Reflexiones sobre la educación especial como reto del Legislativo

Señor director:

Pese a que no estamos frente a la situación óptima en materia de educación para personas con discapacidad, que el Legislativo Federal incluya en el Artículo tercero el concepto de Educación Especial significa un pequeño avance para que este sector de la población ejerza su derecho a la educación. 

Sin embargo, el error de vincular la noción de inclusión sólo con la Educación Especial sigue presente, pues esta implica una perspectiva más amplia con la que se pretende que diversas poblaciones reciban educación impartida por el Estado.

En los últimos 15 años aproximadamente, el concepto de educación inclusiva ha evolucionado hacia la idea de que todos los niños y jóvenes, no obstante, las diversidades culturales, sociales y de aprendizaje, deberían tener oportunidades de aprendizaje equivalentes en todos los tipos de escuelas. La creación de entornos inclusivos implica:

a) El respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural, social e individual;

b) el acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad, y

c) la estrecha coordinación con otras políticas sociales. 

Paradójicamente, como lo dirían Echeita y Ainscow (2011, p. 24), no se entiende por inclusión el abordar aspectos educativos relacionados con el género o la pertenencia étnica; particularidades que cuando son trabajadas en debates y reuniones, jornadas o congresos, son conceptualizadas como igualdad de género, educación intercultural, o educación antidiscriminatoria, pero no como educación inclusiva.

El concepto de Educación Inclusiva tiene muchos significados y lecturas, algunas de ellas complementarias entre sí, pero también otras reduccionistas que no compartimos; por ejemplo: cuando se la identifica con la Educación Especial o solamente con la preocupación por determinados alumnos y alumnas en mayor riesgo de exclusión (Consorcio para la Educación Inclusiva, 2015).

Pese a lo anterior, organizaciones y AC’s vinculados a personas con discapacidad intentan promover la desaparición de la Educación Especial, retomando a modo algunos conceptos y fragmentos legales. Por ejemplo, los de diseño universal y de los ajustes razonables.

De acuerdo con la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten (CDPD, ART 2, 2007).

Por “ajustes razonables”, se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida (las negritas casi siempre las omiten en sus textos), cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (CDPD, ART 2, 2007).

De esto último cabe preguntar:

¿Qué va a suceder cuando las modificaciones y adaptaciones necesarias en casos particulares requieran un gasto mayor?

La condicional en la definición, indica que las adecuaciones se realizarán cuando no impongan una carga desproporcionada o indebida, como si reconociera de manera implícita que existen dos tipos de personas con discapacidad: Las que merecen recibir las modificaciones y adaptaciones y las que no son meritorias de hacerlo.

Señalamos que la pretensión de fondo es la de convertir a la Educación Especial de un bien público en un servicio privado, pues no es coincidencia, que, en reuniones con el Secretario de Educación, junto a organizaciones que llevan la agenda de inclusión, tenga presencia y participación el presidente de la Concamin.

Finalmente, que la Educación Especial cobre rango constitucional, representa la gran voluntad política por no ampliar las brechas de desigualdad en nuestro país, y a su vez, representa el compromiso público por no permitir que esta población se encuentre en la necesidad de acudir a la iniciativa privada para pagar por servicios. 

Hasta hoy, la modalidad de Educación Especial había sido mencionada y explicada brevemente en los artículos 39 y 41 de la Ley General de Educación; sin embargo, nos encontramos ante la primera posibilidad de que sea incorporada como parte de la filosofía educativa de nuestro sistema. (Carta resumida).

Víctor Santos Catalán

Maestro en Desarrollo Educativo
por la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN). Integrante del colectivo
Educación Especial Hoy.