios anunciados en diciembre, pero que la secretaria Olga Sánchez Cordero adopta una línea más enfocada hacia la contención de migrantes, que ella denomina “regulación”.

Las autoridades “han generado esta confusión; desde la sociedad civil hemos pedido que se aclare y que se haga una política de Estado congruente –dice Saiz–. Vemos que sigue habiendo detenciones, poco acceso a las solicitudes de asilo y un acompañamiento hasta cierto punto de la policía, que no son completamente congruentes con los anuncios en la materia”.

En efecto, las cifras que el INM proporcionó a este semanario muestran que, entre enero y marzo de este año, el gobierno de López Obrador otorgó menos tarjetas de visitante regional y de trabajador fronterizo que el de Peña Nieto en el mismo periodo de 2018.

La administración actual se distinguió a principios de año por entregar 18 mil 271 tarjetas por razones humanitarias a los integrantes de las caravanas migrantes. Sin embargo, el pasado 12 de febrero el INM anunció el fin del “programa de tarjetas humanitarias” y dejó de otorgar ese documento. 

“No se trató de un programa, fue una acción aislada, arbitraria en cierto modo. Es lo que preocupa”, dice Saiz.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), presentada como un actor central en la gestión de la crisis migratoria, está colapsada: tiene 33 mil 650 solicitudes de refugio rezagadas y ya recibió 12 mil 716 peticiones adicionales desde principios de año. Por si fuera poco, el gobierno de López Obrador le recortó 6 millones de pesos a su presupuesto, de por sí insuficiente.

En paralelo, el INM incrementó el número de detenciones de migrantes: de 8 mil 556 en enero pasó a 12 mil 770 en marzo. 

“En la práctica se impone de momento la visión más dura”, resalta Lacruz, quien reconoce que “la administración (actual) todavía no termina de asumir el poder. A lo mejor los altos mandos del INM han cambiado, pero los operadores y los mandos medios son los de siempre, al menos en Tapachula. Tenemos cada vez más la sensación de que operan sin control. En el centro de detención es muy claro el descontrol”.

Tanto Saiz como Lacruz señalan que la situación en el sur está estrechamente vinculada a la del norte. “Nadie niega que las presiones de Estados Unidos han sido muy fuertes”, admite la primera. Lacruz, en cambio, estima que “existe una clara intención (de Sánchez Cordero) de someterse a Estados Unidos para no tener más problemas de los cotidianos”.

La secretaria Sánchez Cordero encabezó una delegación que viajó a Miami para reunirse con Nielsen el pasado 27 de marzo. Dos días después, la funcionaria mexicana anunció que se estaba organizando un grupo de hasta 20 mil personas en Honduras, con la intención de viajar a Estados Unidos en una “caravana madre”.

Nunca hubo tal caravana. El gobierno de Honduras envió una carta al gobierno mexicano en la que se quejó de las declaraciones “sin sustento” de la secretaria, las cuales “desataron un movimiento extraordinario e inesperado en redes sociales” y que podrían convertirse en “detonantes de la migración irregular”. 

Posteriormente, Guillén informó que Sánchez Cordero había tomado la información de “redes sociales”. (Con información de Javier Cruz Aguirre.)