“Todo estaba pactado” entre México y Chile

GUANAJUATO, GTO.- “Es más que obvio que hubo un acuerdo entre gobiernos (el de Chile y el de México) al final del sexenio de Enrique Peña Nieto para entregarles a Raúl Julio Escobar”, sostiene el abogado Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, defensor del Comandante Emilio en el juicio de amparo que actualmente lleva ante la justicia federal mexicana para impedir que se cumpla el acuerdo para extraditar a su cliente a fin de que se le juzgue y sentencie en su país por “acto terrorista con resultado de homicidio”. 

 “Todo estaba pactado. Ahora tenemos la posibilidad de que México niegue su extradición y cumpla con su obligación de prevenir futuras violaciones a sus derechos humanos, pues es totalmente posible que eso ocurra en Chile”, advierte.

El amparo solicitado por Escobar parte de dos circunstancias que, según el abogado, evidencian cómo “todo fue preparado” para que el gobierno de Peña Nieto entregara a Raúl al gobierno chileno:

El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Luis Joel Escalante Pavia presidió una audiencia en la que comparecieron representantes de la entonces PGR, quienes presentaron la solicitud de extradición hecha por el gobierno chileno, así como los defensores de Escobar, quien sólo pudo hablar mediante un enlace de videoconferencia desde el Cefereso de Ocampo para plantear al juez su solicitud de asilo dirigida al gobierno mexicano, que fue ignorada.

La opinión jurídica a favor de la extradición, remitida por el juez a la cancillería mexicana, quedó fechada el 25 de noviembre de 2018, el mismo día en que la dependencia emitió el acuerdo de extradición, un documento de más de 100 páginas.

“A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Peña Nieto tenía listo el mismo día el acuerdo de extradición, para el que debía de tener la opinión jurídica. Además, la Ley de Extradición dice que el Ejecutivo tiene un plazo de 20 días para estudiar la opinión jurídica, valorar si coincide o no con ella y emitir el acuerdo… pero no hubo estudio, no se esperaron ni un día; lo tenían todo preparado”, señala el abogado.

Luego –según narró el propio Escobar a Proceso en una carta–, las autoridades del Cefereso de Ocampo impidieron a sus defensores tener acceso al documento de notificación que le entregaron los representantes de la cancillería el 26 de noviembre, con un plazo de 30 días para interponer el amparo.

Dice Escobar: “Hasta el 24 de enero de 2018 en la audiencia (del juicio por la acusación de secuestro de la que se dice inocente) mi abogado me informó que el documento de la SRE ‘no lo encuentran’ en la oficialía de partes (del Cefereso)”.

Aún sin la notificación, la defensa del exguerrillero interpuso un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito, donde fue admitido. Sin embargo, como ocurre con la audiencia de juicio por secuestro, que se ha alargado por innumerables inconvenientes –entre éstos que las autoridades del propio Cefereso se negaron a trasladar a Escobar a tiempo para el inicio de la etapa de juicio y fueron hasta apercibidos por el tribunal–, en el caso del juicio de amparo contra la extradición las cosas también se le han complicado al acusado.

Pruebas desechadas

El abogado Maximiliano Santiago tuvo que interponer un recurso de queja (50/2019) en contra del juez séptimo de distrito, puesto que éste, afirma, se negó a admitir un paquete de pruebas en favor del chileno.

Ese recurso fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal el pasado 25 de marzo, por lo que el tribunal revisará y resolverá sobre las pruebas que el propio abogado detalla:

“El juez que aconsejó la extradición no realizó un control de convencionalidad, que implica contemplar en su estudio todos los tratados, acuerdos y convenios que México ha firmado en materia de extradición y ­derechos humanos. Solamente tomó en cuenta el acuerdo bilateral entre México y Chile en el tema.”

La figura de extradición, explica, ha evolucionado conforme a la doctrina internacional. “Anteriormente –dice– se evaluaba en términos de relaciones internacionales, por lo que era procedente concederla cuando se cumplieran los requisitos que se establecieran en el tratado de extradición respectivo. 

“Sin embargo, a partir del reconocimiento en el derecho internacional del individuo como sujeto de derecho –y no como objeto de las relaciones entre los Estados–, resulta necesario ponderar el proceso de extradición no sólo desde los tratados de extradición, sino también desde aquellos derechos humanos previstos en cualquier tratado internacional, sea cual sea su denominación o la materia que regule; es decir, a la luz de la totalidad del cuerpo de normas internacionales de derechos humanos.”

De tal suerte, añade el defensor de ­Escobar, dentro de un procedimiento de extradición se involucran derechos y valores que deben ser plenamente tutelados, como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso, la adecuada tutela judicial efectiva, la permanencia en otro país y, en general, la dignidad de todas las personas.

Esto implica que en este proceso de extradición, que no ha concluido, “el Estado mexicano deberá cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, puesto que, en tanto una vez que Raúl Escobar Poblete sea entregado al país solicitante, México no tendrá jurisdicción para hacer valer los derechos de dicha persona, y el deber de protección de derechos humanos constituye un deber de prevención”.

Los argumentos de “Emilio”

El contexto histórico del propio Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del que Escobar formó parte antes de ocultarse en México por más de 20 años bajo el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia, es uno de los elementos que la defensa pide analizar en el juicio de amparo promovido en contra del acuerdo de extradición.

“Hay un derecho reconocido a la resistencia, se legitima un levantamiento de armas por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en contra de un régimen autoritario y totalitario caracterizado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en los años de 1973 al 1990; la respuesta del régimen fue la persecución política en contra de las y los disidentes políticos”, señala el abogado.

Al recibir estos elementos, dice el abogado, el juez séptimo de Distrito los desechó porque “en su opinión no tienen relación con el proceso. Ahora un tribunal colegiado los conocerá y revisará. Raúl es un perseguido político; el Frente tenía el apoyo de la población chilena y su propósito no era causar terror en la sociedad, sino derrocar a Pinochet. El gobierno chileno no garantiza que respetará sus derechos y México debe reconocerlo”.

O como lo escribió el propio Escobar en una de sus cartas dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador:

“Les recuerdo que la ultraderecha en Chile está de regreso al poder, son los mismos que le crearon la Constitución a Pinochet; son los mismos que crearon la figura de ‘senador vitalicio’ a Pinochet, convirtiendo a un asesino en intocable. Son los mismos que jamás han dicho nada de los crímenes de la dictadura, por la simple razón de que sería acusarse a ellos mismos de la muerte del presidente (Salvador) Allende, de la muerte del general (René) Schneider, de la muerte del ministro de Defensa Carlos Prats, de la muerte del canciller Orlando Letelier, de la muerte de miles de chilenos inocentes, y con todo descaro, y con una falta de vergüenza absoluta, quieren ‘hacer justicia’ pidiendo mi extradición, cuando lo único que hacen es una parodia burda de actuar con legalidad. Es una paradoja.”