Glencore, una trasnacional de negro pasado apoyada por AMLO

Al conglomerado trasnacional Glencore, cuya matriz se encuentra en Suiza, se le acusa en varios países de evasión fiscal y daños socioambientales. Aun así, en México esa firma de negra fama tiene “licencia social para operar” y en la administración de Andrés Manuel López Obrador se agenció ya 12 contratos por casi 10 mil millones de dólares para, junto con su socio G500, operar y abastecer a 320 gasolinerías en el país, con la posibilidad de que el número de expendios se duplique este año. Para lograrlo, contó con el apoyo de Alberto Olimón Salgado, un exfuncionario inhabilitado en 2011 por vender gasolina cóquer.

Gracias a los 12 contratos que por 9 mil 800 millones de pesos le otorgó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gigante trasnacional Glencore se convirtió en uno de los principales proveedores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; además reforzó su presencia en el sector energético mexicano, del que se benefició con la reforma energética implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2017, la trasnacional basada en Suiza –que arrastra un amplio historial de corrupción, evasión fiscal y daños socioambientales en el mundo– se asoció con el consorcio gasolinero Corporación G500, presidido por Antonio Caballero y Fernández para, juntos, operar y abastecer a 320 gasolinerías en el país. Su proyecto incluye la apertura de otras 320 este año.

Para instalarse en el jugoso mercado de los combustibles en México, Glencore contó con la ayuda de un especialista en la materia: Alberto Olimón Salgado, quien fue subdirector comercial de Gasolinas y Componentes en PMI Comercio Internacional, una de las empresas offshore de Pemex que sirve de brazo comercial de la dependencia en el ámbito internacional.

El 31 de mayo de 2017 Glencore concretó su asociación con el grupo Corporación G500. Ese día, ambas empresas incorporaron, a partes iguales, dos sociedades en la Ciudad de México: G500 Network y G500 Service Stations. En los dos consejos de administración figuraba Olimón como consejero, de acuerdo con las actas constitutivas de ambas firmas consultadas por Proceso en el Registro Público del Comercio (RPC).

Olimón es uno de los cuatro altos exdirectivos de PMI Comercio Internacional que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó en octubre de 2011 por vender gasolina cóquer a “dos de las empresas de comercio de hidrocarburos más grandes del mundo” –Trafigura y Gunvor– a un precio muy inferior al del mercado.

La SFP determinó que el desfalco a Pemex se elevó a más de 26 millones de dólares y castigó a los cuatro inculpados, entre ellos a María del Rocío Cárdenas Zubieta, entonces directora general de PMI Comercio Internacional; para Olimón fue una inhabilitación de 10 años y una multa de 170 millones 683 mil pesos.

Tras la reforma energética peñanietista, Pemex perdió el monopolio sobre la gasolina, lo que permitió a Glencore convertirse en una de las primeras importadoras de combustible del país, para lo cual erigió una terminal de almacenamiento en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, donde el gobierno de López Obrador pretende construir su polémico proyecto de refinería. El combustible se distribuye posteriormente a las gasolinerías que opera su socia G500.

En agosto de 2017, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, asistió a la inauguración de la primera estación de servicio de G500 en alianza con Glencore. En esa ocasión el funcionario presumió las bondades de la reforma energética y se jactó de que la dependencia a su cargo había otorgado cerca de 600 permisos para la importación de gasolina y diésel.

Joaquín Coldwell también era conocedor del negocio, pues él mismo y su familia controlan cuatro empresas gasolineras en Cozumel y una terminal de almacenamiento de combustible de Pemex.

El martes 9 de abril, la CFE anunció que Glencore ganó las 12 subastas para abastecer con 4 millones 94 mil toneladas de carbón a la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco, el municipio guerrerense que colinda con el puerto de Lázaro Cárdenas, en el vecino estado de Michoacán. Las 12 partidas sumaron más de 520 millones de dólares, y las entregas se harán entre mayo y diciembre de este año.

La trasnacional ya era proveedora de carbón mineral térmico de la CFE, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto le otorgó dos contratos –en julio de 2013 y en octubre de 2014– por un total de 267 millones de dólares, equivalente a 3 mil 700 millones de pesos, de acuerdo con las tasas de cambio de aquellas fechas. El contrato más importante, por 261 millones de dólares, establecía la entrega de 3 millones 380 mil toneladas de carbón. 

En un boletín, la empresa dirigida por el expriista Manuel Bartlett –quien hoy está al frente de la CFE– aseveró que, con esta compra, la planta de Petacalco “podrá generar más de 518 mil MW adicionales, lo que representa un ingreso para la empresa superior a los mil millones de pesos”.

Negocios extractivos

Glencore construyó un imperio financiero sobre la extracción de recursos naturales y su comercialización en los mercados globales. 

El grupo que preside el sudafricano-suizo Ivan Glasenberg acarrea un largo historial de corrupción, evasión fiscal, despojos de tierras de comunidades indígenas, violaciones a los derechos humanos y devastación ambiental, que acumuló en sus más de 40 años de operación.

Se ostenta como “una de las mayores compañías de materias primas” del planeta, y sus negocios abarcan los sectores minero, energético y agrícola –incluidos los transgénicos– generaron cerca de 16 mil millones de dólares de ganancias el año pasado, de los cuales repartió 3 mil 408 millones de dólares entre sus accionistas.

La trasnacional, cuya matriz está en el municipio de Baar, en Suiza, pero enlistada en la bolsa de Londres, opera en 50 países y es uno de los “productores y exportadores globales más importantes de carbón”, que extrae de minas en Colombia, Suráfrica y Australia. El año pasado, 18 personas murieron en minas de Glencore, según los datos de la propia empresa.

Su fundador Marc Rich fue durante dos décadas uno de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigación (FBI), que le imputaba 65 cargos, entre ellos el de fraude, evasión fiscal, extorsión y el de violar el embargo contra Irán. Eso lo obligó a establecerse en Suiza. 

En su propio informe financiero anual de 2018, publicado el pasado 1 de marzo, Glencore admitió que se encuentra bajo investigación en Brasil, en el marco de la investigación Lava Jato. La fiscalía determinó que Glencore, junto con las trasnacionales Trafigura y Vitol, pagaron más de 30 millones de dólares de sobornos a empleados de la petrolera estatal Petrobras.

En el mismo documento, Glencore admitió que las autoridades chinas abrieron una investigación el año pasado sobre unos cargamentos de residuos de plomo mal reportados ante las instancias aduaneras; en mayo de 2018, dos ejecutivos de Glencore fueron detenidos en el país asiático.

En julio pasado, el Departamento de Justicia estadunidense abrió una investigación sobre unas compañías intermedias con las que Glencore hizo negocios para desarrollar sus actividades mineras y petroleras en la República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria desde 2007. La justicia de Estados Unidos sospecha que las intermediarias lavaron dinero e incurrieron en prácticas de corrupción.

Y no sólo eso: la investigación periodística global Paradise Papers –que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que Proceso participó– reveló que Glencore contrató a Dan Gertler, un oscuro multimillonario israelí que comercializa diamantes, para negociar con el gobierno congolés la apertura de una mina de cobre.

A través del despacho Appleby, establecido en el paraíso fiscal de las Bermudas, Glencore entregó 45 millones de dólares a una sociedad offshore de Gertler, al que había contratado para asegurar el contrato con la empresa minera paraestatal congolesa en la provincia de Katanga.

Gertler fue señalado en una investigación de la ONU de 2001, según la cual el empresario israelí regaló 20 millones de dólares a Joseph Kabila –quien fungió como presidente congolés entre 2001 y enero de 2019– para la compra de armas, a cambio de obtener un monopolio sobre la extracción de diamantes en el país.

En su informe anual, Glencore también admitió que la Comisión de Seguridad de Ontario –la bolsa de valores canadiense– multó por 30 millones de dólares a una filial de Glencore que opera minas en la DRC tras descubrir que mintió en sus informes financieros y no adoptó medidas para mitigar los riesgos de corrupción; la BBC de Londres, por su parte, reportó que Glencore recibió cobre congolés extraído por niños y que descargó residuos altamente tóxicos en el río Luilu.

Una empresa de mala imagen 

Una investigación publicada por The Guardian el pasado 9 de marzo reveló que Glencore operó una millonaria campaña internacional encubierta, llamada “Proyecto César”, para promover la industria del carbón –una de las fuentes de energía más contaminantes–, criticar las energías renovables y atacar a las organizaciones y activistas defensores del medio ambiente.

En Colombia, un grupo de abogados y activistas descubrieron que, en 2012, Glencore pagaba en impuestos el equivalente a 2% de las ganancias que saca de su mina de carbón, aunque en sus informes aseguraba que desembolsaba 30%. En el sector minero, las regalías se destinan a resarcir los daños socioambientales en las comunidades afectadas.

La empresa se volvió experta en las estrategias fiscales agresivas para evadir el pago de impuestos. En abril de 2011, cinco organizaciones europeas interpusieron una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para señalar que la empresa evadió 88 millones de dólares de impuestos anuales en Zambia.

En 2015, la justicia de ese país descubrió que el gobierno había otorgado una rebaja fiscal indebida a la filial minera de Glencore, e impuso a la empresa y tres exfuncionarios –entre ellos el exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez– una multa de 19 millones de dólares.

Todavía en Colombia, la empresa reconoció que sus actividades provocaron desplazamientos forzados –admitió que reubicó a 98 familias–, y recibió más de 60 quejas y sanciones laborales por acciones de persecución contra líderes sindicales. De acuerdo con medios colombianos, la empresa incluso dejaba durante horas a sus trabajadores sindicalizados en un contenedor sin ventilación, al que llamaba “Guantánamo”.

En Perú, sus actividades mineras en la provincia de Espinar provocaron afectaciones a la salud de las comunidades aledañas, en cuya sangre las autoridades de Salud encontraron arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) detectó en los ríos de la zona.

En su informe anual, la empresa reconoció que tiene una mala imagen en materia de derechos humanos o ambiental. Su pesar, sin embargo, se limita en que esta mala imagen podría perjudicar sus negocios.

“La percepción de que no respetamos los derechos humanos o que no generamos beneficios para las comunidades podría tener un impacto sobre nuestra ‘licencia social para operar’, nuestra posibilidad de asegurarnos el acceso a nuevos recursos y nuestros rendimientos financieros”, planteó.

Y añadió: “Eventos locales pueden escalar a disputas con gobiernos regionales y nacionales, así como con socios, lo que podría resultar en un daño reputacional e inestabilidad social, lo que podría afectar el valor percibido y real de nuestros bienes”.