En el limbo, la denuncia contra el general León Trauwitz

A finales de enero último, cuando estalló la crisis por el huachicoleo, Mario Ogazón –un empleado de Pemex despedido en agosto de 2016– presentó una denuncia contra el general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de la empresa, y otras nueve personas a quienes acusa de abuso de autoridad, amenazas, encubrimiento, uso indebido de facultades y atribuciones, así como de uso indebido del servicio público y los que resulten. Ogazón documenta con detalles la forma irregular en la que se condujeron León y sus colaboradores ante el problema de las tomas clandestinas de combustible.

“En lugar de crear estrategias para erradicar el mercado ilícito de combustibles líquidos, el general Eduardo León Trauwitz, junto con su equipo, creó un protocolo para mantener el conteo de tomas ilegales fuera de la estadística criminal. Ordenó que el personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) se abocara a la eliminación de tomas clandestinas (TC) sin denunciar ante el Ministerio Público.”

Esta cita se encuentra en una denuncia de hechos interpuesta el pasado 29 de enero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de León Trauwitz y nueve personas a quienes se les imputan los delitos de abuso de autoridad, amenazas, encubrimiento, uso indebido de facultades y atribuciones, así como uso indebido del servicio público y los que resulten.

El 14 de mayo de 2017 este semanario publicó que León Trauwitz fue jefe de escoltas en el Estado de México, así como de Enrique Peña Nieto y posteriormente responsable de la seguridad de Pemex para combatir la “ordeña” de combustible (Proceso 2115).

Los otros denunciados son Carlos Javier Álvarez Cárdenas, Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, Emilio Cosgaya Rodríguez, Roberto Aguilar Rubí, Francisco Casas Sánchez, Érika Yadira Sicilia García, Javier Hernández Carranco, Verulo Martínez y José Carlos Chavarría.

La denuncia de Ogazón

La querella fue presentada en la FGR por Mario Ogazón Viamonte días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que tenía conocimiento de que, además de León Trauwitz, tres militares –el teniente Wenceslao Cárdenas, el general de brigada Sócrates Alfredo Herrero y el coronel de infantería Emilio Cosgaya– que trabajaron en Pemex eran investigados por huachicoleo, pero que no existía ningún mandamiento judicial en su contra, por lo que la FGR no había solicitado ninguna orden de detención.

Bajo esta argumentación, el 24 de ­enero el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva en contra de cualquier detención, solicitada por León Trauwitz.

En su denuncia, copia de la cual fue obtenida por Proceso, Ogazón expone que ingresó a Pemex en julio de 2004 y fue adscrito a la Gerencia de Seguridad Física (GSF) en la Ciudad de México; en ella narra las irregularidades en las que se incurrieron en esa dependencia:

“De 2014 a 2016, junto con los agentes Gersom Álvarez Elvira, Jorge Téllez García, Ángel Silva Pérez, Rafael Nava González y José Luis Reyes Rendón, laboraba bajo las órdenes de Javier Hernández Carranco, superintendente general de Operaciones Zona Norte (SGOZN), me di cuenta de que a mis compañeros en lugar de comisionarlos a la custodia y patrullaje de las instalaciones de Pemex, indebidamente y sin justificación legal, Hernández Carranco les asignaba labores de chofer, bolear calzado, cocinar, lavar automóviles particulares y servir de mandaderos a él y a sus familiares.

“Los vejaba, los trataba con desprecio. Incluso al agente Silva Pérez lo lesionó en un ojo. Esta situación la informé a León Trauwitz, subdirector de Salvaguarda Estratégica, a las cinco de la tarde de un día del mes de septiembre de 2014, en las oficinas de Bahía de Ballenas, en presencia del abogado militar apodado El Borrego. Trauwitz dejó pasar esta situación, y a mí me quitaron mi equipo de trabajo y ordenó que no desempeñara ningún servicio ni función administrativa durante seis meses.”

Ello consta en el oficio DCAS-SSF-GSF-SGOZN-259-2015, integrado a la querella.

Después de ese tiempo, señala, Hernández Carranco dispuso que don Mario formara parte del personal del Departamento Cadereyta; sin embargo, una vez allí, ante las conductas “arbitrarias” de su jefe, formuló una serie de denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex, las cuales constan en el expediente 2014/PEMEX/DE354 y su acumulado 2015/PEMEX/QU7.

“Las denuncias –según el querellante– fueron del conocimiento y toleradas por León Trauwitz, Emilio Cosgaya, Casas Sánchez, Roberto Aguilar Rubí (quien en esa fecha fungía como gerente de Gestión Técnica de Salvaguarda Estratégica), ya que durante una investigación que realicé a la GSF Cadereyta, a cargo de Verulo Martínez, detecté graves abusos que personalmente notifiqué a Hernández Carranco, ya que la disminución del personal que tenía comisionado, le restaba un número considerable de empleados al departamento para la vigilancia y patrullaje de los poliductos de Pemex, sin que se haya adoptado alguna medida para reestablecer el orden.”

Con relación a las listas de asistencia, Ogazón denunció que el personal a cargo de Hernández Carranco fue contratado para desempeñar una jornada diurna de ocho horas, pero en realidad era de 15. “Y cuando se custodia una TC –expuso Ogazón– se acumulan más de 24 horas de excedente; los trabajadores son obligados a laborar, primero por Verulo Martínez y después por José Carlos Sánchez Echavarría, bajo la amenaza de rescindir su contrato, cambiarlos de área o perder prestaciones si se niegan”.

Agregó que, de acuerdo a los numerales 58 y 59 del reglamento del personal de Pemex y organismos subsidiarios, a ­partir de septiembre de 2015, de forma ­individual o en compañía de integrantes de los departamentos GSF, principalmente de Cadereyta, “los empleados han sido movidos temporalmente a la Ciudad de México, Tampico y Reynosa, Tamaulipas; San Juan del Río, Querétaro; San Martín Texmelucan, Puebla, y Monclova, Coahuila”.

Ello se hizo, expuso el denunciante, “con el fin de brindar apoyo en actividades relacionadas con la prevención del robo de hidrocarburos, mediante la vigilancia y seguridad en el derecho de vía (DDV) de los poliductos de Pemex, sin que la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) emitiera… el oficio de comisión que refiere la temporalidad, lugar de la movilización, adscripción, medio de transporte, mando temporal y armamento de cargo. Además de que no recibieron viáticos por la comisión”.

Agregó: “Al no contar con viáticos para cubrir transporte, alojamiento y comida, la SSE ordenó que durante la comisión de San Juan del Río, Querétaro, el personal se alojara en las instalaciones del Cuartel Militar del Séptimo Regimiento Mecanizado, localizado en la exhacienda La Llave. La comisión de San Martín Texmelucan, Puebla, se alojó en una instalación de Pemex fuera de servicio y para la de Ciudad de México, se dispuso que podían utilizar carpas a suelo raso del patio del departamento GSF Valle de México; mientras que en Monclova, Coahuila, fue y sigue siendo, en dos cuartos y un baño de uso común de la TAD de Pemex”.

Las irregularidades

Mario Ogazón señaló que compañeros del departamento de Cadereyta, como Juan Galván Sánchez, Uriel Gustavo Ángeles Hernández, Eliseo Lara Cortez, Antonio García Fuentes, Ángel Silva Pérez, Luis Manuel Díaz Paniagua, José Pablo Vázquez Santamaría, José Guadalupe Cabrera Ruiz, Gerardo Guillermo Quiroz e Iván Rivas Ramírez –con quienes salía de comisión– le comentaron que las movilizaciones se habían hecho sin el oficio de comisión correspondiente y que no les reembolsaban sus viáticos. 

Cuando reclamaron, los superintendentes regionales y jefes de departamentos –según expuso Ogazón en su denuncia– les dijeron que podían perder su empleo si hacían público su caso. Aguilar Rubí, quien se desempeñó como gerente de Gestión Técnica de Salvaguarda Estratégica, y Érika Yadira Sicilia Falcón, quien lo relevó en el cargo, eran los responsables directos de gestionar el pago, comentó.

“De todo ello fue notificado León Trauwitz, quien lejos de crear estrategias para mejorar las condiciones de seguridad tanto de las instalaciones como del personal, así como para erradicar el mercado ilícito de combustibles líquidos, junto con el personal que trajo de la Sedena, crearon un protocolo para mantener el conteo de tomas clandestinas fuera de la estadística criminal y desde el alto mando se ordenó que el personal de Seguridad  Física se abocara a la eliminación de tomas clandestinas y, consecuentemente, a mantener en secreto la operación.

“Por lo cual, se ordenó no denunciar la comisión del delito ante el Ministerio Público, con la consecuencia ilegal de que no se investigue, procese, castigue, rehabilite a las personas que violan la ley.”

También expuso que se realizaron varias juntas de trabajo en oficinas en México de la SSE, con la asistencia de los jefes del departamento de Seguridad Física, donde León Trauwitz, Emilio Cosgaya Rodríguez, Roberto Aguilar Rubí, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, Francisco Casas Sánchez, Marcelino Mesinas García, Mario Ayala López, Cuauhtémoc Ramírez Toledo, Javier Hernández Carranco, Estanislao Bautista Gordillo y Sabino Reducindo Ramírez, entre otros, crearon los lineamientos a que debía sujetarse el personal de Seguridad Física para eliminar las TC que “descubrieran al paso de su patrullaje, ­debiendo mantenerlas en secreto”.

A sabiendas de que el desmantelamiento de TC implica conocimientos técnicos y los trabajadores necesitaban herramientas, equipo y vestuario profesional, así como apoyo contra incendios, los directivos enviaban a agentes de seguridad física carentes de ello para enfrentar el riesgo que implica el manejo de hidrocarburos líquidos con nivel tres de flotabilidad –que desde menos 40 grados centígrados producen vapores que prenden con facilidad–, según Ogazón.

“Además de que –puntualizó– el manejo de gasolina en estas condiciones puede provocar una explosión letal, y por lo que hace a la salud del trabajador el daño puede ocasionar inflamación pulmonar o incluso la muerte.”

Por órdenes de la SSE, añadió, los jefes de cada departamento designaron personal para acudir a las oficinas de la Ciudad de México (de Cadereyta asistieron Juan Galván Sánchez, Mario Díaz Ramírez, Juan Manuel Camacho Estrada y Ángel Silva), a quienes mediante simuladores de una toma instalada en un pedazo de tubo, se ilustró la forma de cómo debía llevarse a cabo la eliminación del artefacto, “estableciendo que al paso del tiempo el nombre del plan se cambiara de nombre para evitar sospecha, como ‘Casamata’, ‘Protocolo’ o ‘Chequeo’, y se dotó a cada departamento de la herramienta necesaria para el trabajo: pala, pico, cizalla, arco con segueta, llave estilson, desarmador y polvo químico o cemento, obligando al personal a adquirir el equipo conforme se desgastaba”.

Según él, Verulo Martínez y Juan Carlos Echavarría participaban directamente de la eliminación de las TC.

La sordera de los directivos

Al detectar indicios de la existencia de una TC no confirmada por el sector ductos de Pemex, según el protocolo oficial debería hacerse la denuncia correspondiente y desmantelarla.

Sin embargo, puntualiza el querellante, esos trabajos son rudimentarios, pues los empleados excavan sobre el lomo del ducto con pala y pico, usan una llave tipo perico para quitar el mineral de la válvula, cortan el vástago y la válvula con la cizalla y cubren la toma con polvo químico o cemento entubado en un balde como tapón que se mimetiza con el suelo para evitar dejar evidencias del desmantelamiento.

De nada servían las inconformidades, expuso Ogazón, y contó que un compañero, Rosario Sastre Márquez, “sufrió quemaduras en los pies por derrame de combustible al desmantelar una TC”.

Mencionó también que el material utilizado en esas faenas como mangueras, herramienta, cubitanques, bidones y recipientes, hidrocarburo, máquinas de soldar y lonas recogidas en el lugar de desmantelamiento de las tomas se almacenaban en el departamento, lo que es “ilegal”. 

Afirma que de ello informó a Sócrates Alfredo Herrera Pegueros y a Javier Hernández Carranco, y durante la comisión de San Martín Texmelucan lo hizo ante el mayor Casas Sánchez.

Declaró Ogazón: “Sé que los agentes Camacho Estrada , de Cadereyta, Antonio Palomares Molar, de Tampico, junto con otros trabajadores forman o formaron un grupo designado a desmantelar las TC, quienes reportaban directamente a GSF a través de Cosgaya Rodríguez, Casas Sánchez y a últimas fechas a Herrera Pegueros. 

“Participé y tuve conocimiento de que personal del departamento GSF ­Cadereyta detectó y desmanteló un sinnúmero de tomas clandestinas que la jefatura del departamento tenía en una lista y reportaba a la SSE.”

En la copia de esa lista, obtenida por Proceso, aparece que el 10 de febrero de 2017 en Los Ramones, Nuevo león, se informó a departamento de una TC y al día siguiente acudieron Sánchez Echavarría, Gersom Álvarez Elvira y Alejandro García Aguilar para desmantelarla. 

Un mes antes, en el municipio de Mina, en ese estado, Sánchez Echavarría ordenó que el agente Luis Manuel Díaz Paniagua, responsable del servicio, hiciera el desmantelamiento.

En otro oficio contenido en la denuncia, fechado el 16 de agosto de 2016, Ogazón pidió a Verulo Martínez el trámite de una audiencia con el director de Pemex para informarle sobre “el cúmulo de violaciones legales y amenazas cumplidas”. Martínez le dijo que la solicitara al general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, subgerente de la Región Noreste de Pemex.

En lugar de concederle la fecha de audiencia, al día siguiente le rescindieron el contrato, privándolo del derecho a su pensión, concluye el denunciante, quien tiene 74 años.

El miércoles 10, cerca del mediodía, León Trauwitz llegó al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Iba a la audiencia inicial en la que, junto con una veintena de funcionarios de Pemex, es imputado por la FGR por su presunta responsabilidad en el robo de combustible. Horas después, le notificaron que el encuentro se difirió para el 17 de mayo.